El inicio de la semana podría terminar con un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de no resolverse el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del sector, en un marco sumamente problemático por los recortes en subsidios implementados por el Gobierno nacional.
El reclamo salarial del gremio conducido por Roberto Fernández es en relación a los sueldos de marzo y un presunto aumento esperado por los trabajadores pero que la patronal no quiere liquidar, amparándose en que el acuerdo firmado no abarcaba los haberes correspondientes a marzo.
Sin embargo, desde la UTA amenazaron con un cese de actividades desde las 18 horas en el caso de observar que en el recibo de sueldo no se vea representado el incremento reclamado, dejando a millones de usuarios sin transporte justo antes del retorno del trabajo.
Según exige el sindicato, los ingresos de los conductores correspondientes al mes de marzo deberían ser un 34% mayores que los de febrero, llevando el básico de $737.000 a $987.000. En el segundo mes, no obstante, habían percibido además una suma no remunerativa de $250.000, que ahora esperan que se integre a los ingresos formales.
Mientras desde la UTA aseguran que las conversaciones paritarias contemplaban que hacia marzo el básico incluya la suma no remunerativa, las cámaras empresarias afirman que no hay nada firmado al respecto y las negociaciones continúan abiertas.
A través de un estudio del sistema automotor, se implementó una medida para eficientizarlo que arrojó los primeros resultados: se subsidiaban innecesariamente 1.637 colectivos en el AMBA y, al dejar de subsidiarlas, el Estado se ahorrará 6.200 millones de pesos por mes. pic.twitter.com/yPdK4MaHc7
— Secretaría de Transporte (@ArgTransporte) March 15, 2024
El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro, explicó esta situación en diálogo con la prensa en las últimas horas.
“Las empresas reciben subsidios con un cálculo basado en 737.000 pesos, pero UTA reclama en base a dicha cláusula 987.000 pesos. La diferencia (250.000) por cada cápita (50.000) son cerca de 12.500 millones de pesos que faltan”, sostuvo el dirigente empresario encargado del diálogo con los medios.
En este sentido, profundizó: “Entonces las empresas no pueden honrar un monto, ni aunque jurídicamente sea válido, ya que al no fijar tarifa ni subsidios, la Secretaría de Transporte no aportó dicho valor al cálculo de costos. Ergo falta ese dinero”.
En base a esta situación, aseguran que los subsidios enviados por el Gobierno a través de la Secretaría de Transporte que encabeza Franco Mogetta, se calcularon sobre el supuesto de un salario básico de $737.000 chofer. De esta manera, la brecha de $250.000 restantes deberían asumirla las empresas, que afirman no poder afrontarlo.