ENTRETELONES DE CASA ROSADA
El 9 de julio, Rocío González había denunciado a Germán Olivares por violencia de género ante el Juzgado de Paz Letrado de Bolívar. El viernes 2 de agosto, Olivares ingresó a la casa de Rocío, derribando una puerta lateral; atacó a la víctima, que había terminado de ducharse. Con una navaja, que tomó de la guantera de su auto —que estacionó a una cuadra para que no lo vieran los vecinos—, asesinó a Rocío.
La autopsia realizada sobre el cuerpo de Rocío González por la Dra. Cintia Menéndez, del equipo de peritos científicos de Azul, constató que la mujer recibió 24 puñaladas, algunas mortales y otras defensivas.
Rocío —mamá de una niña de cinco años, cuyo padre es el femicida Olivares— era sargento de la policía bonaerense y prestaba servicios en la Comisaría de la Mujer de Bolívar. No había realizado ninguna denuncia penal contra Olivares, pero había solicitado al Juzgado de Paz Letrado de Bolívar una prohibición de ingreso y acercamiento, perímetro de exclusión de 200 metros a la redonda, prohibición de contacto mutuo, y cese de los actos de molestias, perturbación y hostigamiento. Sin embargo, el juzgado solamente le otorgó el cese de los actos hasta el 10 de septiembre. No aceptó las prohibiciones que había solicitado.
A poco de conocerse el hecho, hubo movilizaciones espontáneas de repudio. El auto que Olivares había dejado a cien metros de la casa fue quemado, y por las redes sociales se organizó una marcha multitudinaria el sábado.
La fiscal de Bolívar, Dra. Julia María Sebastián, titular de la UFI 15, que estuvo desde que se conoció el hecho garantizando el proceso investigativo, dijo ante los medios locales que "el hecho es movilizante para todos. Entiendo la movilización desde el reclamo por el respeto a los derechos de la mujer y de la atención primordial que el Estado debe darles a hechos de esta naturaleza. Desde lo que es el pedido de justicia, le digo a la población que la justicia ha actuado desde el primer momento. El imputado está aprehendido, se pidió lo que se podía pedir, que es la detención; la calificación legal que se le ha enrostrado es la más grave que prevé el Código Penal, con prisión y reclusión perpetua por tratarse de un homicidio doblemente calificado, en principio porque se da la figura del femicidio y además por ser la ex pareja de la víctima. Finalmente, se han ordenado todas las medidas que están a nuestro alcance".
Rocío, en su denuncia ante el Juzgado de Paz, había solicitado medidas restrictivas a las que no se dio lugar, a pesar de poner al juzgado en conocimiento de lo violento que era su agresor.
“Yo pediría ahora como reforma que, en casos de ilícitos por desobediencia, lesiones leves o amenazas —es decir, aquellos delitos que en principio no son detenibles— se permita la detención sin excarcelación para las reiteraciones, siempre que sean en contexto de violencia de género. Quizás de esta forma nos acercaríamos más a la protección de las víctimas y evitaríamos algunos hechos luctuosos, como el que estamos analizando. Nosotros siempre pedimos las detenciones en estos casos, pero luego son excarcelados, y no siempre se logra que el imputado recapacite y tome conciencia", explicó la fiscal Sebastián, que reconoce que en los últimos tiempos hubo reformas legales que permiten valorar las pruebas con una perspectiva de violencia de género, algo que antes no sucedía.
El crimen fue caratulado como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género, en concurso real con desobediencia”. El Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, a cargo de la Dra. Fabiana San Román, dispuso este martes la conversión de la aprehensión en detención y el traslado del detenido a la Cárcel de Sierra Chica.
La Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Bolívar, que conduce Marianela Zanassi, también se expresó: "Desde este equipo de trabajo, que a diario aborda y acompaña situaciones de violencia por razones de género, lamentamos profundamente la muerte de Rocío, a quien además conocimos por su trabajo en la Comisaría de la Mujer. En un contexto en el que a nivel nacional se habilitan y legitiman nuevamente discursos de odio contra las mujeres, se desaparecen políticas públicas producto de años de lucha y se pone en duda la violencia por razones de género como un problema social y público, hoy en nuestra comunidad una mujer más muere a manos de un femicida”, dijeron en un comunicado.
El gobierno que encabeza el intendente Marcos Pisano reclamó además que las instituciones actúen con perspectiva de género: “Necesitamos de una vez una reforma judicial feminista. Esto no es una frase hecha sino una necesidad imperiosa para que no muera una mujer más a manos de la violencia machista. Desarmar y desentrañar todos los esquemas aprehendidos que hacen que aún hoy tengan lugar y se justifiquen distintos tipos de violencias contra las mujeres y LGBTI en distintos ámbitos es urgente y responsabilidad de todos”, dijeron.
El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 147 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. En el 85% de los casos, existía una relación preexistente entre la víctima y el victimario, mayormente de pareja, expareja o sexo afectiva. Los métodos más comunes utilizados para cometer los femicidios fueron apuñalamiento, uso de armas de fuego y estrangulamiento. El hogar de la víctima o la vivienda compartida con el femicida son los lugares más frecuentes donde se cometen estos crímenes. Además, 91 niños y niñas quedaron huérfanos a causa de los femicidios. Las estadísticas del OFDPN evidencian la necesidad urgente de políticas públicas efectivas, medidas de prevención, educación y concientización, y un sistema que responda adecuadamente, comenzando por creerle siempre a la víctima y protegerla de su agresor.
