SALUD EN CRISIS
Este lunes, la Mesa Directiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales del partido que cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
Según trascendió en las últimas horas, el presidente del bloque Rodrigo de Loredo intentará contenerlos dentro de la bancada a pesar de la sanción partidaria. Desde el entorno del radicalismo parlamentario, manifestaron que “hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”.
Los legisladores sancionados son Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras se desarrolle el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.
A pesar de que fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno -y por ende en contra del proyecto que había impulsado el partido centenario- Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario.
El correntino se sumó a la bancada que lidera de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.
Hay además otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate.
En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo, sirviendo a los intereses del Gobierno.
La medida disciplinaria contra los que ya recibieron sanción se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la convención nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi. Solamente votaron en contra de la sanción los representantes de Mendoza que responden a Alfredo Cornejo y de Misiones.
En medio de las repercusiones del insólito cambio de decisión, y mientras de Loredo redobla esfuerzos para que su bloque se doble pero no se rompa, en el Congreso se rumorea que Campero ya está con un pie afuera; siendo quien explicitó más profundamente sus diferencias con la bancada que conformaba. El resto (incluido Tournier) aún está deliberando qué le conviene.
“No puede ser que una minoría ruidosa del AMBA, que tiene una impronta de colaboración con el kirchnerismo, tome este tipo de decisiones que va a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”, cuestionó un influyente diputado de la UCR en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas
“El radicalismo del interior tiene cinco gobernaciones. ¿El sector de Manes qué gobierna? ¿Y Evolución? Solamente la Universidad de Buenos Aires. Parece que la centralidad de la agenda para ellos es la cuestión universitaria. Ese tema tiene que estar, pero no es el único. Somos el radicalismo, no un centro de estudiantes”, estalló.
📝 Resolución de la Mesa Directiva de la Honorable Convención Nacional de la UCR ante las Conductas de Diputados Nacionales pic.twitter.com/miCAotBFJV
— Convención Nacional UCR (@ConvencionUCR) September 16, 2024
“Al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido”, reza la Resolución firmada por la Convención Nacional.
En este sentido, agregaron que “aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”.
El Tribunal de Ética de la UCR, integrado por Alicia Tate de la provincia de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones, tendrá en sus manos la decisión definitiva.
Otro caso polémico que fue pasado por alto es el del entrerriano Pedro Galimberti, quien sospechosamente renunció a su bancada de diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.
Resulta que el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, quien hasta hace poco era su rival político, le ofreció un cargo para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, por el que cobrará mensualmente en dólares una suma que multiplica la dieta que percibía como legislador nacional.
Así, no solo perdió un voto significativo el bando que intentaba juntar los dos tercios para anular el veto de Javier Milei, sino que además le anotó un voto al bando que buscaba blindar el veto, ya que al comienzo de la sesión juró como su reemplazante fue la macrista Nancy Ballejos.
Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto a la mejora a jubilados, pero decidió adelantar su salida.
La presunción de un sector de la oposición es que en el medio hubo una transacción poco transparente para que el Gobierno se compre un voto en una batalla crucial para el objetivo del equilibrio fiscal.
