Por Héctor Bernardo

El gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou ha presentado una propuesta de ley de medios de comunicación que ha generado controversia y críticas por parte de diversos sectores. Sindicatos de la comunicación aseguran que se trata de una ley privatizadora y extranjerizante que, además, pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión.

Una de las principales críticas hacia esta propuesta de ley es que se percibe como un intento del gobierno por controlar y censurar a los medios de comunicación, limitando así la libertad de expresión y el acceso a la información plural y diversa. Esta ley buscaría restringir la independencia de los medios de comunicación y favorecer la concentración de la propiedad de los mismos en pocas manos, lo cual podría limitar el pluralismo informativo y la diversidad de opiniones en el espacio mediático uruguayo.

La oposición denuncia que la ley otorga amplios poderes al gobierno para regular y sancionar a los medios de comunicación, lo que podría llevar a una censura previa y a la persecución de periodistas y medios críticos. Además, se critica la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso de elaboración de la ley.

“Esta ley es un intento de controlar la información y silenciar las voces que no se alinean con el gobierno", afirmó el diputado opositor, Juan Carlos Bengoa. "Es un retroceso para la democracia y la libertad de expresión en Uruguay”.

Por su parte, según informó la agencia de noticias Prensa Latina, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) convocó a un paro en defensa de la empresa pública y contra la decisión del gobierno uruguayo de aprobar un consorcio de cableras de televisión privadas.

El sindicato asegura que el texto del proyecto de ley favorece la concentración mediática, las privatizaciones y la extranjerización de los medios.

Desde un primer momento el proyecto generó polémica ya que fue enviado al poder legislativo von carácter de “grave y urgente”, lo que le valió una serie de críticas desde la oposición.

Tanto desde la dirigencia sindical como de la oposición aseguran que el artículo 72 de la normativa propuesta por el gobierno vulnera el derecho a la libertad de expresión ya que sentaría las bases para la “censura previa”.

Debido a ello, diversos organismos internacionales han cuestionado el proyecto de ley y, en particular, el polémico artículo 72.

Dicho artículo señala que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, parcial y equilibrada entre los actores políticos”. Según aseguran los especialistas el Poder Ejecutivo tendría la facultad de determinar los contenidos que emitan los medios de comunicación, lo que implicaría la posibilidad de realizar “censura previa”.

Esa parte del texto encendió las alarmas de la oposición, los sindicatos y organismo como la Unesco y la SIP.