Por: Patricio Ballesteros Ledesma

No pasó hace tanto tiempo y los protagonistas de esta movida son los mismos. Cuando gobernaba el país Mauricio Macri, y más tarde tomaba una deuda descomunal con el FMI, Luis Caputo y Federico Adolfo Sturzenegger, como ministro de Finanzas y presidente del BCRA, salieron a tomar más de US$9.000 millones de deuda en el mercado internacional para frenar una corrida que aún hoy tiene consecuencias. Este último había participado en el megacanje en 2001 y por eso fue procesado en la Justicia.

Si bien había antecedentes de los 90 y con Fernando De la Rúa, nadie se sobresaltó porque supuso que no afectaba a sus propios intereses, pero no fue así, y rápidamente se dieron cuenta del error de cálculo. Tras ese episodio, y aunque la idea había sido de Caputo, el expresidente echó al titular de la autoridad monetaria, Sturzenegger.

Luego vino el acuerdo con el FMI por el que desembolsaron US$45.000 millones y el destino financiero que se le dió a esa millonada. Ayer, como ahora, ante este potencial canje de esa deuda por deuda nueva, algunos dirigentes, gobernadores y ciudadanos advirtieron que ese tipo de decisiones presidenciales no afectan su mandato sino a todos por varias generaciones. 

Las deudas públicas argentinas repercuten en todos los argentinos, incluso en los que vendrán. Y a pesar de que la Argentina, también canceló deudas, consiguió quitas o no volvió a pedir prestado en algunos períodos, fueron excepcionales. 

Y cada vez que se patea para adelante una inminente cancelación (roll over), se resigna un aumento del interés o del capital, pero no ambas. Y la posibilidad de endeudarse en moneda extranjera sólo es posible con el aval del Congreso.

A partir de que el gobierno de Milei sancionó el decreto de necesidad y urgencia 846 en septiembre, la oposición en el Congreso lo denunció como ruinoso para el país, así como lo había hecho en 2018, porque en el texto se hacía explícita la flexibilización de la Ley de Administración Financiera (24241) en su artículo 65, donde se advierte que un canje de deuda sólo puede hacerse si se cumplen dos de tres condiciones: mejorar el plazo, la tasa y el monto.

Pero además se modificó el artículo 11 del Decreto 331/2022 de Alberto Fernandez, en el que se establece que los futuros canjes de deuda se tendrán que hacer con especies de la misma moneda. En cambio, el decreto de Milei dice que a partir de ahora será indistinto: el Gobierno podrá recibir bonos en dólares y entregar papeles en pesos, o a la inversa.

Pocos años después, ellos mismos, el team Caputo y Sturzenegger 3.0, reivindicados por el actual presidente y enfocados en beneficiar a los tenedores de esos títulos de deuda, tienen una nueva oportunidad de privilegiar con fondos públicos a los inversores (nuevos o históricos), que quieren mejorar la rentabilidad de su posición de acreedores del país, en un supuesto contexto de “no hay plata”.

Si el Congreso desactiva el citado DNU, ya que la modificación de una ley vigente (la financiera) tiene que ser avalada en el recinto, el presidente no podrá eludir, como ya lo hizo este año al prorrogar el anterior, el contar con un Presupuesto Nacional aprobado por los diputados y senadores para el manejo de las finanzas públicas en 2025, incluso sobre un posible (y buscado) canje de bonos.

Como Javier Milei, ambos, el ministro de Economía y el de Transformación del Estado, no dudaron en realizar desregulaciones, reformas y ajustes para apartar una buena parte de los ingresos del Estado para pagar deuda pasada y presente, y este es el segundo paso. Ya lo hicieron ellos mismos, Cavallo y Martínez de Hoz, en otros contextos.

