Las expectativas respecto a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo son alentadoras para el Gobierno, aunque los inminentes aumentos en varios gastos corrientes pondrán en jaque las posibilidades de continuar la dinámica de desaceleración inflacionaria.
Si bien consultoras y analistas estiman que la inflación del mes pasado rondará los 5 puntos -consagrando no sólo una nueva reducción mensual sino también la primera reducción interanual de la administración de La Libertad Avanza (LLA)-, el mecanismo para lograrlo implicó reprimir aumentos de diferentes órdenes.
No es la primera ocasión en que el Gobierno liberal libertario interviene la economía para que le cierren los números, aunque en este caso las consecuencias probablemente minen la posibilidad de darle continuidad al intento de desescalar los aumentos.
Los rubros regulados desde el aparato estatal incluyen servicios públicos, combustibles y transporte; cuyo impacto no sólo es inevitable en la vida doméstica, sino también en el consumo de todo tipo de bienes y servicios que ven su precio final afectado por los costos de transporte y/o energía.
Las tarifas de electricidad y de gas sufrirán aumentos debido a que la Secretaría de Energía fue instruida a iniciar en junio la quita de subsidios a hogares de ingresos bajos y medios; aunque hasta el final de la semana pasada no habían precisiones respecto a la dimensión.
Fuentes gubernamentales estimaron que la variación afectaría a cerca de un 70% de los usuarios, que pagan alrededor de un 5% del “costo real” de la energía. Los aumentos del orden de hasta 450% registrados en el primer cuatrimestre obedecían sólo a una actualización de los costos de distribución y transporte.
En junio, se pospusieron los ajustes de distribución y transporte -atados a la inflación- pero se avanzó con los previstos en concepto de reducción de subsidio.
La situación es consecuencia de la tensión entre los objetivos del Gobierno de “sincerar” el costo de la energía, por un lado, y de continuar el sendero de desaceleración del IPC. Quizás una de las pocas banderas de gestión que pueden sostener el presidente Javier Mlei y el ministro de Economía Luis Caputo de cara a la ciudadanía.
En abril, los servicios públicos ya aumentaron un 35,6%, acumulando 110,5% en lo que va del año y 311,6% interanual, según reportó el INDEC.
En tanto, el sábado 1 de junio la nafta y el gasoil ya marcaron un incremento del 3,5% promedio a lo largo y ancho del país. Esto responde al incremento definido desde el Palacio de Hacienda a través del impuesto a los combustibles líquidos y el traslado de la devaluación a los costos operado por las petroleras.
En tanto, el rubro prevé para julio un incremento del orden del 18% nuevamente a causa del componente impositivo, según se estipula en el último sendero oficial de actualización que modificó en la última semana Caputo.
Por último, si bien en el AMBA no subirán los pasajes de tren y colectivos, el Gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), sí dispuso un aumento para el subte, que pasará de costar $574 a $650.