Por Patricio Ballesteros Ledesma

La teoría política indica que las medidas más drásticas o antipáticas tienen que tomarse al inicio de la gestión, que es cuando el gobierno entrante tiene el poder de las urnas más fresco. 

Sin embargo, rápido no es sinónimo de bueno. Un refrán laboral dice: ¿Cómo lo quiere, rápido o bien? Gradualismo, tibieza, inacción o brutalidad, tampoco son lo mismo a nivel político gubernamental.

Esto sirve para muchos órdenes de la vida, incluso para la gestión de la administración pública, en donde es importante pensar cuál es el impacto de una medida, a quiénes afecta más y por cuánto tiempo. La sensibilidad social no tiene por qué estar afuera de los análisis, sobre todo en la esfera pública.

Al arrancar la gestión con una mega devaluación con el objetivo declarado de sincerar precios, que apreció la cotización del dólar oficial un 118% pero depreció la moneda local más del 50%, está claro el enorme beneficio para los que tienen activos valuados en moneda extranjera, los exportadores y el gran perjuicio para los que viven de sus ingresos en pesos.

Si los precios pisados y no aumentan con total libertad, con una desregulación completa impulsada desde la gestión económica, es lógico que si no son acompañados por una recomposición acorde de los salarios y los ingresos de los trabajadores activos y pasivos, el poder adquisitivo disminuye y el aumento del costo de vida sólo puede ser afrontado por los sectores más acomodados.

Por eso es que la inflación y la inseguridad, que eran los temas más potentes en la campaña del año pasado, ahora han pasado a un segundo plano y en las encuestas de opinión pública resurgen otros no menos importantes, como el desempleo y la pobreza.

Y más allá de que hay muchos que ponen en duda esta medición privada, como también lo hacen y hacían con las cifras oficiales del INDEC, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA informó la semana pasada que el índice de pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% en el primer trimestre del año.

La progresión de la crisis es en caída libre y se acerca al máximo histórico del 57,5% en 2002: la situación de emergencia creció en el primer trimestre de 2024 casi 11% con respecto al cuarto trimestre de 2023, cuando la cantidad de personas en esa situación abarcaba el 45,2% de la población y la indigencia al 14,6%.

Esta situación implica que los primeros no tienen suficientes ingresos para cubrir la canasta básica total (CBT) y los segundos la canasta básica alimentaria (CBA), que releva mes tras mes el INDEC en todo el país y publica a los quince días. 

Los datos del último informe de la UCA precisan que la ciudad más pobre del país es la capital de Chaco y sus alrededores: el 79,5% de los habitantes de Gran Resistencia es pobre y de ellos el 38,6% es indigente.

En tanto, la que registra los menores niveles de la catástrofe social, aunque no la exime de la crisis general, es la Ciudad de Buenos Aires: el 25,5% de los porteños es pobre y el 8,5% indigente.

El dato más alarmante está dado por la situación de la pobreza infantil, que según el INDEC alcanzó en el primer trimestre al 58,4% de los menores de 14 años, que en total rondan los 10 millones de habitantes censados. 

Unicef Argentina en su último informe eleva este porcentaje al 69% de ese universo de niños, niñas y adolescentes, de ahí la vital importancia de sostener, dinamizar y amplificar la asistencia estatal con alimentos saludables y nutritivos a esta franja etaria y a los comedores escolares a donde asisten.

Así, en el primer trimestre de la gestión Milei cayeron en esta situación de vulnerabilidad 3 millones de argentinos más, una cantidad de personas que se duplicó con relación a igual período del año pasado. Entonces, hasta marzo de este año había 27 millones de pobres en el país, de los que 7 millones eran indigentes. 

El porcentaje de la población total afectada es el más alto en dos décadas y duplica al pico máximo alcanzado durante la segunda gestión del ex mandatario Carlos Menen, señalado por el actual presidente como el mejor de la historia argentina, que por esa época tenía a su otro ídolo como ministro de Economía (Domingo Cavallo).

Cuando asumió su primera presidencia Cristina Kirchner en 2007 logró bajar el índice de pobreza recibido del 37% al 28%, aunque al finalizar su segundo mandato entregó el indicador en torno al 30% y el de indigencia en 5,9%. 

Por su lado, Mauricio Macri terminó su gestión con una crisis económica y social que incrementó la pobreza al 35,2% y la indigencia al 8%. Vale aclarar que ante el descrédito de la anterior medición, cuando en 2016 el INDEC volvió a medir la pobreza cambió la metodología, puso una canasta básica más amplia y cara, por lo que se sumaron entre 10 y 12 puntos más de pobres.

Más allá de las expectativas iniciales, y en gran medida por influencia de la pandemia, el presidente Alberto Fernández no logró bajar esos indicadores y dejó al país con un 40,1% de pobres y 9,3% de indigentes. 

Este universo de millones de personas se mide por los ingresos mensuales de las personas, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, es mayor o menor según la zona geográfica y tiene una composición heterogénea.

Si bien se trata de una situación heredada en muchos lugares por el contexto familiar y territorial, a lo que se conoce como pobreza estructural, los vaivenes económicos han llevado a que algunos puedan superar la línea en forma generacional, aunque son millones los que cada año caen en esta situación y, lo que es más paradójico, aún teniendo empleos registrados en relación de dependencia.