Por Patricio Ballesteros Ledesma

Anoche, el Gobierno armó un comité de emergencia por el gas con la secretaría de Energía, Enarsa, CAMMESA y empresas, declaró la emergencia –algo que igual ya había hecho en diciembre en el DNU 70/2023-, y dijo que hasta podría cortar el suministro del fluido a los clientes con contratos en firme (ininterrumpibles), es decir aquellos que por su actividad no pueden parar su producción sin graves complicaciones, como las acerías y otras que utilizan hornos en circuito continuo.

La medida se tuvo que tomar porque Enarsa no le pagó en forma adecuada los US$22 millones a Petrobras por el cargamento de GNL que le compró en forma directa este fin de semana de urgencia y cuyo buque arribado a la madrugada debía empezar ayer a inyectar los 44 millones de m3 traídos en la terminal regasificadora de del Partido de Escobar. 

La empresa estatal brasileña impugnó la instrumentación de la carta de crédito presentada para la transferencia de los fondos a su cuenta en el exterior. Sí, se paga al contado y por anticipado, sino al llegar a puerto de destino no descargan. Y como el Gobierno no pagó a término, no sólo esperan el monto pendiente de la carga acreditado en la cuenta bancaria, sino que además cobran un adicional por cada día de estadía. 

Por otro lado, y con relación concomitante, la Transportadora de Gas del Norte (TGN), informó que tuvo un problema operativo en dos plantas compresoras de su red en el sistema centro-oeste de gasoductos, por lo que debió paralizarlas hasta las 21 horas,  lo que sí afectó su operación de suministro ya que esa salida de funcionamiento le hizo perder 2 millones de m3 de presión.

Ante esta situación, que venía precedida por una situación crítica de abastecimiento energético, pero sobre todo del gas natural, ya que la ola de frío intenso se adelantó de junio a mayo y tomó por sorpresa al Gobierno, el ente nacional regulador del gas (Enargas) convocó a productores, transportistas y distribuidores del fluido para cortarle el suministro a las mayores industrias del norte bonaerense, el sur santafesino (incluido el Gran Rosario), Córdoba y Mendoza, como petroleras, petroquímicas, cerealeras, caleras y otras empresas del agronegocio.

Como el sistema de gasoductos opera al límite de su capacidad, para intentar preservar su integridad, las distribuidoras Litoral Gas, Gas del Centro y Gas Cuyana obligaron a cientos de grandes industrias a frenar hasta el mínimo el consumo del fluido al caer el sol para poder pasar el pico de consumo residencial nocturno con buena presión en los ductos. 

Si se resuelve el conflicto con Petrobras, que en otras épocas hubiese vastado un llamado para destrabar, pero que la relación áspera y distante entre Milei y Da Silva no propicia, hoy podría empezar a inyectarse gas en la terminal de Escobar a razón de 7 millones de m3/día y empezar a cambiar el panorama. 

El otro punto crítico es que el ducto tarda días en rellenarse y acumular la presión adecuada para su transporte y distribución. Además, y para no volver a la toma de decisiones apuradas, Enarsa salió a licitar, ahora sí, la importación de 8 cargamentos adicionales de GNL para abastecerse del fluido en julio y agosto, que son los meses usuales de alta demanda por la temporada invernal.

Improvisación, impericia, desinterés, ineficacia, inacción pero también soberbia. En campaña el presidente habló de la libertad de morirse de hambre, y hoy podría decir lo mismo pero de morirse de frío, cuando cada vez se ve más gente viviendo en la calle, no por elección personal sino a causa de sus políticas antisociales. 

Entre tanta narrativa anti Estado y pro individuo libre, Milei y Caputo no dudaron en aumentar desproporcionadamente las (retrasadas) tarifas de los servicios públicos, además de recortar aún más los subsidios a los sectores medios y bajos (en la primera Ley de Bases se cortaban los de gas en zonas frías), también desinvirtieron en obras públicas fundamentales, como la segunda etapa del gasoducto Presidente Néstor Kirchner y el reversal del Norte.

El problema es que, por el recorte del gasto público indiscriminado, en particular de obras públicas urgentes, en estos 6 meses el Gobierno decidió no invertir los US$45 millones necesarios para instalar los tres compresores del mayor gasoducto del país (Tratayén, Salliqueló y Mercedes), que el mes próximo hubieran permitido duplicar el transporte del fluido desde Vaca Muerta hacia Buenos Aires, pasando de 11 a 22 millones de m3/día.

Entre los grandes demandantes están las centrales eléctricas de ciclo combinado, que representan más del 60% de la generación del fluido para todo el país y que no tendrán la energía primaria para producir electricidad de manera inmediata, que es lo que ahora se necesita por la merma de la importación desde Brasil por las inundaciones y por el pico de consumo de calefacciones eléctricas en los hogares sin gas de red. 

Estas importantes centrales utilizan gas natural o fueloil para producir electricidad, pero como en época invernal la demanda de gas natural para consumo doméstico aumenta al máximo (ahora ronda un pico de 80 millones de m3/día) y ese suministro es prioritario, se recurre al gasoil y fueloil como alternativas para generar electricidad y la producción local de ambos combustibles no alcanza.

Entonces, esta merma del abastecimiento potencial de gas natural tuvo dos consecuencias simultáneas. Primero, la semana pasada se empezaron a restringir parcial o totalmente las provisiones de GNC a las estaciones de servicio, comercios e industrias de varios lugares del país, ya que tienen contratos interrumpibles, pero el incidente de ayer además complicó a las grandes usuarias que pagan más caro el m3 para evitar los cortes ante caídas del suministro. 

Segundo, ante la falta de gas para las generadoras eléctricas, y para no sumar otro problema adicional al de base, que podría significar cortes de electricidad en medio de una ola polar en la que muchos hogares usan estufas así alimentadas, se improvisó la salida importadora de combustibles líquidos con urgencia y a un precio muy alto.

Esa estrategia que tanto criticaron del anterior gobierno, pero que era una alternativa posible, onerosa aunque menos si era planificada, hasta tanto se terminara el GPNK, ahora la iban a implementar de urgencia y, por eso, con un precio spot mucho más alto que si hubieran negociado la compra con meses de anticipación como en el pasado.

Conclusión: por ahorrarse unos US$40 millones en los compresores y sus obras civiles, ya que el Gobierno mantiene una deuda por ese monto con las constructoras Sacde y Contreras, CAMMESA salió este lunes al mercado de combustibles de apuro para licitar 7 buques de gasoil (350.000 m3) y 5 de fueloil (200.000 ton) por más de US$500 millones a precio spot.

Sólo con el primer tramo de compresión en Tratayén se podrían inyectar al sistema 5 millones de m3/día, lo que representaría un ahorro de hasta US$350 millones por año en sustitución de combustibles líquidos e importación de GNL. Mientras que la deuda de Enarsa con la constructora a cargo de esa planta (Sacde) sólo suma US$30 millones. 

Aquel inconducente ahorro, avalado por el secretario de Energía y sostenido por la motosierra de Milei y Caputo sale caro, mucho más caro, en un contexto en el que la voz oficial dice que “no hay plata” y encima no sobran reservas para pagar la jugada. 

Y este pago fallido, fruto de la improvisación comercial del comprador o del recelo del vínculo interestatal, genera no sólo una complicación energética sino una prueba fáctica de la calidad de la gestión gubernamental.