
La Legislatura bonaerense está viviendo días de máxima tensión mientras se discute la posible derogación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En las últimas sesiones, los cruces entre los legisladores han sido cada vez más intensos, con posiciones enfrentadas sobre los efectos económicos y de seguridad vial que tendría la eliminación de este sistema.
El proyecto, impulsado por la senadora provincial del PRO, Aldana Ahumada, propone suprimir la obligatoriedad de la VTV, argumentando que no ha logrado una disminución significativa de los accidentes de tránsito y que, además, representa una carga económica excesiva para los automovilistas. "La VTV se aplica de manera uniforme a todos los automóviles, sin considerar su verdadero estado de mantenimiento", aseguró Ahumada durante su intervención, apuntando a que el sistema actual no es eficiente ni justo.
Con un costo que ya alcanza los $44.000 para los vehículos livianos, la discusión se ha centrado en la afectación directa sobre las economías familiares y de pequeños empresarios. Sin embargo, el verdadero foco de la tensión parece estar en lo que muchos legisladores han definido como "la caja de dinero" que representa la VTV, un negocio millonario para las empresas concesionarias que gestionan el sistema. La posibilidad de perder esta fuente de ingresos ha generado duros enfrentamientos en el recinto, donde algunos ven la medida como una amenaza económica para ciertos sectores privados y públicos.
En paralelo, el proyecto no se limita sólo a la eliminación de la VTV, sino que propone abordar de manera integral la seguridad vial, incluyendo mejoras en la infraestructura de calles, caminos y rutas. Ahumada destacó que "la solución no pasa únicamente por la verificación de los vehículos, sino por atacar el problema de fondo: las malas condiciones de nuestras rutas y caminos, que son responsables de muchos de los accidentes".
Hasta el día de la sesión, los debates han sido acalorados, con legisladores que defienden la permanencia de la VTV como una herramienta necesaria para la seguridad vial, mientras que otros consideran que su impacto real es limitado y que solo genera más cargas para los conductores. Sectores vinculados al transporte y pequeñas y medianas empresas han expresado su apoyo a la derogación, al considerar que la VTV ha tenido un "efecto negativo" en sus operaciones y finanzas.
Con posturas cada vez más polarizadas, la sesión decisiva promete ser el escenario de un cruce aún más intenso entre los distintos bloques. Lo que está en juego no solo es el futuro del sistema de verificación vehicular, sino también el entramado económico y político que lo sostiene.