MYRYAN PRUNOTTO
Ayer, la UCA presentó los datos de la última estimación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la que se indica que la pobreza trepó al 55,5% de la población en el primer trimestre de 2024. Ese mismo indicador estaba en el 44,8% en el cuarto trimestre del año pasado, aunque tras la devaluación de diciembre pasó al 42,2%, según el INDEC
Pero el dato más alarmante es que el índice de la indigencia de la UCA, que mide el acceso a la canasta básica alimentaria mensual, se duplicó en ese período al pasar del 9,6% al 17,5% de la población. De acuerdo al INDEC, pasó del 13,8% en diciembre al 15,4% en enero.
Esto significa que, al extrapolar al país la muestra de los 31 aglomerados urbanos que mide el INDEC para relevar ambas canasta ( total y la alimentaria), hay no menos de 25 millones de argentinos en situación de pobreza y dentro de ellos al menos 8 millones se ubican como indigentes. Es decir, que dependen de una ayuda estatal (subsidio y/o programa alimentario) porque no pueden comer todo el mes con sus propios ingresos.
Si bien esta condición de gran parte de la población es un problema estructural, complejo y difícil de resolver, el salto exponencial en tan poco tiempo sin duda obedece a la brusca devaluación al ingresar el nuevo Gobierno y, en simultáneo, al recorte o eliminación de la mayoría de los programas de asistencia alimentaria, que si bien no mejoran el indicador estadístico, visibilizan la necesidad y palían la situación de hecho.
Incluso, agravado, por la negativa del Ministerio de Capital Humano, que desde que asumió se negó a distribuir alimentos secos alojados en los depósitos del ex Ministerio de Bienestar Social adquiridos por la anterior administración nacional y con fecha de vencimiento próxima.
Tal es así, que tras la apelación a la intimación del juez Sebastián Casanello y la citación a declarar a la ministra Sandra Pettovello ante la Sala II de la Cámara Federal, ayer se terminó de realizar un inventario (donde se constató falta de mercaderías), se echó al secretario Pablo de la Torre (encargado de administrar los alimentos, y se lo denunció por pagar sobresueldos con factureros truchos) y se ordenó enviar camiones del Ejército para proceder a cargar 465 toneladas de leche en polvo a punto de caducar para distribuirlas, pero sólo mediante un convenio con la Fundación Conin y muy focalizada en Mendoza.
El propio presidente Javier Milei considera el hambre de la población como una externalidad a su gestión económica, el vencimiento de algunos alimentos como un margen de error del 0,03% y a las cabezas de las organizaciones sociales antes encargadas de distribuir las partidas alimentarias como los gerentes de la pobreza. Aunque suene contradictorio, parece que la libertad avanza entre el desconocimiento, el prejuicio y el desprecio a las personas más vulnerables y marginadas del sistema.
De hecho, apenas asumió, junto a Pettovello, cerraron todas las unidades de gestión de estas ayudas distribuidas en todo el país y cortaron todos los planes de asistencia social para realizar auditorías, aunque ni siquiera tenían los recursos humanos necesarios para ese monitoreo porque habían despedido a cientos de contratados y no habían nombrado reemplazantes.
Se sabe que esa tarea en el territorio no la puede hacer cualquiera, por especialidad técnica, complejidad fáctica y cercanía con la comunidad objetivo, para eso están las asistentes sociales y, mal que les pese, los referentes barriales, que en muchos casos son las propias mujeres que llevan adelante los merenderos, comedores y las ollas populares en los lugares a donde el Estado nunca llega o lo hace tarde y por una desgracia.
Ambos denunciaron corrupción, reparto de comida a cambio de favores políticos, venta de mercadería a terceros y cambio de calidad en los alimentos entregados, tomaron algunos casos particulares como la generalidad. También dijeron que había comedores fantasmas, sobre una lista elaborada durante la pandemia y sólo firmaron dos nuevos acuerdos de provisión, uno con Caritas y otro con un grupo de iglesias evangélicas.
Más allá de las mentiras de patas cortas expresadas por varios funcionarios, incluso por el vocero presidencial, en base a la denuncia presentada en la Justicia por el dirigente Juan Grabois, más advertencias de varios miembros de la oposición e investigaciones periodísticas, la verdad sobre los alimentos disponibles salió a la luz y los más próximos a vencer se empezarán a distribuir.
Pero esta parte del asunto, es decir las casi 6.000 toneladas de alimentos en el galpón de Villa Martelli, en otro en Tafí del Valle en Tucumán, y en otros depósitos estatales en CABA, son según la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz lo que el Estado compraba por mes para cumplir con los programas de asistencia alimentaria en todo el país.
Sobre esa base se puede entender que la inacción ideológica y fáctica del actual Gobierno en esta materia, más aún en una coyuntura de depresión económica como la actual, implica un problema que deberá enfrentar con respeto, convicción y eficacia en forma urgente antes de que la realidad social se vuelva más insostenible.
Los saqueos a supermercados del 2001 son un triste recuerdo. Ni siquiera los que tienen derecho a morirse de hambre, como dice el presidente Milei, quieren volver a esa desesperada opción de última instancia. De hecho, muchos de los que hoy peor la están pasando lo votaron y todavía anidan una esperanza. Pero muchos otros no, y se les está acabando el tiempo del aguante.
El horno no está para bollos y las heladeras están vacías. Detrás de los datos privados y las estadísticas oficiales, hay millones de personas con necesidades básicas insatisfechas, no desde este año sino desde hace muchos, pero la situación actual ya es desesperante, sobre todo por algo tan urgente como la comida diaria para los menores de edad y los adultos mayores.
De acuerdo con el informe las Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina, la inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Pero además, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes.
Al considerar el AMBA en particular, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Y en cuanto a la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%.
Aún con la inflación desacelerando, y una expectativa cercana al 5% para mayo, en la última semana la de alimentos aumentó, y con los aumentos de tarifas y servicios de este mes, el indicador podría cambiar de tendencia a nivel general.
En este contexto, con una recesión tan profunda y despidos en aumento (360.000 desde diciembre según la CGT), los índices de pobreza e indigencia actuales seguirán trepando en los próximos meses y, como es lógico, crecerá la presión social al Gobierno por el incremento de las jubilaciones y pensiones, asignaciones, asistencias y programas alimentarios, algunos de ellos establecidos por ley.
