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Tras la aprobación con modificaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal, que ahora volverá a Diputados, los bloques de la oposición dialoguista ya elevaron pedidos de sesiones especiales para reanudar la actividad parlamentaria sobre tema jubilaciones, fondos universitarios, dietas de los legisladores y citar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Luego del polémico incremento de salarios auto otorgado casi por unanimidad en la cámara alta, el bloque peronista liderado por el formoseño José Mayans pidió a fines de abril una sesión especial para el 2 de mayo. Uno de los objetivos es tratar un proyecto que establezca que ningún funcionario en el Estado pueda cobrar más que el presidente.
El pedido también incluía la emergencia presupuestaria de universidades, que buscaba elevar la inversión en esa materia a $5,8 billones, así como el aumento paulatino de las partidas que llevara el presupuesto al 1,4% del PBI en el año 2032; y también la estipulación del precio de adquisición de energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A.
Si bien se trata de una semana de tan sólo dos días hábiles, el bloque de Mayans cuenta con 33 senadores, y sólo requiere cuatro bancas más para conseguir quórum. No obstante, no será tarea fácil debido a las rispideces que se generaron con los otros bloques de la oposición -e incluso con senadores propios- tras la votación de la Ley Bases.
Según establece el proyecto del peronismo, los haberes del presidente deben ser equivalentes a 20 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) y por consecuencia lo máximo que puede ganar un miembro de alguno de los poderes del Estado, o de empresas, órganos u organismos de gestión estatal.
En tanto, también se establece que autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes en el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y de diferentes organismos e instituciones no pueden percibir más de 15 SMVM. A partir del rango de Secretarios de Estado la cifra baja a 10 SMVM, y de 9 para Directores Ejecutivos de Empresas y Sociedades del Estado.
¿Queremos bajar el déficit fiscal? Sí, pero no a costa de la educación, de la salud, de los jubilados, de las PyMEs y de la clase media.
— Martín Lousteau (@GugaLusto) June 17, 2024
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Desde el bloque del PRO, en tanto, solicitaron a la presidenta del recinto, Victoria Villarruel, una sesión para eliminar la tan cuestionada suba de las dietas. También hubo un pedido de legisladores de la UCR, peronistas disidentes y PRO para debatir varios textos, entre los cuales destaca una iniciativa de Martín Lousteau donde se declara la emergencia del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024 y se establece los mecanismos de financiamiento del mismo.
Por su parte, el proyecto que habilita la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales y eleva la inversión pública a 5,8 billones, así como el que establece el incremento paulatino del presupuesto para llevar al 1,4% del PBI en 2032 son de la vicepresidenta del bloque peronista, la neuquina Silvia Sapag.
Más allá de esto, la propuesta que más complica al oficialismo es la de actualización jubilatoria que aprobaron recientemente los Diputados. En esta empresa, el radicalismo ya presiona para su tratamiento y La Libertad Avanza ya se prepara para una derrota. El presidente Javier Milei ya advirtió que, de aprobarse, vetará la Ley.
En el marco de la última sesión del Senado por la Ley Bases, Lousteau se encargó de aclarar que la situación del presupuesto universitario no estaba resuelta en absoluto, recordando que en la misma semana se había sucedido un paro de 48 horas de docentes; y cuestionó el contenido de la mencionada Ley.
“He pedido que haya tres temas: uno era la obra pública, que se incorporó a medias; el otro es el tema de los jubilados que, evidentemente, al gobierno sigue sin importarle; y, el tercero, era el tema de educación. Una Ley Bases no puede no tener educación”, sostuvo el presidente de la UCR en su exposición.
Una semana antes de la sesión, el Frente de Todos ya había exigido a Villarruel que convocara a una sesión para votar un proyecto de resolución para interpelar a la ministra de Capital Humano a que “dé a conocer las razones por las que retuvo sin causa alguna la distribución de varias toneladas de alimentos destinados a sectores vulnerables de la sociedad”.
