ENTRETELONES DE CASA ROSADA
En términos objetivos, pese a los diversos cónclaves que se sucedieron en Casa Rosada con la oposición dialoguista, la decisión de emitir un decreto para establecer una nueva y confusa fórmula jubilatoria, marca el camino que persiste en seguir el gobierno de Javier Milei, con o sin apoyo del Congreso.
Las caras de los gobernadores del norte grande, en la visita que les hizo el negociador y ministro del Interior, Guillermo Francos, hablaban por sí solas. El eslogan que reza “no hay plata”, se respiraba en el aire de otro encuentro donde el anfitrión salteño Gustavo Sáenz, volvió a pedirle que revisen la decisión de discontinuar la obra pública.
El funcionario prometió analizar el tema, pero en cada una de las apariciones mediáticas que hacen los integrantes del poder central se reitera hasta el cansancio que no se va a hacer nada que atente contra el déficit cero. Y en rigor de verdad, hasta ahora es algo que se mantiene en el discurso y en el mecanismo de gobernanza de LLA.
Lo simbólico es otra herramienta a la que recurre cada vez con más asiduidad el oficialismo a la hora de obtener margen y combustible para ampliar los recortes. “La gente banca a pesar del ajuste”, señaló un asesor presidencial que promueve la “batalla cultural”.
Al cambio de nombre y contenido del ex Salón de las Mujeres (ahora “de los Próceres”) le siguió el del CCK -todavía sin definir- pero anunciado pocas horas después de la numerosa marcha del 24 de marzo, en la que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, obsequió el argumento que necesitaba el mileísmo para salir a decir que desde la oposición se tejen conspiraciones golpistas. “Que cambie o se vaya rápido”, dijo desde el escenario una de las dirigente de organismos de derechos humanos más cercana al kirchnerismo.
Para algunos de los capitostes del Instituto Patria ese tipo de reacciones aporta gobernabilidad a los libertarios. Están los que prefieren que la tengan hasta que sea la recesión y el desempleo lo que los desgaste, y los que sugieren que la jugada es muy peligrosa. Uno de los jefes territoriales del conurbano bonaerense que observa en las estrategias de La Cámpora y el cristinismo duro la certeza de un desgaste sin retorno, se confiesa temeroso a la posibilidad de que el Gobierno amplíe su base electoral de cara al 2025 si conjuga el predicamento anticasta con resultados efectivos en materia económica.
“Basta mirar los mercados para darse cuenta que este tipo tiene respaldos con los que podría generar una sensación parecida a la del 1 a 1 de Menem y quedarse 8 años en la Rosada sin problemas. Eso es lo que me parece que los compañeros no están viendo”, manifestó a P&M este peronista, que de todos modos espera “equivocarse”, a la salida de una reunión que mantuvo en la sede del Bapro, a metros de Balcarce 50, centro operativo del kicillofismo en la CABA.
A “Peluca”, como lo llaman los propios jóvenes de la Fuerzas del Cielo que mueven las redes libertarias desde Casa de Gobierno, no se le movió un pelo a la hora de anunciar 70 mil despidos en la administración pública ante un auditorio que lo escuchaba inconmovible en el Four Seasons, donde se desarrolló el IEFA Latam Forum 2024. A las pocas horas llegaron las aclaraciones que oscurecieron la atmósfera en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El vocero Manuel Adorni salió a explicar en una de sus clásicas ruedas de prensa, que por ahora no se tiene el número “finito” de personas a las que no se les renovarán los contratos regulados por el artículo 9, inciso 48 de la Ley Marco de Empleo Público N° 25.164. El funcionario aseveró que la cifra rondaría los 15 mil, y que el resto –otros 55.000- seguirán en revisiones trimestrales.
La situación pone en vilo a los trabajadores de todas las dependencias públicas que hace décadas vienen firmando contrataciones anuales, y que desde la llegada de La Libertad Avanza tuvieron que ajustarse a sellar su relación de dependencia con el Estado cada tres meses.
