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En los 90, cuando el presidente de la Nación era Carlos Menem y su ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi se llevó adelante un proceso de privatización de grandes empresas públicas, bautizadas como las joyas de la abuela.
En el clima de época había cierto aval de una parte de la población así como del Congreso, que aprobó la Ley de Reforma del Estado, pero también hubieron muchos que lo vieron como una entrega lisa y llana del patrimonio nacional. Miles de artículos y libros se escribieron en su momento y con los años sobre los pros y contras.
La mayoría resultaron a la corta o a la larga un pésimo negocio para el país, vaciamiento y desguace, causas judiciales por corrupción y litigios laborales, desinversión y abandono, decenas de miles de despidos y, en contados casos, algunas decisiones acertadas.
Como ejemplos basta citar los idas y vueltas con Aerolíneas Argentinas en manos de empresas españolas, la gestión de los franceses de Suez en Aguas Argentinas, el manejo de la ibérica Repsol en la petrolera YPF y el desmantelamiento casi total del sistema ferroviario nacional, que tenía casi 35.000 kilómetros de líneas y, justo es decirlo, un gran déficit operativo anual.
Salvo algunas empresas públicas re estatizadas o desaparecidas, ahora, más de tres décadas después, el presidente Javier Milei, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas Diego Martín Chaer y un equipo de 30 profesionales avanzan con el paso total o parcial de las restantes a manos privadas.
Aquel ministro del menemismo decía, en lo que algunos interpretaron como un fallido aunque resultó un sincericidio, “que todo lo que deba estar en manos del Estado pasará al sector privado”. Aclaraba que esa era la máxima del presidente, y la historia se repite.
El actual mandatario va en la misma línea pero con su toque personal: habló de mafias enquistadas en el poder, casta política corrupta, superposición de organismos y funciones, y a poco de asumir quiso colar 41 privatizaciones de empresas públicas en la llamada Ley de Bases, un libro con 664 artículos que le entregó en mano a Milei el ahora ministro desregulador Federico Sturzenegger.
Luego de un largo trámite, el Congreso frenó en parte esas aspiraciones, pero dejó pasar algunas, tras el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones con 61 firmas. Rebautizado como ley ómnibus, el nuevo texto bajó a 269 artículos divididos en 11 títulos y a fines de junio tuvo la sanción definitiva de Diputados. Luego, en julio, y tras un empate a favor y en contra de 36 votos en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel definió la jugada.
Desde el mes pasado la comisión de reforma del Estado y seguimiento de las privatizaciones en la cámara baja está tratando este tema, pero Milei busca acelerar su estrategia de ser como un topo que vino a destruir al Estado por dentro y ya arrancó con el proceso pasando por alto lo que decidan los legisladores.
Sin aval político, con la idea de combatir a la casta y reducir el gasto público, el Gobierno nacional avanza con el paso total o parcial al sector privado de, por ahora, 59 empresas estatales mediante la venta de acciones en el mercado bursátil porteño, entre otras alternativas.
Aunque están en estudio y bajo auditorias la mayoría de las empresas públicas, en esta primera etapa las más relevantes son Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, ARSAT, ENARSA, IMPSA, INVAP, NA.SA, VENG, Dioxitek, Casa de la Moneda, Correo Argentino, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Fábrica Argentina de Aviones, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA), Televisión Pública, Sociedad Operadora Ferroviaria y Belgrano Cargas y Logística.
Incluso, y aunque ya trazó una serie de mecanismos y etapas para implementar su plan privatizador, se establecerán laxitudes jurídicas y comerciales en las normas y balances de algunas empresas y sociedades con propiedad total o mayoritaria estatal para que puedan ser parte del proceso de entrada a la Bolsa.
De hecho, mediante la Resolución General 1024/24 publicada ayer, la Comisión Nacional de Valores, organismo oficial que regula el mercado financiero local flexibilizó los requisitos que deben cumplir las empresas públicas para que sus acciones del Estado argentino puedan cotizar lo antes posible en la entidad bursátil porteña.
