Tras la devaluación de diciembre, la licuación de los ingresos y la profundización de la estanflación, en lo que va de 2024 cada mes cayó en dos dígitos la recaudación del impuesto más difundido y fácil de cobrar de la economía, es decir el IVA, que pagan de forma automática en el precio final todos los consumidores de productos y servicios, y que representa alrededor del 7% del PBI.
Esta sistemática baja en los ingresos fiscales por IVA tiene como responsable en gran medida el bajón de ventas que se está viviendo en el país, en línea con el creciente enfriamiento de la actividad económica. El mes pasado en particular, la recaudación del IVA apenas superó los $3 billones y cayó el 19,9% interanual en términos reales (ajustada por la inflación).
Siempre se dice que el impuesto al valor agregado es el más regresivo o injusto, porque lo pagan todos los consumidores más allá de su situación económica, porque el gravado es el bien y no el contribuyente.
Pero a decir verdad, como el IVA es el responsable del 21% del precio de venta de casi cualquier bien transable, tiene mayor incidencia como carga tributaria en las personas con menores ingresos. El rico y el pobre pagan lo mismo, más allá de cuánto ganen. De modo inverso, Ganancias es el más progresivo, aunque es discutible si un salario medio tiene algún componente de ganancia, en el sentido de rentabilidad.
Lo mismo vale para algunos alimentos con un IVA reducido del 10,5%, que tienen un mayor consumo en los sectores más vulnerables, pero incluyen a todos los compradores en esa rebaja impositiva.
Durante unos meses del anterior Gobierno y en un contexto de inflación creciente se estableció el programa Compre sin IVA, que permitía la compra con tarjeta de débito de alimentos esenciales y productos de higiene personal con un tope semanal y a los pocos días la AFIP reintegraba el componente impositivo del ticket en la cuenta bancaria.
El esfuerzo fiscal rondaba el 1% del PBI, apuntaba a reducir la carga tributaria sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, pero no se llegó a transformar en una ley del Congreso para que continúe como una política pública, y apenas asumió Javier Milei suspendió el beneficio. Nada de necesidades y derechos populares, y en lugar de un bisturí esterilizado, motosierra oxidada, como exigía el FMI y sus socios locales.
No era un gasto público sino una resignación de ingresos tributarios, con un claro objetivo de paliar la creciente alza de los precios en los supermercados, pero el nuevo presidente no venía a bajarle impuestos a los pobres, sino más bien, como se vería a los pocos días, a profundizar esa condición.
Provocó un pico de inflación tras devaluar, una brusca caída del poder adquisitivo de los ingresos medios y bajos, y una fuerte transferencia de recursos del trabajo al capital. Con el correr de los meses provocó un recorte del gasto público pasado de rosca y se maneja con el Presupuesto 2023 prorrogado, algo que fue acompañado por una caída de la producción, del consumo y de la recaudación atada al nivel de actividad.
Pese a que es el más fácil de recaudar, el IVA no es el más fácil de cobrar para la AFIP, ya que tiene uno de los niveles más altos de evasión del sistema, que osciló entre el 50% y el 60% en las últimas dos décadas. Además, como una gran parte de la economía es informal, se maneja en efectivo y no queda registrada en ningún lado, por eso a la evasión comercial se le agrega una importante elusión a través de las transacciones al contado en los más diversos rubros.
La creciente bancarización y el crecimiento exponencial en el uso de billeteras virtuales y medios electrónicos de pago, ayuda a disminuir los niveles de informalidad, a transparentar las transacciones y a visualizarlas para la autoridad fiscal. Si alguien compra en negro, alguien vende en negro; si alguien trabaja en negro, alguien emplea en negro, clarito.
Con esa información, el seguimiento y la intimación a los evasores ya corre por cuenta de la autoridad de control fiscal o laboral, pero si el combate a la evasión impositiva fuera consistente, el Estado podría recaudar más de 40 puntos del PBI y el déficit fiscal sería historia del pasado, lo dicen muchos expertos tributarias locales y extranjeros.
Los cuatro principales impuestos de la estructura tributaria argentina, el IVA (27,8%), la Seguridad Social (18,2%), Ingresos Brutos (18,2%) y Ganancias (16,5%) sumaron casi el 81% de la recaudación total el año pasado, lo que representa unos 23 puntos porcentuales del PBI. En lo que va del 2024 las cosas han cambiado bastante, sobre todo por la motosierra, la licuadora y sus consecuencias depresivas en la actividad económica y productiva nacional.
A la baja reiterada de la recaudación del IVA se le suma la de la Seguridad Social (Contribuciones Patronales y los Aportes Personales), que en mayo sumó $2,2 billones pero cayó en términos reales el 11,8%, lo que podría leerse ante la inestabilidad en el mercado laboral como una merma por la ola de despidos y/o una baja por la retención de aportes de las empresas.
También bajó fuerte la recaudación en términos reales de Bienes Personales y el impuesto a los Débitos y Créditos, derivado de la caída de actividad en general. En cualquier caso, entre enero y mayo la recaudación tributaria total fue de $44,7 billones según la AFIP, un 258,9% superior interanual a valor nominal, pero una caída del 6% en términos reales.
Sin embargo, entre las alzas y las bajas, en mayo último la recaudación tributaria informada por la AFIP alcanzó a casi $13,4 billones y obtuvo una suba en términos reales por primera vez tras ocho meses de caída (+10,4%), ya que aumentó un 320,9% frente a una inflación aproximada de 280% en el período.
Este cambio en la tendencia en mayo se debe en gran medida al excepcional aumento en Ganancias ($5,5 billones, +80,6% en términos reales, +585,8% i/a) y a la enorme recaudación del llamado impuesto PAÍS ($563.100 millones, +252,7% en términos reales, +1.239,3% i/a), que es el tributo que apenas asumió el presidente Javier Milei decidió aumentar del 7,5% al 17,5%, pese a que hablaba de bajar impuestos lo antes posible.
Aunque sus ideas económicas lo llevaron a proponer cortarse un brazo en lugar de subir impuestos, el PAÍS lo incrementó en 10 puntos para hacer caja rápido con lo que deben pagar todos los que realizan una importación de productos y servicios. Este es el que más le aportó al Estado como suba desde diciembre hasta ahora en términos porcentuales, y en mayo aumentó un 280% en forma interanual.
Del superávit primario alcanzado en abril por casi $265.000 millones, casi la mitad correspondió al impuesto PAÍS, pero dejará de existir el próximo 23 de diciembre y para el Gobierno no será nada fácil suplir esos cuantiosos ingresos sin aumentar otros tributos o crear nuevos, o revisar finalmente los intocables gastos tributarios que rondan 2,5% del PBI.