Por Patricio Ballesteros Ledesma

No hay que hacer leña del árbol caído. Pero en este caso se trata de una funcionaria pública de alto rango, Sandra Pettovello, que encabeza una nueva estructura ministerial con enormes responsabilidades, Capital Humano, y sobre la que del presidente Javier Milei para abajo todos asumen como la mejor ministra de la historia.

Más ahora, luego del escándalo por las casi 6.000 toneladas de alimentos alojadas en depósitos del Estado, la negativa oficial a distribuirlos en comedores y merenderos comunitarios, la aparición de partidas vencidas y próximas a caducar, el despido del segundo de la ministra y otros funcionarios de menor nivel, las acusaciones cruzadas de incomplimiento de deberes y corrupción con sobresueldos, y varias denuncias judiciales relacionadas en proceso.

Mientras proliferan las ollas populares en los miles de comedores que recibían alimentos cada mes, una gran parte activos y registrados en el ReNaCOM, y ahora sólo abren una o dos veces a la semana con lo que consiguen por donaciones, se destapa una olla ministerial con internas políticas, sospechas y recelos, derivaciones internacionales (OEI) y consecuencias judiciales en curso. 

Tampoco es casualidad que sea el ministerio con más renuncias desde el inicio de la gestión, con 14 bajas de altos funcionarios en sus cuatro secretarías principales, justo el doble que los ya eyectados en la cartera de Economía. En rigor, y aunque aún faltan miles de cargos por cubrir en la administración pública nacional, cada cuatro días de gestión hay una baja sobre los nombrados.

Si antes había irregularidades en el ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora se confirma que hay nuevas y muy graves con otros protagonistas y más allá de las auditorías declamadas. El nuevo Ministerio de Capital Humano con su flamante gestión iba a ser el único con la billetera abierta para acompañar a los más vulnerables, decía el presidente desde el inicio. 

Pero al final fue uno de los más castigados con la motosierra y, ahora se ve por la acción de la justicia en las investigaciones encaradas, que la billetera se estaba distribuyendo entre los funcionarios propios y no iba para los programas y políticas públicas de asistencia de sus diferentes áreas.

La polémica sobre el accionar (o la falta de accionar) de la cartera estaba y está centrada en el escándalo por la distribución de alimentos secos y preparados alojada en los depósitos estatales, sin embargo también hubo denuncias por la falta de compra y distribución de tratamientos oncológicos y la subejecución de partidas para gran parte de los programas de asistencia y ayuda presupuestados. Se calcula que el Ministerio y sus 15 organismos a cargo tienen un total de $2 billones de fondos pisados para 81 programas del presupuesto nacional prorrogado y no ejecutado, según los datos a fines de mayo. 

A grandes rasgos, además, las líneas específicas que continúan tienen una baja real por la inflación superior al 50% en los montos. Y mientras que algunas fueron directamente suspendidas, otras a las que sí le aumentaron el presupuesto a nivel interanual, tienen una ejecución concreta menor al 10% a dos semanas de terminar el primer semestre.

Incluso hay un rubro menor en valor pero fundamental para mejorar la infraestructura educativa, como son las líneas para obras en jardines maternales de todo el país, que tienen asignados $336 millones de fondos y todavía no se giró ni un peso en concordancia con el recorte casi total de la obra pública.

En 2023 se invirtieron (o gastaron, según quién lo diga) $34.000 millones en comedores comunitarios y merenderos, que incluían a más de 40.000 instalaciones de muy diverso tipo a las que asistían más de 4 millones de personas. Este año se mantuvo ese monto igual, que sólo alcanzaría a cubrir el 40% de las necesidades actuales por la inflación, pero encima sólo se lleva ejecutado el 30% en lo que va del año.

Lo mismo sucede con la línea presupuestaria Complemento Alimentario, para cubrir los requisitos nutricionales de niñas y niños de hasta 14 años de edad, embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas desde los 70 años en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional, que más que duplica aquel monto.

A diferencia del programa a comedores comunitarios cuestionado por el Gobierno, esta línea no tiene intermediarios como también la Tarjeta Alimentar, ya que implica una transferencia monetaria a los hogares con el fin de brindar una prestación mensual para la compra de alimentos. Con $86.000 millones asignados, pese a su giro directo a los beneficiarios no se le aplicó ninguna actualización por la inflación y sólo se lleva ejecutada en un 36% del total.

Para recortar el envío de fondos en línea con el objetivo de bajar el gasto público y cuidar que los alimentos lleguen efectivamente a los beneficiarios sin desvíos, el Gobierno de Milei primero suspendió todas las entregas, ante algunas denuncias anónimas de irregularidades, y luego realizó un parcial y cuestionable relevamiento para justificar esa medida inicial.

