ENTRETELONES DE CASA ROSADA
A la par que el Gobierno instrumenta sus políticas de desregulación económica y ajustes en el sector público, que lo llevó a suspender la entrega de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país, toma préstamos en dólares en organismos multilaterales de crédito de la región, como la CAF y el FONPLATA, para mejorar la dieta diaria de millones de argentinos con inseguridad alimentaria y nutricional.
El presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, que era la única que iba a tener partidas disponibles para sostener a los caídos del sistema, repiten cada vez que hablan que no hay plata. Y esta última, en su primera acción de gestión, salió a la puerta del Ministerio y pidió que quien tenga hambre que forme fila y ella misma le tomaría sus datos personales.
Cuál es el argumento oficial compartido: que hay que recortar el gasto público lo más posible, que no se va a emitir un peso para solventar ningún programa social y que, en particular sobre el tema del hambre en un país con un 60% de pobreza, no se van a enviar fondos a organizaciones sociales para comprar alimentos porque hay cartelización de proveedores, sobreprecios e intermediarios que se los quedan.
Desde que asumió Milei denunció corrupción en el ex Ministerio de Desarrollo Social y cortó todas las partidas destinadas a los programas sociales de asistencia a los sectores más vulnerables, que se estaban llevando a cabo con el apoyo de organizaciones y centros comunitarios de todo el país, que son quienes más conocen las carencias y necesidades en sus territorios.
Salvo por dos convenios firmados con Cáritas Argentina y la alianza cristiana de iglesias evangélicas del país ACIERA, desconoció o criticó el accionar comunitario de la mayoría de las organizaciones sociales que tramitaron y distribuían la ayuda estatal en todo el país y suspendió el envío de alimentos. Incluso el diputado oficialista Alberto Benegas Lynch (h) dijo que recibió denuncias de que se cambiaban los alimentos comprados por otros de peor calidad antes de entregarlos.
Mientras tanto, más de 40.000 comedores y merenderos comunitarios distribuidos en todo el país en su mayoría registrados en el ReNaCOM, que prestaban servicios alimentarios regulares en forma directa a más de 4 millones de personas, denunciaban que desde diciembre no recibieron ni un paquete de harina para continuar su labor y dependían de donaciones y hasta de su propio bolsillo para afrontar el desabastecimiento de insumos.
Además, las organizaciones sociales recordaron que las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores, que tenía asignado el presupuesto como parte del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, quedaron sin usar. No es que no hay plata como machaca el Gobierno, lo que no hay es sensibilidad ni solidaridad, porque todos los días se destinan miles de millones de pesos para pagar pasivos remunerados del BCRA, y encima ahora se vuelve a tomar deuda externa para la compra de alimentos y bebidas a nivel local para sostener la seguridad alimentaria de los argentinos.
El próx. lunes 18 de marzo llevaremos adelante una jornada nacional junto a otras organizaciones sociales y sindicales. Vamos a profundizar nuestro plan de lucha frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular. pic.twitter.com/85MqEZ81l7
— UTEP (@UTEPoficial) March 14, 2024
En lugar de tomar la decisión de hacer la compras de alimentos en forma urgente y directa, dada la gravedad de la situación económica y social, el aumento de la pobreza e indigencia en tan poco tiempo y la licuación de los ingresos de la población por la inflación, desde el Gobierno se decidió realizar licitaciones para la adquisición de los insumos, mientras se auditan los registro oficiales de los centros comunitarios beneficiarios.
Recién la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano retomó las licitaciones públicas para la compra de alimentos para los sectores más vulnerables y lo hizo a través de una convocatoria previa según las normas de la Organización de Estados Iberoamericanos, en la que participaron productores y distribuidores con precios sustancialmente menores al presupuesto oficial y por debajo de los precios de mercado, según fuentes de esa cartera.
A casi cuatro meses de asumir, y como si el nivel de parsimonia para darle solución a un tema tan sensible no fuera suficiente, para sostener el recorte del gasto público social en pesos en las cuentas públicas, ahora se vuelve a tomar un crédito en dólares de un banco regional para fondear el Programa de Políticas Alimentarias, cuya principal herramienta es la Prestación Alimentar (antes Tarjeta Alimentar de la ANSES), así como la distribución de alimentos a comunidades.
El directorio ejecutivo del FONPLATA, reunido en Maceió, Brasil, aprobó ayer por unanimidad un préstamo de US$200 millones para fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria implementado por el gobierno argentino, que tendrá como objetivo principal la atención de familias en situación de vulnerabilidad social. Además, aclararon, estos fondos pasan a complementar recursos otorgados por otras entidades como BID, CAF y BCIE quienes también apoyan esta iniciativa de la Argentina.
El 4 de abril, el Directorio Ejecutivo de FONPLATA, reunido en Maceió, aprobó un préstamo para fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria implementado por el gobierno de, que tendrá como objetivo principal la atención a familias en situación de vulnerabilidad social. pic.twitter.com/NhJfWWQQTj
— FONPLATA (@Fonplata) April 4, 2024
En un comunicado, explicaron que el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo Regional (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) facilitará el acceso a una canasta básica alimentaria para aproximadamente 4 millones de personas, entre ellos madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y madres con más de 7 hijos.
El financiamiento al plan alimentario, agregan desde el FONPLATA, se suma a los US$400 millones aprobados por CAF para este mismo programa en marzo de este año, durante la reunión de directorio del organismo desarrollada en Punta Cana. En ninguno de los dos casos se hace referencia a la forma de pago, plazos y tasas de interés que implicarán para el Estado nacional.
Es bueno recordar que la Prestación Alimentar otorgó en marzo último a sus beneficiarios un monto igual a febrero, cuando se había aumentado hasta el 100% según la conformación familiar, y que fue de $44.000 para las personas que perciben la asignación por embarazo y las familias con un hijo, de $69.000 para las familias con dos hijos y de $91.000 para las que tienen tres o más hijos.
Sin embargo, también vale aclarar que en febrero pasado la canasta básica total tipo 2 que mide el INDEC, y que representa la línea de la pobreza, se situó en $690.902 para un hogar de cuatro integrantes y que la canasta básica alimentaria llegó a $322.815 para igual composición familiar.
Las millones de familias que no logran ingresos por este monto el mes pasado se consideran en la indigencia y, si se toma el monto percibido como ayuda alimentaria estatal se observa que sólo representa, en el mejor de los casos, poco más de un cuarto de la CBA, que por otra parte es la que ha registrado la mayor desregulación desde el cambio de Gobierno y un descontrol en el aumento de los precios inédito en décadas.
