El Gobierno nacional anunció este domingo que el servicio de correos será desregulado, en una nueva medida impulsada por Federico Sturzenegger y su Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La decisión fue anunciada este domingo por la noche por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, donde publicó: “El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

El decreto, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, tiene por objetivo fomentar la transparencia, simplificación, digitalización y mayor seguridad del servicio, y en su confección también participó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Para ser operador postal las personas jurídicas deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera simple, electrónica, gratuita y declarativa. La inscripción se realizará una sola vez al inicio de la actividad y podrán iniciar automáticamente sus actividades a partir de los 5 días desde la fecha de su inscripción. Dicha inscripción constituirá habilitación suficiente para desarrollar la actividad.

Los operadores postales que desarrollen actividades en el mercado postal local e internacional podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad.

La medida tomada por el Ejecutivo no modifica las disposiciones sobre secreto postal ni en materia de seguridad.

Con esta decisión se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores.

Esto habilita una serie de dudas sobre el impacto que podría tener la iniciativa, por ejemplo, en los procesos electorales.

En el marco de las diferentes elecciones de autoridades que se celebran cada 2 años, la extensa red de infraestrctura y recursos humanos del Correo Argentino facilitan las arduas tareas de traslado y seguridad de las urnas desde cada institución de cada localidad hasta los centros de conteo.

Se trata de nada más ni nada menos de 110 mil urnas a trasladar a 17 mil locales, a las que se suman las boletas partidarias, planillas y el material necesario. Labor que ya se encontraba condicionada con los despidos sistemáticos que venía registrando la empresa estatal, en ocasiones de personal con amplia trayectoria.

Al igual que ocurre con Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera del servicio postal alcanza sitios remotos de la extensa geografía argentina, en muchas ocasiones en detrimento del criterio mercantil. Es decir, exclusivamente a favor de garantizar los derechos de la población civil.

Es así que, en cada contienda electoral, además de encargarse de organizar los telegramas en los que se vuelcan los resultados y luego se procesan la misma noche de los comicios; está a cargo del traslado de las urnas en sitios de difícil accesibilidad, a los que sólo se accede a través de vehículos acuáticos o montando animales de carga.

En concepto de este operativo, el Correo se lleva el 70 por ciento del presupuesto de cada elección.

En un inicio, el Correo Argentino formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

El Correo Argentino cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.