Por Patricio Ballesteros Ledesma

Tras meses de ahogo financiero a las provincias con el recorte del gasto público nacional y con el lema de "No hay plata", el Gobierno decidió en mayo pasado invertir la estrategia, pero no por finalmente escuchar el reclamo de los gobernadores más apremiados, sino como un anzuelo para lograr que firmen el decálogo ejecutivo del malogrado Pacto de Mayo.

En ese entonces, con casi toda la obra pública de inversión nacional parada en el país y graves desajustes de caja en la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales debido a la devaluación y la recesión, Economía decidió empezar a regularizar el giro de fondos por coparticipación, que tenía retenidos para poder mostrar algo de superávit a fin de mes.

Ese dinero que recauda el Estado nacional por algunos impuestos y que debe girar a las provincias en forma diaria no le pertenece más que un porcentaje menor (42,34%), ya que las actividades que generan esa riqueza se realizan en los territorios subnacionales y por lo tanto les corresponde a sus administraciones el grueso de los ingresos tributarios (56,66%).

Pese a que el propio presidente Javier Milei llegó a decir que quería ver quebrar a las provincias durante la ExpoAgro en marzo, en un arranque de ira porque el Congreso no le aprobaba la Ley de Bases, mientras en mayo se negociaban con gobernadores, senadores y diputados modificaciones de la volumétrica norma en cuestión, desde el Palacio de Hacienda se comenzó a liberar el flujo de transferencias automáticas.

Para la misma fecha se empezó a destapar el tema de los millones de kilos de alimentos retenidos en los galpones del Ministerio de Capital Humano y las maniobras judicializadas de pago de sobresueldos, contratados ñoquis y liquidaciones salariales paralelas en dólares en esa cartera. 

Y al mismo tiempo, se multiplicaban los paros y movilizaciones de empleados estatales por aumentos salariales y el reclamo de comedores comunitarios desabastecidos en varias provincias, que precisamente esperaban asistencia de fondos o productos de la ministra Sandra Pettovello, única del gabinete con billetera autorizada pero que no la abrió hacia afuera.

Ante ese panorama de crisis generalizada financiera y social, los que se quejaban del llamado Plan Platita del anterior gobierno nacional, pero que ni siquiera estaban cumpliendo con su obligación de girar a las provincias lo que les corresponde, tuvieron que abrir la caja de las arcas públicas más que en los meses anteriores ante una recaudación extraordinaria. 

Así, mayo registró un récord desde que se creó por ley el sistema de coparticipación, con un máximo histórico en términos reales, pero no por generosidad o solidaridad de la administración nacional sino como producto de la inflación y de un estacional aumento de la recaudación.

Las transferencias automáticas a las provincias y CABA en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $5.032.157 millones y representaron el primer mes del año con un incremento interanual real (23,9%), señalan desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En abril se dio una caída del 20,2% interanual real.

Uno de los principales motivos de este récord se debe a que, con tan significativa devaluación del peso en diciembre de 2023, las empresas con activos dolarizados registraron importantes ganancias de capital, lo que implicó que paguen mucho más impuesto a las ganancias, analizan desde el IARAF. 

Además, en mayo las empresas que cerraron sus balances en diciembre pagaron los saldos de las declaraciones juradas, y en dicho mes suelen pagar el saldo las empresas que explican aproximadamente el 66% de la recaudación del impuesto a sociedades, por lo tanto es un mes de alta recaudación del tributo.

El asunto es que el récord de recaudación de mayo fue excepcional y por la situación real de depresión económica se supone que en los meses venideros será mucho menor. Al mismo tiempo muchas provincias reclamaban que no les giraban los fondos compensatorios para las cajas de jubilaciones provinciales y que por el parate de la producción y comercial la recaudación de ingresos brutos y tasas municipales estaba en picada.

Sin Pacto de Mayo y Ley de Bases aprobada, la regularización de los giros de Nación a las provincias para junio ya no tenía el sentido político del mes previo, y entonces el Gobierno podía volver a su estrategia discrecional anterior y pisar los fondos públicos coparticipables establecidos por ley desde 1988.

Y así lo hizo. Las transferencias automáticas a las provincias y CABA en junio, según los datos preliminares evaluados por el IARAF, habrían caído un 24,1% interanual real (casi $3,65 billones), lo que significa una baja del 12% en el primer semestre del año cerrado. De este modo se demuestra que lo inédito de mayo fue sólo una excepción que confirma la regla del brutal recorte encarado por la administración nacional.

En los primeros cinco meses del año, el resultado fiscal acumulado mostrado por Milei y el ministro de Economía Luis Caputo fue un superávit primario del 1% del PBI y uno fiscal del 0,4%, con una caída real de ingresos del 2,6% y un recorte del gasto público del 31,4%, que se explica sobre todo por la precarización de las jubilaciones y pensiones y la paralización generalizada de las obras públicas.

A nivel del gasto público junio es complicado por el pago del medio aguinaldo a los trabajadores estatales y los pasivos, por eso se descarta un nuevo desequilibrio mensual en las cuentas públicas, ya que la recaudación también sería menor por la situación económica general. 

Ahora que se aprobaron la Ley de Bases y el Paquete Fiscal podría incrementarse algo la recaudación, por la restitución de Ganancias a la cuarta categoría, el aumento del monotributo y el pago anticipado de Bienes Personales del blanqueo, pero nada indica que eso se refleje en una mejora de las transferencias del mes que hoy se inicia. 

Por lo pronto, como Ganancias es un impuesto coparticipable debería recaudar más y generar más transferencias automáticas a las provincias. Sin embargo, ahora más que antes, que sólo contaba con el mega DNU 70 inaugural y la debilidad de muchos gobernadores, el Poder Ejecutivo puede seguir profundizando los recortes indiscriminados con el aval que le dieron los votos positivos del Congreso y el expertise del ahora blanqueado desregulador en las sombras Federico Sturzenegger con Ministerio propio.