Por: Miguel Di Spalatro

El tren, símbolo de progreso y conexión para muchas ciudades, vuelve a enfrentar un destino incierto. La reciente decisión de eliminar el tramo Once-Pehuajó, junto con la reducción de frecuencias en otros ramales, representa un golpe directo para los habitantes de localidades como 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó. Estos pueblos, ven cómo el tren que consiguieron que volviera después de años de reclamos, se desvanece una vez más, en una medida que recuerda los oscuros tiempos de los años 90, cuando el gobierno de Carlos Menem llevó adelante la privatización masiva de los ferrocarriles argentinos.

El gobierno de Javier Milei, en su avanzada privatizadora y de ajuste, repite una historia que los bonaerenses ya han vivido y sufrido. A través de la declaración de emergencia pública ferroviaria y la concesión de empresas como Belgrano Cargas, el Ejecutivo ha dado un primer paso hacia la desmantelación del sistema estatal de trenes. La justificación económica de eliminar estos servicios, como el ahorro de 117 millones de pesos mensuales, palidece frente a las consecuencias sociales de una decisión que deja a miles de ciudadanos sin una alternativa de transporte.

En los años 90, la privatización de los trenes que impulsó el gobierno de Carlos Menem dejó en su estela una Argentina fracturada, donde muchas ciudades pequeñas y medianas vieron desaparecer una de sus principales vías de comunicación. El resultado fue un éxodo hacia las grandes urbes, un incremento en la pobreza rural y una desconexión entre las provincias y la capital.

La gestión de Cristina Kirchner, en cambio, apostó por la modernización del sistema ferroviario. Durante su mandato, no sólo se adquirieron nuevas formaciones, sino que se recuperaron rutas clave para el interior de la provincia de Buenos Aires, como los trenes a Bahía Blanca y Tandil. Esta política permitió que se volviera a confiar en el tren como medio de transporte seguro, accesible y eficiente.

Uno de los últimos ramales recuperados fue el tramo Once-Pehuajó, que se puso en condiciones de funcionar recién en 2022, tras siete años de inactividad. Sin embargo, la eliminación de este servicio en noviembre próximo parece desandar todo ese camino.

La explicación oficial de Trenes Argentinos sobre la discontinuidad del servicio entre Bragado y Pehuajó apunta a problemas de infraestructura y la baja demanda. Esta baja demanda es en gran parte consecuencia de decisiones políticas que han encarecido el boleto y desincentivado su uso. A principios de año, el pasaje Once-Pehuajó costaba $ 2.450 en Primera clase, y $ 2.935 en Pullman. De acuerdo con la página de Trenes Argentinos, viajar hoy de Buenos Aires a Pehuajó en tren cuesta $ 18.000 en Primera y $ 21.680 en Pullman, precios que se equiparan a los que cuesta el mismo viaje en micro.

Además, por la falta de mantenimiento de las vías, los tiempos de viaje y las demoras han empeorado, problema que se podría resolver con inversión en infraestructura y no con el cierre del servicio. Eliminar estos servicios tiene un impacto directo en el desarrollo local y en el turismo regional, afectando especialmente a pueblos que ven en el tren una posibilidad de crecimiento.

Es crucial recordar que esta misma lógica privatizadora ya ha causado estragos en el pasado. La desarticulación del sistema ferroviario en los 90 fue un proceso que llevó a la decadencia de muchas comunidades rurales, y el gobierno de Milei parece dispuesto a repetir la experiencia. Los despidos masivos en empresas como ADIFSE, encargadas del mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria, son una señal alarmante de hacia dónde se dirige la política ferroviaria actual.

Los trenes son mucho más que un medio de transporte: son un servicio público esencial que garantiza derechos básicos. En lugar de seguir el camino de la privatización, que ya ha demostrado ser desastroso, se debería apostar por políticas que fortalezcan y modernicen el sistema ferroviario, tal como se intentó hacer durante el gobierno de Cristina Kirchner, y como hacen los países admirados por quienes hoy nos gobiernan, donde el tren es el principal medio de transporte. Claro está que un régimen que se sustenta en el odio al adversario político es incapaz de reconocer cualquiera buena decisión tomada por los gobiernos que lo precedieron. Al final del ramal, los ciudadanos pagan las consecuencias.