El Gobierno nacional anunció este martes cambios en el régimen migratorio que suponen el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, y el endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó: "El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar". 

Con este fin, anunció que “en primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmando que representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio.

Al respecto, el mismo martes el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, desestimó en diálogo con la prensa la hipótesis de extranjeros no residentes estudiando en las facultades públicas, añadiendo que los dichos de Adorni son “totalmente impracticables” ya que “van en contra de la ley de Educación Superior, que es clara y explícita” y establece la gratuidad.

No obstante, el avance no se limitó al ámbito de la educación, sino que también se extendió a la salud, ya que el Poder Ejecutivo también dispondrá el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.

Al respecto, Adorni citó el caso de Salta, donde aseguró que, “desde que se tomó esta medida, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos” y remarcó que “esto implica, no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país”.

En esa misma línea, apelando a discursos presentes en el imaginario de buena parte de la sociedad, sentenció: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”.

El presidente Javier Milei busca consolidar su imagen apoyándose en discursos sociales anti inmigración sedimentados por años en amplias esferas de la sociedad. Un nuevo movimiento del orden de la “batalla cultural” que tanto pondera el mandatario y sus seguidores.

“Vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país” pic.twitter.com/G16GoWd2ih

— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 3, 2024

Otra de las variables que busca modificar la gestión libertaria es la expulsión de personas con otras nacionalidades que cometen delitos en el territorio argentino, o el impedimento de ingresar al país según los prontuarios que carguen.

Adorni precisó que se incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.

“Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, advirtió el vocero, agregando: “Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio”.

El funcionario aseguró además que se incorporará una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país.