ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Más allá de la caída de la recaudación por la depresión económica impuesta por el Gobierno, como suele decirse desde una visión unitaria naturalizada, el “Interior” asiste perplejo a una crisis generalizada de grandes proporciones, que le genera un mayor impacto por la baja deliberada en el giro de fondos coparticipables desde la administración central.
Las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y CABA en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones cayó un 18,5% en términos reales en agosto en relación a igual mes del año pasado. Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el mes pasado las jurisdicciones recibieron apenas $3.746.000 millones.
En agosto las transferencias totales automáticas a provincias y CABA habrían caído un 18,5% real interanual, con lo que en el acumulado del año la caída interanual habría sido del 14%.
— IARAF (@IarafArg) August 30, 2024
Informe económico IARAF https://t.co/pWdHmDwFmP
Como el Gobierno nacional se maneja con el Presupuesto 2023 prorrogado tiene un amplio margen para aumentar y redirigir partidas, pero como el giro de fondos a las provincias debe ser diario y ahora es semanal, la retracción implica un problema cotidiano para muchos gobernadores sin holgura en sus propias arcas.
Es bueno aclarar que en el acuerdo actual el 42,34% de la masa coparticipable neta le corresponde a la Nación, mientras que el 56,66% se asigna a las provincias (el 1% restante va a ATN), el régimen está regido por una ley nacional y tiene una base de equidad en lugar de igualdad, ya que Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe explican, en conjunto, el 70% del valor agregado bruto nacional, mientras que las otras 20 provincias aportan el 30% restante.
Ya en el primer trimestre de 2024, el Gobierno nacional no le había enviado a las 24 jurisdicciones uno de cada cinco pesos que les corresponden, con lo que el recorte rondaba el 19% a nivel interanual. Salvo en mayo, como excepción por la liquidación del impuesto a las ganancias de las sociedades, todos los meses hubo caída en los giros del Tesoro.
Esta situación obedeció en parte a la menor recaudación de los impuestos nacionales que conforman la masa coparticipable a distribuir, principalmente IVA, Ganancias y Bienes Personales. Y aunque no se lo diga, esa merma en los ingresos tributarios es producto del esquema económico implementado de diciembre a esta parte.
De hecho, apenas asumió subió el impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% que este mes retrotrajo, no sólo para contener la salida de dólares para el pago de bienes y servicios del exterior, sino además como fuente de ingresos tributarios para uso exclusivo de la Nación, ya que ese tributo no es coparticipable. A fin de año le habrá aportado a las arcas públicas, alrededor de US$17.000 millones al tipo de cambio oficial, según el IARAF.
Sin embargo, y dicho por el propio Javier Milei, el ahogo financiero a las provincias fue también un axioma ideológico y una estrategia política frente a su debilidad legislativa. Por otro lado, las transferencias discrecionales se eliminaron casi por completo (-85%), incluso frente a emergencias y desastres climáticos. Ni que hablar de las deudas de Nación con las cajas previsionales provinciales.
Con el lema de “no hay plata”, la alianza con Luis Caputo y la acusación de casta en la boca, el presidente llegó a decir “los voy a fundir”, frente al reclamo de gobernadores que no estaban recibiendo los fondos que le pertenecen, lo que además tenían a los intendentes en tensión con los sectores sociales más castigados de sus territorios.
A esto se suma, por el objetivo de alcanzar déficit cero basado en el mínimo gasto e inversión pública, el desfinanciamiento total o parcial de las políticas nacionales en educación, salud, vivienda, transporte, seguridad, obras públicas, que afectan a la gestión pública en las 24 jurisdicciones subnacionales y a la población en todo el país.
Pero la situación no es igual para todos: hay gobernadores muy perjudicados y otros casi al borde del colapso. Por ejemplo, esta semana el presidente Javier Milei y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri se reunieron para la firma del acta acuerdo por el traspaso de las 31 líneas de colectivos urbanos de Nación a CABA.