Sin el despliegue territorial adecuado y con la evidente falta de recursos humanos propios para hacerlo, el resultado de una auditoría preliminar y parcial le dio que sólo 4.400 centros cumplían con todos los requisitos de la inscripción en el ReNaCOM y una parte de los comedores y merenderos comunitarios de su lista, alrededor de 1.000, no existían, estaban cerrados, eran casas particulares o eran baldíos. 

Ese resultado le dio un aval para reforzar su idea de continuar sin repartir alimentos, porque hasta ese momento algunas organizaciones políticas y movimientos sociales oficiaban de enlaces y desde el Ejecutivo se las veía con recelo, desconfianza y falta de transparencia en la distribución. Sólo se realizaron un par de acuerdos con Cáritas y un grupo de iglesias evangélicas afines, pero la subejecución de partidas y el reparto mínimo continuó. 

Pero este gran problema no es el único en Capital Humano, porque el ajuste en su presupuesto fue central para el objetivo del presidente de mostrar un virtual superávit primario en estos meses, aunque tanto o más grave es el corte de la provisión a los comedores escolares que dependen de Nación.

La ministra Sandra Pettovello colaboró con esa marca de su par de Economía y en la exigencia de Milei a sus funcionarios con la mayor eficacia en todas sus áreas, por eso es que el presidente la considera su más fiel servidora y le rechaza la renuncia cada vez que ella se la presenta. Su falta de expertise y la presión del cargo, más allá de los temas judiciales en investigación, la tienen abrumada a medio año de gestión.

Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de los $46.144 millones fijados en el Presupuesto 2023 prorrogado para los Servicios Alimentarios Escolares (SAE), Pettovello no giró un solo peso desde que llegó a su cargo en diciembre. Y encima, ese monto no fue actualizado por la inflación acumulada en lo que va del año por lo que de estar en ejecución sólo alcanzaría a cubrir el 40% de las necesidades actuales.

Además, la asistencia a comedores escolares es vital en este contexto, ya que además de ir a la escuela pública y gratuita a aprender y relacionarse, en los sectores más vulnerables los chicos y chicas pueden recibir un plato de comida adicional al que les pueda proveer su familia. En marzo, Capital Humano dispuso que la administración de los fondos para este fin pasen a la órbita de la Secretaría de Educación, pero ese traspaso no activó el giro del dinero.

Sin la importante asistencia alimentaria nacional, que está obligada por ley a sostener a los comedores escolares ante la situación de emergencia en la materia y más aún en un contexto económico y social crítico como el actual, la provisión queda librada al aporte provincial, municipal y comunitario. La situación crítica de pobreza extrema e insuficiencia alimentaria no es vista como tal desde el Gobierno nacional.

Según los resultados del informe “Programas de alimentación en escuelas de gestión estatal” del Observatorio de Argentinos por la Educación, realizado en 2022, uno de cada cuatro alumnos de escuelas primarias y secundarias estatales recibe el almuerzo en el comedor escolar, lo que equivale a 1.860.000 alumnos y alumnas, y cerca de 2.843.000 también empiezan el día de clases con un desayuno.

Cuando se analiza la asistencia por tipo de jornada a la que asiste el estudiante, se observa que el 86% de los que asisten a jornada completa reciben almuerzo, mientras que entre los que asisten a jornada simple lo recibe el 22%. 

La asistencia a comedores escolares es mayor entre los estudiantes más vulnerables, señala ese trabajo del OAE. En el primer quintil (el de los chicos de nivel socioeconómico más bajo), casi la mitad (45,1%) de los alumnos de 5 a 11 años asiste a un comedor escolar. 

El porcentaje  apenas baja a 40,6% para los estudiantes del segundo quintil y a 16% para los del quintil más rico. Estas desigualdades también se registran entre los alumnos de 12 a 17 años. En esa franja etaria, el 26,5% de los estudiantes más vulnerables (quintil 1) asisten a un comedor escolar, mientras que en los quintiles del medio el porcentaje oscila entre 10 y 13%. En el quintil más rico, la cifra es 7,7%.

Esto es lo que venía ocurriendo y que debería continuar, pero desde el cambio de Gobierno nacional se instaló la premisa de la motosierra del gasto público, la suspensión de la mayoría de los programas sociales y la convicción de que el Estado debe retirarse lo más posible de todo. El presidente se siente un topo heroico horadando desde adentro las estructuras del sector público y un león indomable frente a las ratas que lo rodean.

Está en la macro, las finanzas y en su desarrollo personal, y poco le importa la vida cotidiana de las personas que, gracias a su esquema económico, deben sufrir hoy con la esperanza de estar mejor en el futuro lejano. No hay que tener hijos para saber que en el futuro, cuando él ya no esté en el poder, se verán las consecuencias de su gestión en los millones de niños y jóvenes que hoy se quedan sin el derecho básico a una alimentación adecuada.