Es sabido que el mayor gasto del Estado está dirigido al pago de jubilaciones y pensiones, por eso casi todos los gobiernos buscan alcanzar el equilibrio fiscal restringiendo la liquidación de sus haberes. Este eligió la motosierra, otros fueron más cuidadosos y aplicaron algunas compensaciones, ya sea con pagos extra, descuentos o prestaciones adicionales.
Más allá del déficit de empatía de Javier Milei y gran parte de sus funcionarios hacia la tercera edad, y de su afirmación de que en el universo de los adultos mayores es donde hay menos pobreza, el cambio de la fórmula de movilidad del haber mínimo a poco de asumir generó un nuevo perjuicio, en lugar de amortiguar la pérdida de poder adquisitivo tras la devaluación inicial.
El propio INDEC desmiente al presidente, ya que según sus estadísticas en el último año se duplicó el número de jubilados pobres y se triplicó el de indigentes: los primeros pasaron de 17,9% a 35,7% y los segundos de 1,8% a 6,6%. En personas, más de 5 millones de adultos mayores viven bajo la línea de pobreza según el poder de compra de sus ingresos.
Y es que el 20% del ajuste del gasto del Estado hasta el mes pasado recayó en la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, que fue elegida por el Gobierno como la variable para mostrar un superávit primario acorde a sus promesas y objetivos.
A nivel oficial, el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo negaron y niegan cada vez que pueden esta realidad con argumentos y datos incoherentes, como que la jubilación en dólares vuela, que los jubilados le ganaron a la inflación en el año, o que recuperaron el poder de compra en casi el 10%.
Pero lo cierto es que los desembolsos que realizó el Gobierno entre ambos conceptos cayeron el 20,3% en los primeros ocho meses de 2024, una contracción que en términos reales fue del 30,4% interanual, según datos de la consultora Analytica, sobre información pública.
Además, con la reducción o suspensión de algunas coberturas de tratamientos del PAMI, más el aumento desmedido de ciertos medicamentos y la liberación del precio de otros fármacos esenciales para su edad, los jubilados y pensionados redujeron su calidad de vida en forma inmediata.
Lo de comer una vez por día ya es una mala costumbre que impone la realidad económica, aunque no sólo para los jubilados de la mínima, pero lo más grave que miles tienen que repartir sus magros ingresos entre comidas y remedios, los que triplicaron sus precios en lo que va del año.
Los medicamentos con cobertura del PAMI acumulan una suba interanual del 300,6% desde noviembre pasado, por encima de la inflación del 209,1% interanual a septiembre, y con una afectación a más de 5 millones de afiliados (el 60% de los adultos mayores a nivel nacional), según un informe del Centro de Economía Política Argentina presentado ayer.
En cuanto a las prescripciones y productos más consumidos por las personas mayores en general, acumulan una suba promedio de los precios de venta al público en el período del 202%, frente a una inflación del 153% en igual lapso.
Tras el balotaje, se aceleró la suba sostenida de los precios. En noviembre, se ajustaron 25,7%; en diciembre, aumentaron 40,9%; en enero, 13,6%; en febrero, 15%; en marzo, 8,4%; en abril, 2,5%; en mayo, 3,8%; en junio, 2,8%; en julio, 5%; en agosto 3% y en septiembre, 1,7%.
La transferencia de recursos de los adultos mayores a los grandes laboratorios y farmacéuticas de capital nacional y extranjeros no tiene antecedentes en la historia reciente.
Pero si se toman los diez remedios que más aumentaron en forma interanual alcanzan un promedio de 282% en el precio de venta al público, de acuerdo con el estudio del CEPA, con picos de 331% en el vasculoprotector Daflon 500 y de 316% en el antiinflamatorio Ibupirac 600 mg. Estas subas están muy por encima de lo registrado en otras latitudes y en los países vecinos.
Por otro lado, a mediados de agosto el PAMI redujo la canasta de medicamentos gratuitos al quitar 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura al ciento por ciento en el vademecum, tras hacer lo mismo con otras 11 dos meses antes.
Es decir que para acceder a algunos antiparasitarios, corticoides y antibióticos, los afiliados deberán abonar en promedio el 30% del precio de venta de la lista.