Al hermano del expresidente de la Nación se lo veía feliz, pese a que el secretario de Transporte nacional le había adelantado que desde este mes el Gobierno dejará de subsidiar, y en conferencia de prensa admitió que mantendrá las tarifas del servicio sin aumento, y el subsidio al boleto integrado con la tarjeta SUBE con fondos propios.
Para la jurisdicción más rica del país esa erogación no será ningún problema, se trata de unos $8.500 millones al mes, además tiene la opción de aumentar la tarifa en breve y llevarla a $700 como dice que estaría sin subsidio, o a un precio pleno de $1.500 como piden los empresarios del transporte urbano de pasajeros. El gobierno cortó estos subsidios al Interior desde febrero pasado.
Pero la sonrisa y el cálido abrazo con Milei en la foto tiene dos explicaciones menos explícitas: más por lo que gana, que por lo que pierde. En primer lugar, y si bien la Nación le dejará de girar a CABA los fondos de subsidio al transporte, el traspaso de esta actividad le abre el camino para otras, más añoradas por los sucesivos gobiernos porteños, no sólo para realizar una mayor autonomía formal, sino por sus implicancias políticas, jurídicas y, sobre todo, económicas.
A esto se suma que, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el incumplimiento de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal, el Gobierno aseguró que la acataría (a diferencia de Alberto Fernández, que no le reconocía el 2,95% otorgado por Mauricio Macri), y Economía acordó desde agosto el envío de $20.000 millones semanales.
Aunque Macri pretendía un goteo diario en la cuenta del Banco Nación, para mostrar su buena voluntad el Gobierno ya emitió una resolución para incrementar el presupuesto y apartar más de $450.000 millones de los fondos coparticipables, con el objetivo de saldar esta deuda que se arrastra desde fines de 2022.
Más allá de la cercanía personal, como demostraron en La Rural de Palermo, la afinidad ideológica en muchas materias y la virtual alianza política del PRO y LLA en el Congreso y en algunas áreas del Poder Ejecutivo, ambos mandatarios son la excepción de la regla.
Por el flujo discontinuo de la coparticipación federal, pero no sólo por eso, la relación con los demás gobernadores fue conflictiva al comienzo, tuvo la asistencia de 18 de ellos a la firma en julio del Pacto de Mayo en donde se incluyó este punto, y ahora se encuentra en una tensa calma aunque persisten las asimetrías.
Casi en las antípodas de Macri está el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que maneja el distrito electoral y económico más poderoso, con el que el presidente Milei tiene un encono personal de larga data y sobre el que aplica una discrecionalidad manifiesta para el envío de las transferencias. De hecho, le quitó el subsidio al boleto integrado en su jurisdicción y por eso la provincia acudió a la CSJ.
Este miércoles, durante una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof señaló: “Es el quinto reclamo que presentamos ante la Corte Suprema por fondos que nos quita el Gobierno nacional: vamos a seguir peleando por los recursos que le corresponden al pueblo de la provincia de Buenos Aires”.
“El Gobierno nacional no está haciendo nada nuevo: como ya sucedió muchas veces en la Argentina, les sacan financiamiento a las provincias mientras les transfieren más responsabilidades. La única partida del presupuesto que crece es la del pago de los intereses de la deuda: le están quitando recursos a la gente para entregarlos a los acreedores”, concluyó.
Según el informe del IARAF en el acumulado al octavo mes del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $25.208.000 millones, lo que se traduciría en una caída real interanual del 14% al descontar la inflación del período.
Sin embargo, el cuestionamiento de las provincias no está centrado en la baja recaudación centralizada sino en la detracción sistemática de los giros automáticos del Tesoro. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso referido en particular al segundo trimestre de 2024, confirma que las provincias y CABA perdieron en promedio un 18,7% de las transferencias totales en el período en términos reales.
Y en el análisis de la ejecución presupuestaria de julio, último relevamiento de la OPC, se puntualiza que las transferencias corrientes a provincias retrocedieron 83,5% en forma interanual. Ahí está el nudo que demuestra el unitarismo real de la caja frente a la declamada visión federal. Está claro que la Nación vive de las provincias y no a la inversa.
