Por: Mg. Lautaro González Amato

Esta semana, el presidente Javier Milei firmó el DNU 780/2024, que modifica la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública al reglamentar aspectos sustantivos de la norma, sancionada por el Congreso en 2016. Es un claro ataque a la democracia y al derecho que todo “argentino de bien” posee para solicitar, buscar, acceder y difundir datos, registros y documentos en poder del Estado.

Este decreto, ya publicado en el Boletín Oficial, lleva también la rúbrica del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y en lugar de fortalecer la transparencia en la gestión de gobierno, la debilita de forma considerable. Con esta medida, Milei se aleja de los principios de libertad pregonados en las ideas de Juan Bautista Alberdi -que él mismo asegura reivindicar- y coloca a la ciudadanía en una posición de desventaja frente al Estado, que se vuelve cada vez más gris y cerrado.

La democracia no es sólo un sistema de gobierno, es un contrato social donde el poder emana del pueblo y debe estar sujeto a su escrutinio. La transparencia en la gestión pública es esencial para que este contrato se mantenga. Sin embargo, este DNU establece restricciones que limitan severamente el derecho de los ciudadanos a acceder a información relevante de la gestión gubernamental. 

Al crear una diferenciación arbitraria entre “información pública” y “datos de naturaleza privada”, y al introducir la figura de la “mala fe” para descalificar solicitudes de acceso, el Gobierno no solamente busca silenciar las voces incómodas, sino también consolidar un sistema en el que las decisiones del Poder Ejecutivo se mantengan lejos de la mirada ciudadana y no se sometan al arbitrio de los asuntos públicos.

Esta medida despierta una ola de críticas desde diversos sectores. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que, bajo la excusa de ajustar la reglamentación de la ley, el Gobierno “vuelve al Estado más opaco y menos transparente”. La UCR, por su parte, es contundente en su rechazo: la diputada Carla Carrizo subraya que “es inaceptable limitar el derecho a la información pública en un país que se dice defender las ideas de la libertad”.

También el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, instó al Gobierno a que deje sin efecto el decreto ya que el espacio cree que “la única instancia para evaluar si un pedido de acceso a información puede denegarse o no, es la Justicia”.

Asimismo el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, afirmó que el los diputados presentaron "un proyecto de resolución en contra del decreto" y agregó: "Ellos (por el gobierno) lo disfrazan como una reglamentación del contenido de la ley" para que se tome como una "atribución del Poder Ejecutivo".

En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresa también su preocupación por el decreto, ya que contiene excepciones “que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto ‘interés público'”.

En esa dirección, la entidad considera que esas restricciones “podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia”.

Desde el Congreso de la Nación, el bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, indagó a Francos y a la Agencia de Acceso a la Información Pública si era necesario “instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública”, a la vez que le preguntó si la AAIP fue consultada por los alcances del decreto y cuál es su postura al respecto. 

El artículo 2 del decreto es especialmente preocupante, ya que limita el concepto de “información pública” al excluir cualquier dato que contenga información de “naturaleza privada”. Esto podría permitir que funcionarios y magistrados oculten información crucial bajo el pretexto de que pertenece a su esfera personal, dificultando así la labor de control y rendición de cuentas que debe ejercer la ciudadanía. 

Además, se excluyen las deliberaciones preparatorias y los papeles de trabajo, lo que protege de manera indebida los aportes del sector privado que influyen en las políticas públicas, tal como ha señalado el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su cuenta oficial de X.

El Gobierno intenta justificar estas medidas argumentando que se trata de reglamentar adecuadamente una ley que estaba “mal hecha” durante la administración anterior. Lo cierto es que esta explicación no resiste el menor análisis. La verdadera intención del decreto parece ser la de proteger a los funcionarios de preguntas incómodas, escudándose en un concepto vago de “mala fe” para rechazar solicitudes legítimas de información. Este tipo de medidas es característico de gobiernos que temen la crítica y buscan perpetuar su poder a través de la restricción de derechos, socavando los pilares democráticos.

En un contexto donde la información es poder, la ciudadanía no puede permitirse que su derecho a conocer y saber la verdad sea cercenado. El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente, y cualquier intento de restringirlo debe ser visto como un atropello a los principios democráticos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para el funcionamiento saludable de una democracia; sin ellas, el poder se convierte en un instrumento de abuso y corrupción.

Es crucial que todos los sectores de la sociedad, desde las organizaciones civiles hasta los partidos políticos, encuentren un camino de unidad en defensa de este derecho esencial. La democracia argentina ha enfrentado complejos desafíos a lo largo de su historia y ha sobrevivido gracias a la resistencia y la vigilancia de sus ciudadanos. No podemos permitir que el DNU 780/2024 se convierta en un precedente que nos aleje de la transparencia y nos lleve hacia un gobierno que opere en las sombras.

Este decreto no sólo atenta contra el derecho de acceso a la información pública, sino que también envía un mensaje preocupante sobre el rumbo que pretende tomar el Gobierno. Defender la democracia es un deber de los políticos y los medios de comunicación, como también una responsabilidad compartida por todos los ciudadanos. El momento de actuar es ahora, antes de que esta arremetida a la transparencia se convierta en un golpe fatal a nuestra democracia.