Por Héctor Bernardo

Los medios de comunicación han mostrado como exitosa la política de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, las denuncias por violaciones a los derechos humanos se suman una tras otras y acciones como la liberación de 7.000 personas que luego de estar meses en cárceles fueron declarados inocentes pone en duda la efectividad de dicha política.

En las últimas horas la organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que denuncia que las acciones llevadas adelante dentro del régimen de excepción implementado por el gobierno de Bukele han ocasionado innumerables casos de violaciones a los derechos humanos. 

El organismo asegura que hay más de 3 mil niños y niñas en cárceles salvadoreñas, que se han llevado adelante arrestos arbitrarios, torturas y que las condiciones de detención son inhumanas.

En el informe se destaca que “El régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022, ha resultado en graves abusos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos”.

“Policías y soldados han llevado a cabo innumerables redadas, particularmente en comunidades vulnerables donde la violencia de las pandillas era una presencia constante, deteniendo a más de 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes.  Durante años, la pobreza generalizada, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales han dejado a muchos niños con pocas opciones viables, permitiendo que las pandillas abusen de ellos y que las fuerzas de seguridad los estigmaticen como delincuentes y los acosen”,  remarca.

Luego aclara que “entre junio de 2023 y julio de 2024, Human Rights Watch entrevistó a más de 90 personas en El Salvador. En septiembre y diciembre de 2023, Human Rights Watch visitó comunidades en varios departamentos del país. Entre los entrevistados se encontraban víctimas de abusos, sus familiares y abogados, así como varios jueces, agentes de policía, exfuncionarios gubernamentales, maestros, expertos en seguridad, periodistas y miembros de la sociedad civil. También revisamos expedientes judiciales de casos relevantes, así como antecedentes médicos, educativos y penales”.

“Los arrestos indiscriminados han llevado a la detención, a menudo durante periodos prolongados previos al juicio, de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas. Con frecuencia, esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida. En algunos casos, las autoridades han realizado detenciones basadas en información cuestionable, como denuncias anónimas no corroboradas. Las fuerzas de seguridad habitualmente no han presentado órdenes de registro o detención y rara vez han informado a los detenidos y sus familiares sobre los motivos de la detención”, sostiene.

En el texto se afirma que “el encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador. Más de 1.000 niños han sido condenados durante el régimen de excepción, con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión, a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de “agrupaciones ilícitas”, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados. En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”. 

También se señala que “las autoridades han tomado pocas medidas, si es que alguna, para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia por parte de otros detenidos, incluyendo casos de golpizas y agresiones sexuales. Decenas de niños han estado incomunicados de sus familias por semanas o meses; muchos solo han podido ver a sus abogados o familiares por unos minutos antes o durante las audiencias” y que “durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que también obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social”.

“Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos y que, en algunos casos, intentaron reclutarlos, y luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron, posiblemente con consecuencias profundas y duraderas”, subraya el informe y plantea que “el gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele a las pandillas, prevenga el reclutamiento de menores y brinde protección y oportunidades a los niños”.