Mientras el gobierno de Javier Milei persiste en su actitud beligerante con las Universidades Nacionales, la comunidad educativa se prepara para un nuevo paro nacional y siguen tomadas las principales facultades del país mientras se discuten los fondos de financiamiento para el 2025 en el Congreso Nacional.

En la previa al debate legislativo del miércoles pasado ya eran 28 las facultades que permanecían tomadas y los ánimos se tensaron aún más tras el veto presidencial. Esto hizo que se multiplicaran las convocatorias y comenzaran a involucrarse aún más al movimiento estudiantil.

Incluso casas de estudios superiores reconocidas por su distancia con la política se levantaron y se preparan para una semana de protestas y tomas en todo el país. De hecho, en las últimas horas, se multiplicaron las acciones en diversas casas de estudio.

En este sentido, el Frente de Docentes de las Universidades (FEDUN) confirmó un nuevo paro nacional para este jueves 17, que se sumaría al paro de los trabajadores no docentes el mismo día. 

En la misma línea, el Centro Interuniversitario Nacional (CIN) indicó que los rectores no han recibido por el momento una invitación por parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que comienza a tratar el Presupuesto 2025. Esto suma un nuevo capítulo al conflicto social que continúa escalando y desde el gobierno nacional no hay una señal de paz cercana. 

Luego de que la semana pasada el Gobierno nacional lograra blindar el rechazo a la normativa aprobada por amplia mayoría en el Congreso, los centros de estudiantes impulsaron las clases públicas, cortes de calles y cacerolazos y hasta la toma de rectorados cómo fue el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

Asimismo, entre el lunes 14 y martes 15, el país amaneció con clases públicas cortando calles en diferentes ciudades. Por caso, en la UBA se mantendrán asambleas en las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinaria. Se espera que también se plieguen a la protesta las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales y Farmacia y Bioquímica.

Las Universidades de Mar del Plata, La Plata, General Sarmiento y Salta fueron las primeras en avanzar en esa dirección. La Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de Comahue y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes replicaron las acciones junto a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de San Juan.

De esta misma manera, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) convocó a una asamblea estudiantil y decidió tomar la Facultad de Humanidades. 

La postura del gobierno: dichos de Francos y Adorni

A propósito de las tomas en universidades nacionales en rechazo de la emergencia que enfrenta ese sector educativo por los recortes de presupuesto aplicados por el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comparó las manifestaciones actuales con el germen de las organizaciones dedicadas a la lucha armada durante la década de los años setentas.

"En la década del '70 también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión", convino el funcionario nacional, mano derecha de Javier Milei y principal lazo entre el Ejecutivo y el Congreso.

En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni criticó la reacción estudiantil al blindaje del veto de la Ley de Financiamiento Universitario tras sostener que “tomar una universidad es un delito”. En conferencia de prensa expresó su solidaridad con "la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes" que quieren que la entidad educativa esté "funcionando".

"Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio", expresó, a la vez que indicó: “El espacio para discutir los fondos universitarios es el Presupuesto 2025. Ese es el marco”.

En la misma línea, sostuvo: "Nos solidarizamos con la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar, a estudiar, avanzar, y que nos los dejan así también con los docentes y no docentes que quieren tener una universidad funcionando".

Al respecto, aseguró que la Justicia deberá analizar si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados por estudiantes, docentes y no docentes.