Por Patricio Ballesteros Ledesma

En un contexto de los peores de los últimos años, ayer se realizó la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en la que el sector empresario, autoridades nacionales y provinciales, representantes gremiales y referentes regionales debatieron durante todo el día en La Rural sobre la realidad local que enfrenta el sector.

Con los indicadores económicos y productivos del país acumulando datos negativos, que dan cuenta de la profundización de la depresión generada tras la devaluación de diciembre y la posterior caída de la actividad industrial y comercial, de inversión y consumo, la construcción recibió la peor parte.

En épocas de crisis, el sector es uno de los primeros en acusar recibo, pero también el que más rápido genera reactivación y derrame cuando la situación mejora. El problema en este caso es que a la paralización casi total de la obra pública nacional desde la asunción de Javier Milei, se le suma el gran aumento de costos y la inflación en dólares que frenó la inversión privada.

Ayer se conoció la caída promedio del 5,09% en el PBI nacional en el primer trimestre del año, publicada por el INDEC, en relación a igual período del año pasado. Sin embargo, en este escenario de estanflación, la construcción fue la rama más afectada con un desplome del 19,7% en ese lapso.

La virtual parálisis de la actividad en el primer semestre del año llevó al cierre de empresas, la desfinanciación de muchas otras y la pérdida de 130.000 puestos de trabajo directos de las contratistas en el primer trimestre. En paralelo se pararon los despachos de materiales, la provisión de servicios profesionales y ahora están en riesgo hasta los seguros por desempleo.

“La situación es gravísima. Ya hay cierres de empresas y convocatoria de acreedores entre firmas pequeñas, medianas y grandes”, sintetizó el presidente de la Camarco Gustavo Weiss en el acto inaugural, que contó con la presencia de funcionarios del gobierno nacional y de varias provincias. 

Varios empresarios del sector confiesan por lo bajo que no recuerdan un panorama tan negativo desde el 2001. De hecho, mirando al ministro de Economía Luis Caputo presente en la sala, Weiss fue directo al hueso: “Nuestra situación empeoró con este gobierno. No creo que haya ninguna reactivación este año, el 2024 está irremediablemente perdido”.

Ese diagnóstico se choca con el discurso oficial de mejora constante y salida de la crisis, quizás por eso los organizadores de la convención de la cámara industrial eligieron este año como lema “Constructores de diálogo”. Porque lo que son rutas, puentes, escuelas, hospitales, viviendas ya no esperan construir en los próximos meses.

Sin nueva inversión pública de capital, y ni siquiera continuación de obras de infraestructura casi terminadas, las grandes constructoras que son contratistas del Estado nacional y las pymes proveedoras de bienes y servicios del sector distribuidas en todo el país no son pesimistas sino realistas. 

Al problema de que no tienen flujo se les agregan deudas bancarias y con terceros propias que no pueden cancelar y acreencias millonarias con el Estado desde diciembre que el nuevo Gobierno no les pagó. 

Desde CAMARCO estiman que hay certificados de obra impagos acumulados desde septiembre por $400.000 millones, que deberían haberse cancelado desde diciembre, ya que por costumbre tienen plazos superiores a los 60 días. Los que además, por la ley que rige las obras públicas, no devengan intereses y los importes se van licuando por la inflación.

Esa cuantiosa deuda del Estado con las empresas constructoras, similar en monto a la que tenía acumulada CAMMESA con las generadoras energéticas, y que el Gobierno decidió canjear a las acreedoras por un bono al 2038 con una quita del 50%, podría correr la misma suerte. 

Si bien no se anunció a nivel oficial una salida similar para ese pasivo, en el sector especulan que podría darse esa opción extrajudicial y hasta podrían aceptarlo, según sea la paridad del bono en cuestión. De hecho, desde el Gobierno se desentienden de la mayoría de esos contratos heredados, a los que van a auditar y sobre los que casi no planean renovaciones.

Las rutas de todo el país ya dan cuenta de la falta de mantenimiento, como una muestra del recorte de gastos generalizado. Pero además hay que tener en cuenta el deterioro de la infraestructura abandonada desde hace meses, de la recién empezada y de la más avanzada, y de los materiales sin utilizar que quedaron sin custodia en los terrenos de las obras.  

“La situación de paralización mencionada tendrá un efecto inmediato en el estado y seguridad de uso de la infraestructura existente. Es un enorme dispendio de dinero no conservar lo existente. Recuperarlo será mucho más caro que lo que cuesta un mantenimiento en tiempo y forma”, advirtió Weiss.

Tanto el presidente de la cámara como sus asociados coincidieron sobre la gravedad que enfrenta la actividad y, en cuanto a la obra pública nacional, no ven una reactivación relevante en el corto plazo con fondos públicos nacionales, provinciales o municipales. 

Sólo podrían liberarse los proyectos que tienen financiación de organismos de créditos internacionales y, como ya está ocurriendo, los que el Estado nacional les traspasó a las provincias para que empiecen o continúen con fondos propios, pero que tendrían un cambio en las condiciones de los contratos originales.

Sobre este punto, el secretario de Obras Públicas Luis Giovine les dijo a los presentes en el auditorio que en el traspaso de mando había unas 6.000 obras en marcha, de las que el 40% estaban casi terminadas y el resto con contratos en vigencia. 

Pero el funcionario, que asumió tras el despido de Guillermo Ferraro y la disolución del Ministerio, aclaró que unas 2.000 obras de las que actualmente están paradas no serán retomadas por la administración central, por considerarlas de pequeño formato para el Estado nacional y que deberían continuar las provincias y municipios si lo deciden.

Por el contrario, aclaró que sólo continuarán con fondos nacionales el 15% del total, consideradas estratégicas o con prioridad alta a nivel nacional, y que unos 376 proyectos en ejecución serían reiniciados en forma inmediata. Tras sus palabras habló el secretario general de UOCRA Gerardo Martínez.

“Sin obra pública no hay destino de nación, no es gasto, es inversión. Esto no es ideología. Esto es lo que nosotros buscamos. Construir es una palabra positiva, es construir valores, son condiciones materiales y el buen vivir. Si no hay diálogo, no hay fuerza política que pueda resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina”, cerró el sindicalista ante el aplauso del auditorio.