El drástico giro en las políticas económicas implementado por Javier Milei desde su asunción en la presidencia viene ocasionando diferentes consecuencias: por un lado, el superávit fiscal del primer trimestre celebrado con bombos y platillos por el oficialismo; por el otro, una brutal caída de la actividad económica -tanto comercial como productiva- y el deterioro cada vez más evidente de los servicios públicos.

El retiro del Estado de una gran parte de sus áreas de intervención como política pública va dejando paulatinamente al ciudadano cada vez más librado a su suerte. Desde la licuación de los ingresos propulsada por una brutal devaluación que desencadenó meses de altísima inflación, hasta la reducción de subsidios a tarifas pasando por los recortes de partidas presupuestarias afectan a los trabajadores paulatinamente.

Es así que, al tiempo que millones de personas han sido arrojadas a una vida de subsistencia, pagando más por el viaje en transporte público y los servicios de gas y energía eléctrica; los trenes y subtes donde viajan sufren accidentes o los dejan varados a la mitad del camino a causa de la desfinanciación generalizada.

En este marco trascendió en las últimas horas que la inversión estatal en ferrocarriles, por caso, sufrió un recorte del 98,1%. Así lo expone el último informe de ejecución del gasto confeccionado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base a datos oficiales reportados hasta el mes de abril.

El mismo documento muestra que inversión pública en general cayó en términos reales (calculando la inflación) un 74,3% el mes pasado; acumulando en el primer cuatrimestre una caída del 80,8%. Allí, otro de los rubros más afectados -en consonancia con la narrativa presidencial- son los giros a las provincias para obra pública, que sufrieron una retracción de 96,3%.

Mientras en el AMBA el Gobierno se restringe la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) y se limita la distribución a industrias para poder abastecer la demanda de domicilios, el informe pone de relieve una inversión de -55.9% en ENARSA, la empresa pública que tenía a cargo culminar las tres plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner.

El texto indica: “Los gastos de capital (inversión) dentro de la estructura de gastos de la administración pública nacional pasaron de representar el 6,8% del gasto primario (antes del pago de deuda) del período enero-abril de 2023 al 2% en el mismo período de 2024, una caída de 4,8 puntos porcentuales”.

Ante esta situación, recientemente el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió un proyecto de Ley a la Legislatura provincial para implementar un peaje en todas las rutas provinciales pavimentadas por 20 años, acusando el agujero fiscal ocasionado por el desfinanciamiento del Fondo Provincial de Vialidad y la discontinuación de fondos coparticipables desde presidencia.

Los distritos del interior la infraestructura vial deteriorarse sin contar con los recursos para ejecutar las refacciones y obras necesarias. Es que la inversión ejecutada por el Estado nacional, que incluye la Dirección Nacional de Vialidad, es decir rutas, bajó 85% y las de las empresas estatales, como las de ferrocarriles o Corredores Viales, que administra carreteras con peajes, un 67,8%.

Puntualmente en Corredores Viales la caída es total: el Gobierno nacional no invirtió un peso allí.

Entre las empresas ferroviarias, Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Ferrocarriles Argentinos no recibieron partidas; mientras sí hubo giros para Operadora Ferroviaria, que representó un 88,6% menos que el año pasado.

Otra compañía estatal que no recibió ninguna partida fue Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que asiste a los aviones de todo el país.

Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que se encarga de la provisión de agua potable en la Ciudad Autónomo de Buenos Aires (CABA) y el conurbano, vio reducida la inversión al 48,6%. Con la mitad de los recursos, al menos continúan las obras de agua potable y cloacas.

El informe de ASAP pone la lupa sobre la distribución geográfica de los recortes: “Esta pronunciada tendencia negativa impactó a la mayoría de las provincias, donde las reducciones anuales superaron el 75% (...) Sin embargo, Jujuy y Río Negro presentaron descensos menos severos, con caídas del 68,5% y 57,5%, respectivamente”.

El contraste se ve con distritos como La Rioja, que “se destacó como la provincia más perjudicada con una reducción de casi el 100%, o Chubut, “que experimentó una disminución del 98,5%”.

Según se desprende del documento confeccionado por ASAP, los gobernadores más enfrentados políticamente con la Casa Rosada observan los más brutales recortes en un marco general de reducción presupuestaria a las provincias; en lo que podría configurar un dispositivo de disciplinamiento político para con los sectores menos cooperativos con los proyectos impulsados por presidencia.