COMERCIO EXTERIOR
En la medida en que la recesión económica está virando hacia una depresión, a las caídas sucesivas en los índices de actividad, inversión, ventas y consumo se agrega cada mes con más volumen la pérdida de empleos y la ola de suspensiones en el sector privado.
El cierre de cuentas sueldo en los bancos privados y públicos informado por la Anses en los últimos meses es un claro indicador de los despidos crecientes, pero también lo es la tramitación de más de 38,000 expedientes de procedimientos preventivos de crisis presentados por empresas de diverso tamaño de todo el país, desde que asumió Javier Milei hasta la primera semana de julio.
No es que antes no hubiera, pero desde la cartera que dirige el ex abogado a tiempo completo del Grupo Techint Julio Cordero advierten un fuerte incremento, un 40% más en ese período que años anteriores, y un promedio de 10 nuevas empresas tramitando solicitudes por mes.
El Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE) es un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 e implica una instancia de negociación temprana, que puede culminar con suspensiones o incluso con despidos con un costo menor para las empresas y debe tramitarse antes de la comunicación de cualquier decisión unilateral al personal.
En la práctica es un mecanismo tendiente a prevenir despidos tempranos con la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (hoy Secretaría), como mediador frente a las partes en dicho procedimiento.
El PPCE está previsto en el marco regulatorio legal laboral vigente, como la Ley 20744 de Contrato de Trabajo en sus artículos 219, 220 y 222, la Ley 24013 Nacional de Empleo en el Capítulo VI prevé el PPCE en los artículos 98 a 105, la Ley 23546 de Procedimiento para la Negociación Colectiva en su artículo 4 y el Decreto 265/02 que reglamenta el PPCE previsto en la Ley Nacional de Empleo.
Corresponde iniciar el PPCE cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores.
Cuando no se alcancen dichos porcentajes, deberá iniciarse el trámite del Decreto N° 328/88, antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador.
Por el desplome de la producción de las seis terminales automotrices que operan en el país, con caída de ventas en el mercado interno pero también en la exportación, las dos principales fabricantes de neumáticos recurrieron a este mecanismo: Fate hace dos meses y Bridgestone esta semana.
Del último informe oficial del empleo privado registrado surge que el sector industrial y la construcción son los más castigados y Buenos Aires, Santa Fe y Santa Cruz las provincias que más puestos de trabajo perdieron desde la asunción de Milei como presidente.
Según los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en abril de 2024 el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un 0,2% en relación con el mes anterior. Esta variación negativa implica que alrededor de 13.000 personas se desvincularon de puestos de trabajo formales en el ámbito privado.
En la evolución, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 al menos 144.000 asalariados registrados del ámbito privado perdieron sus puestos de trabajo, lo que implica una reducción del 2,3% durante ese período. Pero como la mitad de los trabajadores del país está en la informalidad, es casi imposible saber cuántos de ellos están perdiendo sus fuentes de ingresos.
El análisis de la cartera sobre el empleo destaca que “la actual fase ya supera en duración a los períodos contractivos verificados en la crisis internacional de 2008, la devaluación de la moneda de 2014 y la pandemia del COVID-19”.
En un estudio similar en cuanto al alcance, y aunque se centra en un semestre, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un análisis de la dinámica laboral y empresarial entre noviembre de 2023 y abril de 2024 y los indicadores son más alarmantes.
Si se compara la cantidad de empleadores que declararon trabajadores en ese período ante la Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano, se redujo de 512.357 a 504.497 casos, perdiéndose en total 7.860 empresas.
Y si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros cinco meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,5% del total de los casos (7.820 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,5% (40 casos).
En paralelo, en el mismo período mencionado, se redujo un 1,73% la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas, con una pérdida de 170.695 puestos: de 9.857.173 a 9.686.478.
