ENTRETELONES DE CASA ROSADA
En momentos en que el país asiste a una creciente protesta en la provincia de Misiones, con reclamos salariales de policías, docentes y personal de salud que se congregan en el centro de Posadas desde el viernes pasado con cortes de calles y rutas, desde el Ministerio de Seguridad nacional que encabeza Patricia Bullrich armaron un comité de crisis y dispusieron el envío de 200 efectivos de Gendarmería.
El Gobierno nacional no giró recursos adicionales ni del Fondo Compensador Docente para destrabar este conflicto y además sugirió al mandatario provincial Hugo Passalacqua recortar otros gastos para afrontar el problema. Ante este desplante, el gobernador que se había acoplado a la boleta de UxP en las elecciones desdobladas de su provincia y que por eso pudo sumar a siete legisladores de su partido en el Congreso nacional, los que luego votaron a favor las leyes enviadas por Milei, ahora observa que su gesto no fue correspondido.
Entre los policías retirados y en actividad, los docentes, médicos y enfermeros presentes en la protesta comentaron que un sueldo básico inicial ronda los $220.000, un docente con 10 años de antigüedad cobra $250.000, un profesor con 25 años de actividad no supera los $330.000, un trabajador de la administración pública ronda los $365.000 con 10 años de antigüedad y $390.000 con 20 años, un sargento de la policía gana $480.000 y un comisario $640.000.
Todos esos salarios del sector público no alcanzan a cubrir la canasta básica que al 15 de mayo supera los $828.000, por eso reclaman un incremento no menor al 100%. Por eso el 16% de aumento ofrecido el lunes por el gobierno provincial, luego de la propuesta inicial de un 8% igual que el mes pasado, es considerado como una burla por todos los trabajadores estatales.
También se sumaron a la protesta los productores yerbateros y forestales del interior provincial, que no sólo están recibiendo los efectos del DNU 70/2023, de la baja de la actividad generalizada y la caída en el valor de sus cosechas, sino que ven en peligro el futuro de sus sectores por varios artículos de la Ley de Bases que se debate en el Senado nacional.
La indignación de los estatales misioneros se incrementa al ver la mezquindad de su gobernador, que además es docente, y que desde el PEN se habla de que no hay plata, pero los senadores nacionales, incluidos los de su provincia, el mes pasado votaron el aumento de sus dietas que llegará a $7 millones brutos a cobrar en junio.
Es sabido que la mayoría de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores y los gobernadores no tiene como único ingreso su sueldo público, pero los trabajadores estatales de los servicios esenciales suelen ser sostén de familia y, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo e inflación como el actual, dependen de una actualización constante para subsistir al menos.
Ayer a la tarde, desde el Ministerio de Educación provincial indicaron que le ofrecieron un aumento promedio del 34% a todos los docentes de la provincia, con un salario inicial de $400.000 para maestros de primaria y de hasta $1 millón para los docentes del secundario, y sólo los gremios de CTERA/CTA UDPM y Sidepp firmaron esa paritaria a la baja. Los demás, Semab-CEA, UDA-Amet y Sadop, lo rechazaron de plano, continúan en asamblea permanente e incluso UDA convocó a un paro de 48 horas desde hoy.
Algo similar le ofrecieron desde la gobernación al personal de salud y la policía, que suman patrulleros y ambulancias paradas en el escenario central de la protesta, con un alza promedio del 27%, sin embargo cada vez más trabajadores llegan al Comando Radioeléctrico de Posadas, el punto neurálgico de la protesta donde nadie está conforme con esa actualización.
Esta situación la viven millones de trabajadores y jubilados de todo el país, por acción de la motosierra y la licuadora del presidente Javier Milei, que por equilibrar el gasto público y tender a bajar la inflación provocó una brutal devaluación inicial, un recorte constante de las partidas presupuestarias en la administración nacional, en las transferencias a las provincias y una recesión profunda que ya registra más de 100.000 despidos registrados en el sector privado.
Aunque el emergente actual está en Misiones, que es una de las provincias más pobres del país, no sólo por su participación en el PBI sino por sus niveles de ingresos medios, ahora la mirada está puesta en su vecina Corrientes, en donde los trabajadores del sector público convocaron a una marcha para este miércoles por la mañana en reclamo de una recomposición salarial urgente.
