VIALIDAD
En una reciente conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, introdujo un tema que promete generar un intenso debate político y social: el proyecto de ley que busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y su sistema de financiamiento. Este anuncio, que se presenta como una medida de austeridad y eficiencia, invita a reflexionar sobre su impacto en el desarrollo democrático de la Argentina.
Desde su creación en 2009, las PASO fueron usadas para dirimir cargos nacionales y sirven para definir dentro de cada espacio político las listas de diputados y senadores y/o las fórmulas presidenciales para las elecciones generales, aunque en muchos casos no haya competencia interna.
En ese sentido, las PASO son un mecanismo defendido para democratizar las candidaturas internas de los partidos y garantizar una mayor participación ciudadana en la construcción de opciones electorales. Sin embargo, la administración del presidente Javier Milei cuestiona su eficacia, describiéndolas como una carga económica y un instrumento de desgaste político.
Por otra parte, la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, promulgada en enero de 2007, establece que el Estado nacional debe distribuir dinero de forma equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas. Para las actividades de campaña, los fondos públicos se distribuyen con dos criterios: la mitad se reparte entre todos los frentes de forma equitativa y la otra mitad se asigna de acuerdo a los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría.
Además, existen los aportes privados, que también tienen límites y topes. Cabe recordar que en las elecciones de 2023, el monto máximo de aportes por persona humana o jurídica fue de 20 millones de pesos en las primarias, de 40 millones en las generales y de 20 millones en la segunda vuelta.
Veamos cómo se puede estructurar el debate de esta iniciativa del Gobierno.
¿Qué se gana con esta reforma?
Austeridad fiscal y eficiencia electoral: la eliminación de las PASO promete un ahorro significativo para el Estado, que en 2023 destinó 45.445 millones de pesos al sistema. En un contexto de crisis económica, este argumento tiene un peso considerable, ya que permitiría reasignar recursos a otras prioridades sociales.
Mayor representatividad y fortalecimiento de partidos: al exigir mayor cantidad de afiliados y presencia territorial para los partidos políticos, la reforma busca combatir los “sellos de goma”, que solo funcionan como vehículos electorales. Este cambio podría consolidar organizaciones políticas más serias y representativas.
Transparencia en el financiamiento: la modificación del sistema de financiamiento, incluido el aumento de topes para aportes privados y la eliminación del financiamiento público en campañas, pretende reducir la dependencia estatal y promover un manejo más transparente de los recursos partidarios.
¿Qué se pierde?
Reducción de la participación ciudadana: las PASO son una herramienta para involucrar a la ciudadanía en la definición de candidaturas, incluso más allá de las estructuras partidarias. Su eliminación podría disminuir la participación democrática y concentrar el poder en las cúpulas partidarias.
Riesgo de exclusión de partidos emergentes: las nuevas exigencias para los partidos políticos podrían dificultar la supervivencia de agrupaciones pequeñas o regionales, limitando la pluralidad en la oferta electoral y favoreciendo a los partidos tradicionales.
Privatización del financiamiento electoral: el aumento de los aportes privados y la reducción del financiamiento público podrían abrir la puerta a una mayor influencia de sectores económicos en la política, debilitando la equidad entre candidatos y fomentando posibles conflictos de intereses.
La reforma propuesta por el gobierno de Milei plantea una visión más pragmática y austera de los procesos electorales, alineada con su discurso de eficiencia y liberalismo económico. Sin embargo, no está exenta de riesgos que podrían debilitar los fundamentos democráticos, como la participación, la igualdad de oportunidades y la diversidad política.
Un debate necesario para el futuro de la democracia
Si bien los cambios en las PASO y la Ley Orgánica de Partidos Políticos tienen el propósito de responder a un legítimo reclamo de la ciudadanía sobre los costos y la frecuencia de los procesos electorales, es esencial analizar sus implicancias a largo plazo. ¿Se trata de un avance hacia una democracia más funcional o de una puerta abierta al debilitamiento de sus instituciones?
Según Manuel Adorni, “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral. Esto, lejos de generar un mayor nivel de participación, lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos”, además agregó que quienes “reclamaban una solución a sus problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con el dinero de los contribuyentes, como es habitual”.
Para el caso, la participación electoral en las elecciones presidenciales de 2023 fue del 77,04%, de acuerdo a los datos arrojados por el escrutinio definitivo realizado por la Justicia electoral. De esta manera, la participación fue 8 puntos porcentuales superior a la registrada en las PASO 2023, que había sido del 69%. Asimismo, es la segunda más baja desde la recuperación de la democracia: solo supera al registro de las elecciones presidenciales de 2007 con una participación del 76,2%.
En ese camino, es preciso indicar que la participación registrada el 22 de octubre de 2023 está más de 3 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en las elecciones generales de 2019, cuando la misma fue del 80,4%.
“Es una reforma regresiva que tiene por objetivo desfinanciar y correr del tablero político a las minorías, sugestivamente después de que el partido de gobierno obtuvo su personería jurídica con las reglas de juego actuales”, cuestionó el diputado Esteban Paulón, que integra el bloque Encuentro Federal.
Por su parte, Oscar Agost Carreño, vinculado a Miguel Ángel Pichetto, advirtió que “si bien hay que rediscutir el sistema de las PASO, el gobierno hasta ahora no presentó un proyecto para discutirlo y acaba el año legislativo aún sin Presupuesto. Y a eso le sumás que el año que viene es electoral, lo que complica su tratamiento antes de las elecciones”.
Varios gobernadores peronistas, algunos favorecidos por la falta de internas, serían los únicos favorecidos con la medida, logrando posicionarse como los únicos ordenadores en el territorio. Sin embargo, se quejan de no haber sido convocados para el tratamiento de la propuesta; es más, algunos se enteraron por los medios. Otros dirigentes opositores ven con desconfianza la posibilidad de que el Gobierno consiga los votos.
En definitiva, en un contexto de polarización social y política donde resurgen los fanatismos de laberinto, este debate trasciende los intereses partidarios. La sociedad argentina enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de reformas con la defensa de los principios democráticos que garanticen una representación equitativa y plural. La democracia no solo es un sistema de elecciones; es también un pacto social que debe ser preservado con cada decisión que tome el poder de turno.