Frente a este panorama, los empleados en ciernes, y también militantes opositores, empezaron a exigir a la CGT que le ponga fecha a otro paro general. Lo cierto es que la central de Azopardo 802 parece estar más preocupada por participar en la discusión del proyecto de ley de reforma laboral -que ellos mismos frenaron judicialmente en el formato del DNU de desregulación de la Economía- que en tensionar más su relación con el Poder Ejecutivo.
De hecho, fue el portavoz presidencial quien reconoció que “hay consenso entre el oficialismo y un sector de la oposición para avanzar con una reforma laboral”, y que “esto lo entienden parte de los empresarios, parte de los sindicatos, parte de la política, y por supuesto, nosotros”.
[CASA ROSADA] Consultado sobre las negociaciones con los gremios para avanzar con la reforma laboral, (frenada judicialmente) el vocero Adorni dijo que hay bastante consenso entre todos los sectores para debatir el tema, y agregó que siempre fueron mediante consensos mayoritarios pic.twitter.com/mDQsxMfqrG
— Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) March 26, 2024
Luis Caputo debe ser el ministro de Economía que más kilómetros lleva recorridos entre el Palacio de Hacienda y Casa Rosada en estos casi cuatro meses de administración. Un itinerario –ida y vuelta- que hace varias veces al día. Sin contar sus aterrizajes en Olivos en esas jornadas en las que el presidente se queda en la Quinta a mezclar trabajo con una tarea que él considera parte de su labor, postear o repostar en X. La obsesión compartida entre Milei y “Toto” es dar una noticia que quede en las efemérides del liberalismo autóctono.
Adorni se adelantó a las aspiraciones de su jefe cuando el 25 de marzo recordó que se cumplían 33 años de la promulgación de la Ley de Convertibilidad “que permitió salir de la inflación y generar crecimiento”, expresó. De paso, aprovechó para subrayar que esos logros se dieron gracias al respaldo de la política, cosa que hoy no tiene el Gobierno nacional. A la vez, declaró que igual “estamos consiguiendo cosas extraordinarias, imaginen lo que podría pasar si tuviéramos el apoyo de la oposición”, interrogó a los periodistas acreditados permanentes en la sede gubernamental.
Más allá de las elucubraciones y deseos de oficialistas y opositores, la realidad material es que los más de 10 mil cesanteados en el Estado tensaron el clima en la previa del feriado pascual, y mucho más en la semana corta post descanso extra large que se viene. Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE nacional, salió con los tapones de punta a anunciar ingresos masivos y simultáneos el miércoles 3 de abril, en las carteras donde se echó gente a la calle.
El sindicalista exigió al titular del PEN que no militarice las oficinas, hacia donde además, movilizará ese gremio que denuncia que se está violando el “derecho constitucional a la Estabilidad en el Empleo Público (art 14 bis)”.
Para los gremialistas que se muestran combativos será una prueba de fuego a la hora de saber si sus bases están realmente decididas a avanzar con este tipo de reclamos con resistencia, o son víctimas del disciplinamiento que impulsa la administración Milei. A su vez, el Gobierno tendrá su primer ensayo de achicamiento estatal masivo -aunque gradual- que en caso de salir mal exigirá repensar estrategias en medio de un clima social en el que todo puede suceder.
Especialmente, si no se empieza a descomprimir la presión económica que recae sobre una población que, más allá de un número reiterado de gente que tiene la capacidad adquisitiva de hacer turismo en períodos de asuetos largos, tenía a enero de este año -y en base a datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA- un total de 57,4% de pobreza y 15% de indigencia. Estamos hablando de 27 y 7 millones de argentinos, respectivamente. El valor negativo más alto de los últimos 20 años, en un país detenido bajo un proceso de deterioro que lamentablemente no cesa.