La reducción de moléculas farmacológicas implica que ahora se ofrece un tercio menos de medicamentos en comparación con los que se distribuían de manera gratuita antes de la gestión Milei.
Es decir, la lista de casi 3.000 medicamentos cubiertos (basados en las 167 moléculas que el plan Vivir Mejor incluía a principios de 2024), se redujo a unos 2.000, correspondientes a las 109 moléculas que ahora tienen cobertura.
Adicionalmente,en otro grupo de fármacos se redujo del 80% al 40% el descuento a partir del cambio en su categorización a medicamentos "de uso eventual".
Según este relevamiento hasta julio, el programa integral de medicamentos gratuitos y con descuento de la obra social de jubilados permitió a los adultos mayores un ahorro promedio mensual de $63.800.
Para dimensionar la cantidad de beneficiarios alcanzados, de cada 10 afiliados, 9 reciben al menos un medicamento gratis, 5 obtienen al menos dos y 4 reciben todos sus medicamentos sin costo. Así, la salud se resiente, tanto como los bolsillos.
“Las personas mayores hoy están viviendo una crisis humanitaria”, declaró hace poco Eugenio Semino, el defensor de la Tercera Edad de CABA, quien además recuerda que Nación no designa una defensor del Pueblo desde hace 15 años, ni de esta franja etaria a nivel nacional.
Si bien el funcionario porteño dice que la mayor cantidad de denuncias que recibe son por casos de violencia y maltrato, aclara que un jubilado hoy ya no es alguien que tiene su vivienda propia, y si la tiene, no puede pagar las expensas. La desatención acumula años y no se detiene.
En las últimas dos décadas se duplicó la cantidad de adultos mayores que alquilan una propiedad como vivienda en el país, con casi 360.000 inquilinos registrados, según un estudio privado basado en datos oficiales nacionales.
Tras la derogación de la ley de alquileres y la pérdida de poder adquisitivo de los pasivos acumulada en estos meses, su situación habitacional se complicó aún más.
Hoy hay más de 7 millones de personas que cobran el haber mínimo y que, tras el veto presidencial a la ley de movilidad aprobada por ambas cámaras, ni siquiera fueron resarcidos por el 8% detractado de sus ingresos en febrero, cuando se liquidó el monto real más bajo en 15 años.
Allí empezaron las marchas y movilizaciones de los adultos mayores, como en los 90, cuando también fueron la variable de ajuste impulsada por el PEN. Así, con el correr de los meses, en los comedores comunitarios se ven cada vez más jubilados y jubiladas haciendo fila para obtener un plato de comida, con evidentes signos de malnutrición en sus cuerpos y rasgos de impotencia en sus miradas.
Ante la cruda realidad, el ministerio de Capital Humano anunció la universalización del Programa Alimentario PAMI a través de la Tarjeta Alimentar, en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían en los centros de jubilados, que permite que todos los afiliados mayores a 60 años que perciban hasta un haber mínimo y medio sean incluidos de forma automática.
De este modo, más 3 millones de personas recibirán la acreditación de $15.000 durante octubre, noviembre y diciembre. Como una paradoja, ese monto es equivalente a la recomposición que el Gobierno se negó a liquidar desde este mes utilizando el veto presidencial.
Y como si el sufrimiento fuera poco, cuando asisten los miércoles a protestar por sus derechos en torno al Congreso, reciben la indiferencia de gran parte de los legisladores y la represión física de las fuerzas de seguridad desplegadas por la ministra más experimentada en estas tareas.
Con la inflación contenida por la depresión económica inducida desde el Gobierno, que sólo la atribuye a la restricción de emisión monetaria, queda claro que la actualización de las jubilaciones y pensiones en adelante, sólo por el IPC que publica el INDEC y sin un porcentaje del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), está condenada al estancamiento.
Es decir, será el Gobierno nacional y la ANSES en particular los que aplicarán subas discrecionales y, como ya adelantaron en el proyecto de Presupuesto 2025 presentado en el Congreso, el bono compensatorio para la mínima ajustado en marzo de este año se mantendrá en $70.000 a lo largo del próximo, sin ajustarse por la inflación anual proyectada del 18%, ni por la que estiman aún mayor desde las consultoras locales (38,4%, según el REM) y hasta el propio FMI (45%).