Aerolíneas Argentinas fue declarada formalmente como una empresa estatal sujeta a privatización este miércoles a través del Decreto 873/2024 publicado en el Boletín Oficial, tras meses de conflictos salariales entre el Gobierno y los diferentes gremios que nuclean trabajadores del rubro, que han causado numerosas dificultades en vuelos de la empresa y el funcionamiento de aeropuertos en general.

La decisión, que llega como un deja vu inequívoco del período menemista, se adoptó fundamentando que “luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había anticipado la semana pasada que estaba en los planes del Gobierno iniciar la privatización de la aerolínea de bandera, precisando que el presidente, Javier Milei, firmaría “un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado”.

Durante la semana pasada, el oficialismo había intentado juntar en la Cámara de Diputados los votos necesarios para impulsar el proceso por la vía legislativa, pero ante la negativa avanzó con el Decreto, que quedará sujeto a la aprobación o rechazo parlamentario.

Al respecto, el Gobierno cuenta con el antecedente reciente del rechazo en el Congreso del DNU que le otorgaba $100.000 millones extra a la SIDE en concepto de fondos reservados, siendo la primera vez que los legisladores le 'bajan' un decreto al Ejecutivo Nacional.

Entre los considerandos de la norma, la administración de La Libertad Avanza señaló que “se dicta en línea con las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al proceso de apertura económica y en el entendimiento de que la conectividad aérea resulta un pilar fundamental para el desarrollo económico de la Nación”.

En esa misma línea, el texto reglamentario expresó que “esta medida propende a que Aerolíneas Argentinas S.A. opere bajo criterios de eficiencia comercial y genere un ámbito de competencia en igualdad de condiciones, profundizando la libertad de los mercados, sin que esto implique la pérdida de soberanía nacional”.

En ese sentido, se aseguró que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

Además, el Gobierno no se olvidó de los trabajadores y los gremios, afirmando que “a pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta”.

Sobre esto, precisaron que “entre tales beneficios se encuentran los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de dos familiares o de un acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”.

A pesar de que la presentación del proyecto de privatización realizada por el diputado macrista Hernán Lombardi no logró el apoyo necesario para la sanción de un dictamen, fuentes oficiales indicaron que diputados del PRO, el MID y LLA acordaron avanzar con el dictamen de comisión el martes de la semana que viene.

Desde el entorno de Milei, deslizaron que si el Congreso no aprueba la privatización antes de fin de año, le entrega la empresa a los empleados de Aerolíneas o desaparece.