Ahora que forzaron un dudoso superávit primario y financiero y que el riesgo país desciende, no sólo profundizarán la reducción del gasto sino que llevarán adelante un canje de bonos mejorados para demostrar afinidad con los prestamistas y confianza frente a nuevos pedidos de créditos. No es casual que cada vez que Milei avanza sobre el Congreso, suben los bonos y las acciones. Y no sólo presiona el FMI, también los fondos de inversión.

Y aunque una baja del riesgo país indicaría lo contrario, poder tomar nueva deuda a un interés menor, una sobretasa para la renovación de esta deuda resultaría un incentivo, no sólo para el canje en proceso muy desfavorable para el erario público, sino ante una nueva escalada de endeudamiento del país, que siempre empieza y termina igual. Con un virtual default, devaluación, inflación y más pobreza.

El país vive hipotecado: pasan los gobiernos, se repiten algunos funcionarios, permanecen las acreencias, pero la población paga con más ajustes y restricciones de manera cíclica y vive condicionada por el peso de una macrodeuda que no llegó a la microeconomía.

Períodos de desendeudamiento pero alto gasto, períodos de toma de deuda y timba financiera, períodos de ajuste fiscal para honrar las deudas; hoy, más de un PBI como stock de deuda y la mitad de los habitantes con ingresos bajo la línea de pobreza. Este año se sumaron más de 5,5 millones de personas a esta triste estadística y el equivalente a más de US$81.000 millones al pasivo público.

El capital se reproduce más rápido que la población y la riqueza se expande pero converge en un grupo cada vez más concentrado. Es una realidad glocal, pero en la Argentina tiene sus particularidades. No se ve desde el poder político un trabajo cotidiano para que más gente viva un poco mejor día tras día, sí se observa un denodado empeño restrictivo para apartar al Estado de su rol primigenio y entronizar al mercado como el gran ordenador.

Ante tanta decepción y apatía, muchos buscan en lo nuevo y disruptivo la tabla de salvación, pero mientras desde la procacidad presidencial se habla de que la economía se recupera como el falto de un buzo, muchos no pueden nadar en aguas tan turbias o directamente están sumergidos en la miseria. El tema no es la rebeldía de nadar contra la corriente sino que la orilla se aleja con el paso del tiempo.

A esta altura el contexto no ayuda para salir a flote y, tanto en Valencia como en Corrientes, todavía hay miles de inundados, literalmente. Hay muchas metáforas para describir realidades o construir relatos, pero la verdad profunda, casuística y cotidiana se puede ver si hay coraje y empatía en la mirada. 

Para la deuda social, de éste y de los anteriores gobiernos no hay salvavidas: no hay plata. Pero pasar a buscar en un lujoso yate a un puñado de prestamistas (honestos o buitres, que apostaron a favor o en contra del país), y servirles champán francés en la cubierta resulta un despropósito.

Cuando a los pocos meses de gestión desde el PEN se maneja esta idea de beneficiar a los privilegiados con necesidad y urgencia, ya que gran parte de los legisladores le dieron esas facultades como a otros en el pasado, ahora tienen otra oportunidad de reflexionar, sin egoísmo ni prejuicios, hasta que punto están cumpliendo su función y el rol de contrapeso para el que fueron elegidos en ambas cámaras.

La oposición en Diputados pidió una sesión especial para tratar el DNU sobre el canje de deuda, al mismo tiempo que los gobernadores presionan para que se trate la Ley de Presupuesto 2025 en el recinto cuanto antes. El tiempo corre, y tanto el oficialismo propio como el prestado saben que el presidente no tendrá reparos en volver a prorrogar el vigente desde 2023 si no hay acuerdo con el enviado.

Incluso esta posibilidad sería la más buscada, porque le permitirá volver a hacer uso y abuso de los poderes delegados y de la discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas. Pero la oposición, la real y la volátil, también saben que si logran rechazar ese decreto en ambas cámaras, el PEN necesitará un nuevo presupuesto aprobado para su declarada necesidad y urgencia de recurrir a un megacanje de la deuda que vence el año próximo.