El régimen de información contable especial, de carácter transitorio, que busca flexibilizar y simplificar los requisitos para las empresas que quieran empezar a cotizar en Bolsa (régimen de oferta pública de acciones), le otorga dos años para adaptarse a las normas comerciales internacionales que rigen para las compañías privadas.
El presidente de la CNV Roberto E. Silva declaró que buscan flexibilizar y simplificar el proceso para que las entidades públicas puedan privatizarse vía el mercado de capitales y aclaró que quieren facilitar la presentación de balances, algo que les cuesta cumplir a sociedades en manos del Estado, acompañando así las medidas del Gobierno nacional.
Eso sí, para las que puedan salir a la venta a través de la Bolsa de Nueva York u otras entidades extranjeras, deberán ser rigurosos con las existencias, los estados contables y otras cuestiones que no presenten trabas o litigios presentes o futuros ante los inversores del exterior.
A falta de un Dromi, el presidente se maneja con el asesor Santiago Caputo, que coordina con Chaer y su equipo en una oficina contigua a la propia en la Casa Rosada. A esta altura ya no importa hacer el proceso bien sino rápido, como lo pide con insistencia Milei, y como se hizo en el pasado en algunos casos con resultados que incluso, hoy, 30 años después traen consecuencias.
En la esfera oficial van por todas las empresas del Estado porque según el presidente y sus funcionarios son cajas de la casta política y una fuente de ingresos de los funcionarios corruptos. Consideran que aunque una empresa sea superavitaria igual se traspasará al sector privado, porque si siguiera en la órbita pública los políticos corruptos volverían a hacerla deficitaria.
Esos son los leit motiv, como tantos otros que abundan en el discurso oficialista. Pero el tema es complejo, porque son muchas empresas y muy distintas, grandes y pequeñas, generalistas y especializadas, pertenecen a más de una decena de jurisdicciones del organigrama estatal, tienen intereses económicos cruzados y diferentes niveles de decisión política.
El criterio que manejan los funcionarios y asesores a cargo del área va más allá del mero proceso de privatización, apuntan a analizar la situación de cada una de las empresas objetivo, ver qué segmentos de su estructura tienen valor y evaluar las mejores formas para que estas actividades pasen al sector privado en todo o en partes.
Según los primeros trascendidos, el Gobierno contempla seis mecanismos para decidir el destino de este primer grupo de empresas. Privatización-Oferta Pública Inicial, que es el proceso para recaudar fondos a través de una cotización en el mercado de valores. Podrá ser total o parcial, venta de acciones, aumento de capital, licitación u oferta pública.
Concesión (empresas o unidades), Transformación (escisiones patrimoniales, venta de activos prescindibles, cesión de unidades no estratégicas), Cesión (a las provincias), Cierre (cierre operativo, liquidación, fusión por absorción) y/o Socios estratégicos (contratos asociativos).
Y por el momento la Agencia de Transformación de Empresas Públicas se plantea tres etapas en este proceso. Una identificada como Definición, que contempla un período de 2 a 3 meses en los que la tarea consiste en el cierre de balances, establecimiento de las modalidades para el proceso de privatización, el plan de negocios y la contratación de asesores.
Otra denominada Preparación, consistente en la publicidad del llamado a los interesados, la presentación y la evaluación de ofertas, que implicaría un lapso de otros 2 a 3 meses. Y finalmente la Ejecución, que sería la recomendación de la adjudicación, los dictámenes oficiales, la adjudicación propiamente y la atención de las eventuales impugnaciones, en un plazo de 1 a 2 meses más.
Hay quienes dicen que si algunas empresas públicas no funcionan bien no habría que privatizarlas o cerrarlas sino transformar su estructura, profesionalizar su organigrama y generar el cambio desde la esfera estatal. Otros dicen que en ningún gobierno las estatales funcionaron bien y que son un lastre financiero para las arcas públicas.
Claro que hay muchos involucrados en el destino de este patrimonio público, como los contribuyentes, los trabajadores estatales y la población en general. Lo importante es no tomarse el tema a la ligera y apurar decisiones unilaterales que exceden a un mandato presidencial, porque tienen implicaciones, algunas irreversibles, para el futuro del país.
