Por Patricio Ballesteros Ledesma

El Poder Ejecutivo cambió las atribuciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y empoderó a su nuevo presidente Nicolás Alberto Pakgojz, exjefe de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano de CABA con Larreta y vinculado a Eduardo Elzstain, presidente de la empresa de real estate IRSA y dueño del hotel Libertador, donde se alojó de cortesía Javier Milei durante la campaña electoral y hasta que se mudó a la Quinta de Olivos ya ungido como presidente de la Nación.

Mediante el Decreto 636/2024 del 18 de julio firmado por Javier Milei y Guillermo Francos se le otorgaron al titular de la AABE, que es un organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado nacional”. 

La misma norma habilitó al presidente de la Nación a vender inmuebles y terrenos en el país y el exterior de propiedad estatal a su sola firma, o la del jefe de Gabinete si su valor catastral es inferior a $1.500 millones, algo que podría declararse como anticonstitucional si no pasa por la aprobación del Congreso nacional.

Ya en el Decreto 598/19 se había instruido a la agencia para que proceda a la inmediata enajenación de todos aquellos bienes que ingresen al patrimonio del Estado nacional como consecuencia de decomisos efectuados por orden de la justicia, salvo que se disponga un destino específico para su uso y/o utilización. 

La idea era poner a la venta inmuebles o predios en desuso, tanto en el país como en el exterior, pero con el cambio de gobierno y el desmantelamiento de muchos ministerios e institutos nacionales, ahora se busca enajenar otros edificios y terrenos públicos hasta hace meses en plena actividad.

El edificio donde funcionaba el ex Ministerio de la Mujer es uno de los más redituables para las arcas públicas, por el interés como oportunidad para las firmas de negocios inmobiliarios, así como el predio de la Televisión Pública, que estuvo en la mira desde el primer día de gestión, aunque hay un impedimento judicial que no lo permite. El terreno en Pacheco donde está la antena de Radio Nacional también está en la mira.

Sin embargo, el grueso de los terrenos con mejores perspectivas de adquisición son diversos terrenos muy bien localizados y valuados en el mercado de bienes raíces, con infraestructura de categoría y servicios disponibles, de las FF.AA y otros organismos de seguridad nacional.

Y aunque no existe un inventario completo y actualizado, estiman que el Ejército tiene más de 1.500 inmuebles, la Armada unos 3.500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3.000, distribuidos en todo el país y varios de ellos en entornos naturales ideales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de todo tipo.

Entre los terrenos más codiciados están el Campo Hípico y los terrenos de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército, dos de los predios más caros de CABA, ubicados en una zona estratégica, el Regimiento de Infantería 1 (Patricios), en el corazón de Palermo y el edificio del Regimiento de Granaderos. 

También están muy bien cotizados el edificio del Círculo de la Fuerza Aérea y el predio del Servicio Meteorológico Nacional, frente al Aeroparque Jorge Newbery. 

Pero además, en los últimos meses, todos los ministerios y dependencias estatales recibieron el pedido de la AABE para que se le informe sobre la cantidad total de inmuebles y terrenos que tienen a disposición, y no sólo aquellos que están abandonados o en malas condiciones.

También están al alcance de la subasta pública buena parte de las instalaciones ferroviarias abandonadas, terrenos colindantes y los predios que están en poder de las universidades nacionales, de algunos organismos como el INTI, el INTA y hasta el predio bonaerense Tecnópolis, que hoy se alquila en parte a productoras privadas.

En el interior del país hay perlitas como Campo de los Andes, un paraíso turístico de Mendoza donde el Ejército posee unas 10.000 hectáreas y la Fábrica Militar de Río Tercero en Córdoba, una de las seis sedes de Fabricaciones Militares en manos del Ministerio de Defensa, que además de su valor inmobiliario tiene un plus estratégico.

Aunque a primera vista podría parecer que el mayor desregulador y privatizador ha sido el presidente Carlos Menen junto a su ministro Dromi, el que se lleva el lauro de haber rematado más cantidad de tierras públicas fue Mauricio Macri, que inició ese negocio ya cuando era jefe de gobierno porteño. 

Con la ayuda de Federico Sturtzenneger en lo primero y su nuevo titular en la AABE para lo segundo, Milei planea superar su récord de recaudar US$676 millones en esta materia. 

Entre 2016 y 2019 se habilitaron 71 procesos de venta de terrenos y predios bajo la órbita estatal, según un informe de la SIGEN, de los cuales sólo uno se hizo vía licitación pública. 

La mayoría estaban localizados en CABA (casi 8 de cada 10), y el expresidente incluso fue investigado por la Oficina Anticorrupción por los traspasos a Horacio Rodríguez Larreta de tierras públicas de Nación a Ciudad sobre el final de su gestión.

El sueño declarado de Milei era como el de su mentor Menem privatizar todo lo que estuviera en manos del Estado, y en el que tenía trabajando duro con los principales interesados del mercado a su ahora ministro de Desregulación, pero los idas y vueltas con la Ley de Bases le achicaron la oferta disponible.

El abogado y titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, hace años investiga y denuncia las ventas de tierras en el territorio porteño y en forma periódica realiza campañas y junta de firmas para concientizar y detener lo que considera un negociado de los bienes públicos.

"El Plan Sistemático de venta de tierras públicas que implementará Milei va en contra de la Constitución nacional, por que no tiene autorización del Congreso para hacerlo y podrá constituir la comisión del delito de asociación ilícita, que alcanzará a todos los que participen en estas ventas", afirmó sobre el particular al diario Página 12.