Por Patricio Ballesteros Ledesma

Ayer el ministro de Economía Luis Caputo comentó en un programa de radio que esta semana se reunió con diferentes cámaras, como las de los desarrolladores, automotrices, alimenticias, la Sociedad Rural Argentina, y todos le dicen que ya ven claros indicios de recuperación.

La mala performance de los indicadores en junio la atribuye a que tuvo seis días hábiles menos y en particular sobre la industria automotriz, dejando a un lado la incidencia de los feriados, dijo que la producción de vehículos fue un 18% mayor con relación a mayo pasado.

“Es un número fuerte, están sorprendidísimos”, remarcó Caputo. Esa comparación no tiene sentido estadístico: en realidad se relacionan los indicadores en forma interanual para comparar meses iguales y tener una referencia de más largo alcance. Y no es la primera vez que el ministro atribuye a terceros datos falsos rápidamente contrastables.

Más allá de algunas estadísticas divergentes, que en algunos casos tienen que ver con las metodologías de la toma de datos, o el tamaño y localización de la muestra o el período de corte, sobre los volúmenes productivos no es posible que el ministro de una cifra y la cámara empresaria muestre el dato opuesto. 

Se puede mentir o amañar los datos, pero lo real es que la producción automotriz en junio se desplomó 40,2% en forma interanual, con apenas 32.029 unidades despachadas de las terminales y un 16,7% con respecto al mes previo, según datos de Adefa. También cayeron fuerte los patentamientos de 0km y las exportaciones de vehículos.

Por lo general, los gobiernos no muestran u disimulan los datos negativos de su gestión, y sólo resaltan los positivos, si los hubiera. Pero algunos se olvidan que la mentira tiene patas cortas y que tarde o temprano, ya no sólo los investigadores sino al ciudadano común, puede acceder a  las cifras, datos y montos que dan por tierra con las falsedades declamadas.

El cepo, la restricción externa, la deuda son temas importantes, pero poco se habla de un tema que no venía bien y se precipitó con la gestión del actual Gobierno, que más allá de los despidos en el sector público nacional, con la recesión devenida en depresión está provocando suspensiones y despidos en varios sectores de la actividad privada.

En concreto, mes tras mes se suceden a nivel industrial disminución de turnos, reducción de líneas de producción, retiros voluntarios, adelanto de jubilaciones, suspensión de horas extras, falta de recomposición salarial. Pero cada vez más se está dando una realidad más grave y que no tiene vuelta atrás: el cierre de empresas.

En campaña, y después también, el presidente Javier Milei decía que si las pymes no podían ofrecer productos y servicios de calidad a mejor precio debían cerrar. Con una sonrisa socarrona expresaba que debían enfrentar la nueva realidad o quebrar. El problema es que tras la devaluación inicial, si no hay ingresos suficientes no hay consumo, ni ventas, ni inversión, ni crecimiento.

En concreto, desde que asumió Javier Milei bajaron sus persianas más de 10.000 pymes en todo el país, por caída de ventas y aumentos de costos, según la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac), una agrupación que representa en forma política a las proveedoras del mercado interno en 22 provincias.

Así lo comunicó en una denuncia pública difundida el 9 de julio, que no tuvo mucha repercusión en los grandes medios nacionales, muy focalizados en la firma del Pacto de Mayo, pero que tiene implicancias en la crítica situación de cientos de hombres y mujeres que tenían un emprendimiento desarrollado, daban empleo a miles de trabajadores y trabajadoras, y que estos meses tuvieron que tomar esa drástica decisión.

El modelo implementado por el nuevo Gobierno nacional está destruyendo 50 pymes por día, en una Argentina sin plan ni rumbo económico que genere certidumbre sobre el clima de negocios para poder desarrollar nuestra actividad económica en paz”, expresaron en el crítico comunicado.

“La recesión ordenada por el presidente Milei y ejecutada por el ministro endeudador de Economía Luis Caputo con rigurosidad ha pasado de recibir un país que creaba 8.600 empresas por año a uno que destruye su equivalente en la mitad de tiempo. La situación se ha tornado de gravedad para los hombres y mujeres que producen y dan trabajo en la Argentina”, detallaron.

El cierre de 10.000 pymes en el país entre diciembre de 2023 y junio de 2024 aclaran que ha sido estimado por los empresarios nucleados en la asociación en base a los datos que arroja el INDEC, que consolida una recesión y un desplome económico similar al de 2020, estadísticas sobre los despidos generalizados en el sector privado de la base de la Secretaría de Trabajo, que indican que se perdieron 69.000 empleados a marzo de 2024, información que publica el BCRA sobre el cierre de 350.000 cuenta sueldos y las bases de AFIP e información de Radar Pyme.

En la comparación entre el Estado ausente o presente señalan que “mientras en Brasil el presidente Lula da Silva creó el Ministerio de las Pymes, en la Argentina su par Javier Milei destruyó en solo un semestre más de 10.000 empresas.

Este volumen de extinción de empresas se asimila a las estimaciones realizadas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 registra el cierre de 3.559 compañías en todo el país, de las que el 99% son pymes, lo que significa que 3.523 tenían esa escala mientras que las restantes 36 firmas contaban con más de 500 empleados.

En el primer trimestre del año también aumentó en 2% el desempleo, hasta situarse en el 7,7% de la población, y en este período se duplicaron los beneficiarios del seguro de desempleo (40.000 personas) frente a igual lapso del año pasado.

Al 31 de marzo pasado, sumaban 88.528 los receptores de este beneficio, con una asignación promedio mensual de $150.214, según datos de la Anses. De esa cantidad de beneficiarios, casi la mitad  (43.148) comenzaron a recibir el seguro de desempleo entre enero y marzo, ya con el gobierno actual. 

Esta cifra duplica las 21.471 altas otorgadas en el primer trimestre del año pasado, que equivalían al 36% del total de 59.094 beneficiarios totales del seguro por desempleo registrados en marzo de 2023.

Pero el problema es que, con este nivel de depresión económica y en un contexto de contracción laboral, los que pierden su trabajo por despido o cierre de la empleadora, no tienen reales chances de conseguir reinsertarse pronto en el mercado del trabajo.

Sobre la crisis de empleo en el sector, la semana pasada el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos, que nuclea a 7.500 empresas y 150.000 trabajadores, advirtió que ese es el conjunto que advertimos que está en peligro y que los despidos recién comienzan”.

El presidente del OIP Daniel Rosato, afirmó que hubo una aceleración del ritmo de los despidos en marzo y abril; por lo que, sobre la base de cifras propias, podrían llegar a 60.000 desempleados, por la caída del mercado interno y de las exportaciones industriales.