Incluso ayer en Bariloche, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales decidió concretar el paro anunciado días atrás, tras no llegar a un acuerdo salarial con el gobierno provincial de aumentos del 10% para los próximos tres meses. Y la CONADU Histórica convocó a una jornada de visibilización para mañana con marcha de antorchas y a un paro nacional docente y no docente el jueves 23.
Está claro que la estrategia de Milei y los ministros se basa en su visión explícita del Estado como una organización criminal y, en consecuencia, ve a los empleados públicos con desprecio. Y que, como pasó tras la multitudinaria marcha por las universidades nacionales, sólo responde ante el reclamo popular en las calles y encima con un sesgo.
Este esquema de gestión y el rumbo económico del Gobierno nacional está sumando cada mes a millones de argentinos bajo la línea de pobreza, algo que la oposición política local y hasta los aliados no pueden dejar de señalar. Incluso el FMI, conforme con las medidas implementadas, advierte sobre los peligros de cargar el mayor ajuste sobre los más vulnerables.
Con el dogma fiscal y financiero como premisa, aunque la recesión ya se haya transformado en depresión económica, y el beneplácito del sector financiero que está ganando millones en este río revuelto, se continúa con los recortes y ajustes en todas la áreas para poder declarar que desde hace cuatro meses se consiguieron superávits gemelos.
Y en el primer cuatrimestre del año, la contracción del gasto público no fue pagada por esa entelequia oficial llamada casta, ni por las grandes corporaciones que se benefician del gasto tributario, ni por los grandes evasores del sistema impositivo, sino sobre todo por los jubilados y pensionados que representaron alrededor del 35% del recorte aplicado, con casi $3,9 billones menos.
Luego vino la desfinanciación de las universidades públicas nacionales, a las que no se le estaban girando los fondos mensuales correspondientes (en el primer cuatrimestre se enviaron apenas $810.000 millones, el menor monto en una década), y cuyo 88% del presupuesto total sirve para pagar los salarios de los docentes y no docentes. La retracción de estas transferencias representó el 3% del recorte total, lo que en números significó $329.000 millones menos en el período.
Tras el paro nacional y movilización de abril se logró un acuerdo con la Secretaría de Educación, pero sólo para la UBA, a la que le concedieron sólo el aumento del 270% en los gastos de funcionamiento y del 300% para sus hospitales, por eso ayer se convocó a una sesión especial esta semana en Diputados para discutir el presupuesto de las demás casas de estudio superior. Y el Consejo Interuniversitario Nacional planea recurrir a la justicia para recibir un trato igualitario en las restantes 59 de todo el país.
Ahora le toca el turno a los trabajadores estatales provinciales y municipales, que no sólo tienen caídas del poder adquisitivo como toda la población, sino que por el recorte del flujo de fondos de Nación reciben de sus gobernadores e intendentes negativas o propuestas insignificantes para actualizar sus devaluados salarios.
En el primer cuatrimestre de 2024 el ajuste en la partidas a las provincias representó alrededor del 15% del total, entre las transferencias de capital y las corrientes, por $1,5 billones, sin contar los aportes no enviados para obras públicas y subsidios energéticos. Pero debido a la depresión económica, los gobiernos subnacionales también vieron caer su recaudación impositiva en los últimos meses.
Y como el Gobierno nacional también eliminó el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que según el presupuesto prorrogado era de $276.000 millones para este año sin actualización, cada jurisdicción del país debe pagarlos con recursos propios, como hará hoy el gobernador misionero con el fondo provincial (Fopid). Lo irrisorio, en este contexto, es que ese plus salarial correspondiente a abril sea de $28.700 por cargo o el equivalente en horas, y se lo siga llamando “incentivo”.
La relación Nación-Provincias no está en un buen momento, algo que pudo corroborarse en el Senado la semana pasada cuando el oficialismo no logró la aprobación del dictamen de la Ley de Bases y el paquete fiscal, y ayer el presidente tuvo que abandonar su idea de firmar el Pacto de Mayo con los gobernadores de todo el país el sábado 25 en Córdoba y conformarse con hacer un acto patrio tradicional.
Tras bajarse del acuerdo Axel Kicillof y otros cuatro mandatarios provinciales, el armado de ese escenario de unidad perdió sentido y Milei deberá esperar al veredicto parlamentario. Y más allá de cómo resulte el tratamiento legislativo en ambas cámaras de los proyectos del Ejecutivo nacional, los conflictos latentes en todo el territorio a raíz de las medidas implementadas y el DNU 70/2023 muestran un horizonte con menos consensos políticos, más incertidumbre económica y mayor conflictividad social.
