En medio de una profunda recesión que sacude al país, con una caída proyectada del 3,5% del producto bruto interno para 2024, las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei llegaron al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La Estación Experimental de Balcarce, cuya actividad es imprescindible en la investigación agropecuaria, es una de las que está en la mira de un gobierno que hasta el momento solo es eficiente en la destrucción de organismos del estado. La implementación de “despidos encubiertos” bajo la forma de retiros voluntarios, amenaza con desmantelar su equipo científico y técnico.
La política de recortes, enmarcada en una contracción económica que afecta gravemente a sectores como la construcción y la industria, no solo pone en riesgo empleos, sino también investigaciones vitales para la sostenibilidad y la innovación en la agricultura. El INTA Balcarce, con sus 50 laboratorios y un equipo de más de 600 profesionales y técnicos, ha sido un pilar en el desarrollo de la zona agrícola ganadera más importante del país. Esta región, que abarca 4,2 millones de hectáreas en diez partidos del sudeste y centro de la provincia de Buenos Aires, produce desde cereales y oleaginosas hasta hortalizas y ganado.
Entre sus proyectos más destacados se encuentra la residencia en salud animal, un programa de excelencia en la formación de profesionales veterinarios. Coordinado junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, este posgrado ha capacitado a más de 200 especialistas de diversos países. Además, en el área de biotecnología, el INTA Balcarce investiga nuevas variedades de papa que respondan mejor a la escasez de agua, un avance de importancia para enfrentar los desafíos del cambio climático y preservar la productividad agrícola en condiciones adversas.
La reducción de personal que intenta el gobierno pone en jaque estos avances. Con el objetivo de reducir en un 15% la planta del INTA, el gobierno espera que 900 trabajadores acepten el retiro voluntario, mientras se acelera la jubilación de otros 200. Esto implica una pérdida significativa de capital humano y conocimientos acumulados, lo que afectará directamente a proyectos que son esenciales para el desarrollo económico y social del país.
En Balcarce, de los 287 empleados de la estación, solo cuatro están dispuestos a acogerse al retiro. "Lo que buscan es el vaciamiento del INTA", denuncia APINTA, el sindicato que agrupa a los trabajadores del INTA. El gremio que conduce Mario Romero, manifestó su rechazo al plan de retiros voluntarios: “La medida no favorece a los trabajadores ni al INTA, los empleados deberán evaluar bien antes de tomar cualquier decisión sobre su adhesión al plan”.
El impacto de esta medida se extiende más allá del INTA Balcarce. La región abarca distritos como Olavarría, Tandil, Necochea y Mar del Plata que depende en gran medida de las innovaciones tecnológicas que nacen de esta estación experimental. Reducir su capacidad operativa significa menos investigaciones sobre cultivos resilientes, menos avances en sanidad animal, y menos transferencia de tecnología a productores locales que dependen de la ciencia para mantener su competitividad.
En un contexto global donde la ciencia y la innovación son claves para enfrentar los desafíos del cambio climático, la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los recursos, el ajuste en un organismo como el INTA es una decisión profundamente errada. Cada investigador, cada técnico que deja su puesto representa una oportunidad perdida para un país cuya economía se sostiene con la exportación de productos agropecuarios.
El gobierno debería saber que la ciencia no es un lujo; es la base sobre la cual se construye el futuro aún desde una concepción liberal del mundo. Desmantelar a instituciones como el INTA Balcarce, demuestran la improvisación de quienes llegaron al poder prometiendo libertad de mercado y ajuste a la casta política y solo liberan precios y ajustan sobre docentes, científicos y trabajadores.