Por Patricio Ballesteros Ledesma

El Gobierno nacional lleva adelante desde julio un blanqueo de capitales con el doble objetivo de regularizar una parte de los activos en manos de argentinos que están por fuera del sistema financiero y, además, sumar unos puntos a la recaudación impositiva central que es acreedora de esos evasores fiscales.

Esto último es real, desde una visión tributarista técnica y ortodoxa, si bien el presidente Javier Milei ha manifestado en más de una oportunidad que los evasores son héroes y que desde su visión ideológica los impuestos son un robo a los contribuyentes de bien.

Así es que, con su ministro de Economía Luis Caputo, implementó un nuevo régimen de regularización de activos, similar al que este último llevó a cabo hace pocos años con el mismo cargo durante el mandato de Mauricio Macri. 

Las condiciones son mucho más ventajosas ahora que entonces, y el eufemístico perdón fiscal es todavía más generoso. Esta vez la multa inicial por ingresar al blanqueo es de una alícuota del 5% en lugar del 10% y quedan exceptuados de penalización los montos menores a US$100.000 en lugar de US$20.000.

Además, si se deposita en una cuenta Comitente Especial de Regulación de Activos (CERA) y se deja inmovilizado o invertido en activos locales hasta el 31 de diciembre de 2025, se evita el pago de la multa.

En un contexto de necesidad de ingresar divisas como entonces, y con condiciones muy ventajosas para los que adhieren al blanqueo, el Gobierno postergó hasta hoy inclusive el cierre de la primera etapa del cronograma que incluye exteriorizar dinero en efectivo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) informó que la medida tuvo un resultado positivo, ya que ingresaron al sistema financiero US$19.023 millones depositados en 300.967 cuentas especiales de los bancos hasta el último día del mes pasado. 

Y aunque esta primera etapa cerraba el 31 de septiembre, se extendió primero hasta el 31 de octubre y, finalmente, hasta este viernes 8 de noviembre. La recaudación por el impuesto especial superó los $263.000 millones, según el organismo recaudador.

El monto hasta ahora blanqueado es más del doble del obtenido por Macri en 2016 y le permitió al Gobierno mantener a raya la presión cambiaria que venía corriendo a los dólares financieros y el paralelo en las últimas semanas. Y además, la mayoría de los depositantes no sacaron los fondos al vencer el plazo de inmovilización por 30 días.

Pero como en esa anterior ocasión, y con sus arcas públicas menguadas por la recesión económica y el recorte de transferencias de fondos desde el Estado nacional, las provincias no quieren ser los convidados de piedra, si bien las multas son coparticipables en teoría.

En el blanqueo de Macri, por caso, La Pampa había decidido gravar todos los bienes sincerados, aplicando una alícuota adicional del 1% sin considerar la ubicación de los bienes. Pero por el principio de territorialidad tributaria, muchos contribuyentes judicializaron esta decisión a través de amparos.

Lo cierto es que, hasta ahora, tres provincias avanzan en la implementación de un impuesto especial sobre los contribuyentes de sus territorios que entraron al blanqueo en esta primera etapa. Y con el antecedente de aquellas causas todavía en curso y a la espera de un fallo de la Corte Suprema, se cuidaron de no cercenar aquel principio.

Las gobernaciones de Neuquén y Salta picaron en punta, ya que al mismo tiempo que suscribieron al régimen nacional, incluyeron el pago de un nuevo tributo local para aquellos ciudadanos que hayan regularizado activos. 

Neuquén fue la primera provincia en introducir un impuesto al momento de adherir a la herramienta promovida por la administración central, en el marco de la sanción, por parte de la legislatura, de la Ley 3450 que generó la figura del Régimen Provincial de Regularización de Activos.

La norma establece que los contribuyentes que se adhieran al blanqueo nacional también lo deberán hacer con el homónimo provincial y tendrán que realizar el pago de un tributo especial a cambio de quedar eximidos de abonar Ingresos Brutos.

El esquema del impuesto provincial es similar a la escala establecida a nivel nacional, ya que variará según el momento de adhesión, gravando sólo cuando la exteriorización supere los US$100.000, con una alícuota progresiva del 0,75% a 1,25%.

De esta manera, la carga será de un 0,75% sobre el excedente de US$100.000 para quienes presenten la declaración jurada hasta el 30 de noviembre, del 1% sobre el excedente de US$100.000 para quienes adhieran hasta el 31 de enero de 2025 y del 1,25% del excedente de US$100.000 para quienes blanqueen hasta el 30 de abril del 2025.

En el caso de Salta, las cámaras legislativas sancionaron la Ley 8461, que establece el Régimen Excepcional y Transitorio de Medidas de Alivio Fiscal, en el que se incorporó la adhesión a la regularización de activos y se dispuso un impuesto especial sobre el mismo.

Al respecto, el artículo 16 de la norma provincial establece un Impuesto Especial de Regularización equivalente al 10% del impuesto nacional que corresponda abonar en los términos del Capítulo IV del Titulo Il de la Ley Nacional 27743 (Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes), que no deberá ser ingresado en los supuestos especiales de exclusión de pago del impuesto nacional previstos en el Capítulo V del Título 1 de la citada norma.

Además, el artículo 17 determina que el decaimiento de los beneficios dispuestos por esa ley, o la falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dispuesto en el artículo precedente, privará a los sujetos de los beneficios dispuestos por la presente. 

Santa Fe planea seguir el mismo camino mediante un proyecto de ley que ya fue presentado y será tratado en la legislatura provincial.  La iniciativa contempla un impuesto especial sobre el blanqueo, generando un crédito fiscal, a cuenta de Ingresos Brutos, para destinar a nuevos emprendimientos productivos y de construcción de viviendas.

Las condiciones del tributo también se asemejan a lo dispuesto a nivel nacional, al gravar los ingresos superiores a US$100.000, aunque en este caso la alícuota se establece en un 2% sobre el excedente.

El ministro de Economía local Pablo Olivares precisó que “quienes paguen el 2%, podrán utilizarlo como anticipo de obligaciones fiscales que van a tener en el futuro” y aclaró que “lo recaudado no quedará en las arcas provinciales, sino que será utilizado para otorgar beneficios impositivos a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma”.

En relación al espíritu de la decisión señaló que “esta medida busca equilibrio: dar seguridad a quienes regularicen y premiar a los que cumplen, impulsando a su vez el crecimiento y la inversión en nuestra provincia”.

El funcionario santafesino indicó que en su provincia ·no quieren ser un obstáculo para esta política nacional, pero tampoco que la adhesión a nivel local sea bajo cualquier condición”. Sin embargo, concluyó: “Los verdaderos héroes son aquellos que han cumplido siempre sus obligaciones tributarias”.