Por: Miguel Di Spalatro

La educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un bastión de inclusión y movilidad social, un derecho al que todos los ciudadanos podían acceder sin importar su situación económica. Sin embargo, en la actualidad, ese derecho es cada vez más difícil de ejercer. A pesar de la gratuidad formal de las universidades públicas, estudiar en ellas se ha convertido en un desafío económico que excluye a muchos jóvenes.

En un país donde el salario mínimo, vital y móvil apenas alcanza los 250.000 pesos, las dificultades financieras que enfrentan los estudiantes universitarios son cada vez más graves. La situación es especialmente compleja para aquellos que deben migrar a ciudades universitarias, como La Plata, Mar del Plata, Tandil o Bahía Blanca, donde los costos de vida son significativamente altos. Según un estudio reciente del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), el costo mensual para un estudiante de la Universidad Nacional del Sur supera los 586.000 pesos, una cifra abrumadora para cualquier familia de ingresos medios o bajos.

Los gastos relacionados con la educación van mucho más allá de la matrícula universitaria, que en las universidades públicas es gratuita desde 1949. Alquileres, servicios básicos, transporte, materiales de estudio, y alimentación son solo algunos de los costos que enfrentan los estudiantes. En ciudades universitarias los alquileres han experimentado incrementos constantes y, a menudo, los jóvenes deben elegir entre pagar el alquiler o cubrir otras necesidades básicas. La eliminación por parte de la administración de Javier Milei del Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos y el incremento de los pasajes de larga y media distancia, se suma a la lista de obstáculos. Para muchos estudiantes que viven lejos de las universidades, los costos de movilidad se vuelven prohibitivos. El costo de los alimentos necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos, que permitan niveles de concentración apropiados, es de 131.294 pesos en territorio bonaerense, según la medición de INDEC.  Además, quienes trabajan para costear sus estudios deben enfrentarse a la dificultad de compaginar horarios laborales y académicos, lo que afecta su rendimiento y, en muchos casos, los obliga a abandonar sus estudios. 

A esta realidad se suma la crisis que afecta al cuerpo docente de las universidades públicas. Los salarios de los profesores han sido gravemente erosionados por la inflación, con aumentos salariales que no compensan la pérdida de poder adquisitivo. La Federación Nacional de Docentes Universitarios ha denunciado que, desde diciembre de 2023, los salarios han experimentado una pérdida real del 55%, llevando a los docentes a una situación de emergencia.

Esta precarización ha desencadenado numerosas medidas de fuerza, incluyendo paros de 48 y 72 horas, en reclamo de una recomposición salarial que esté a la altura de la crisis económica que atraviesa el país. El conflicto también ha sacado a la luz la subejecución del presupuesto universitario por parte del gobierno nacional, lo que ha dejado a varias instituciones al borde del colapso financiero.

Hoy el gobierno nacional no garantiza las condiciones necesarias para que la educación universitaria sea verdaderamente accesible para todos. La falta de un presupuesto adecuado, el recorte en fondos destinados a la infraestructura universitaria, y la incapacidad para ofrecer salarios dignos a los docentes son indicadores de un sistema que se desmorona bajo el peso de políticas negligentes, que van construyendo una sociedad para unos pocos privilegiados y cada día más excluidos. 

Miles de estudiantes ven sus sueños truncados por una exclusión silenciosa. La universidad pública, que debería ser un lugar de oportunidades, se está convirtiendo en un espacio para quienes pueden permitirse sostener los crecientes costos. Quienes no pueden, se ven obligados a abandonar sus estudios, perpetuando un ciclo de desigualdad que afecta no solo a los individuos, sino al desarrollo social y económico del país.

En este contexto, es fundamental seguir defendiendo la educación pública. No se trata solo de salarios docentes o de mejoras infraestructurales, sino de garantizar que cada joven que desee estudiar pueda hacerlo sin tener que sacrificar su bienestar o su futuro. El gobierno de Javier Milei, que ya transita por su octavo mes de mandato, debería asumir su responsabilidad y adoptar medidas urgentes para asegurar que la educación universitaria, vuelva a ser un derecho accesible para todos, y no un privilegio para unos pocos.