Mientras el Gobierno nacional continúa con su plan de reducir el Estado a su mínima expresión, mediante el cierre de diversos organismos, la desfinanciación de otros, el despido de empleados públicos de planta permanente y la no renovación de contratados, en el sector privado hacen lo propio ante la depresión de la economía, la caída del consumo y la falta de mejores perspectivas a mediano plazo.

Las pymes nacionales, que son las grandes generadoras de empleo asalariado e informal del país, son reacias a despedir personal por el vínculo estrecho con sus colaboradores, pero tarde o temprano no tienen más remedio que ceder y, como ocurrió al final del gobierno de Macri, bajar las persianas y liquidar el negocio.

Las multinacionales, las grandes compañías locales y las industrias de diversas ramas, aún con mayores espaldas para afrontar adversidades, también se hicieron cargo de los planes regresivos del Gobierno, que apunta al negocio financiero antes que al productivo.

De acuerdo a una encuesta de la UIA, en enero un 20,9% de las fábricas había cesanteado trabajadores, contra sólo un 6,6% que incorporó personal. Fue el segundo mes consecutivo con destrucción neta de puestos de trabajo, en una tendencia creciente, que se consolidó en febrero y seguirá subiendo en los próximos meses.

Firmas líderes de insumos difundidos como Acindar y Petroquímica Río Tercero, empresas de bienes terminados como Longvie, General Motors, Toyota y varias alimenticias (Coca-Cola, CCU, Quilmes, Nestlé), son los casos más resonantes en la prensa, pero hay muchas más que están con retracción de ventas, paradas de actividad por sobre stock, retiros voluntarios abiertos y negociación de suspensiones con reducción de salarios.

En el multiplicador sector de la construcción, la decisión del Gobierno de frenar toda la obra pública a nivel nacional provocó un fuerte impacto en toda la cadena de valor y generó desde diciembre la cesantía de unos 100.000 trabajadores directos, según los números que maneja la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Según un informe del CEPA, el empleo registrado en el sector privado perdió 9.395 puestos de trabajo en el primer mes de gobierno de Javier Milei , a consecuencia de la caída de la actividad económica en diciembre del 4,5% interanual. Hacia adelante, los indicadores tempranos de actividad muestran derrumbes de dos dígitos, por lo que es esperable que el empleo continúe a la baja.

No es que al asumir el presidente Javier Milei heredara una buena performance de su antecesor en el cargo, el país no estaba creciendo, el BCRA no tenía reservas disponibles, el déficit fiscal era alto y la creación de puestos de trabajo nuevos era sobre todo de informales y con creciente pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Sin embargo, más allá de la calidad de empleo generada en ese tiempo y la precarización laboral observada en muchos sectores, el líder de LLA recibió la menor tasa de desempleo en 20 años, que según los registros del INDEC del cuarto trimestre del 2023 se ubicó en el 5,7%, igual a la del trimestre anterior y con una baja del 0,6% en relación a igual período del año previo (6,3%).

Según el ente estadístico oficial, sobre un universo de 29,5 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos del país relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, 48,6% eran personas económicamente activas (con ocupación, o sin ella pero en búsqueda activa), mientras que el 51,4% se consideraban inactivas, porque no tenían trabajo ni lo buscaban.

En detalle, el primer grupo incluye a 14,3 millones de personas de población económicamente activa (PEA), con 13,5 millones de ocupados de los que 10 millones son asalariados, aunque sólo 6,4 millones tienen descuento jubilatorio y 3,5 millones no son asalariados formales (cuentapropistas, trabajadores familiares sin remuneración y patrones).

De acuerdo a la caracterización del INDEC, casi 6 de cada 10 de este subgrupo son los subocupados, es decir los que trabajan menos de 35 horas semanales y aceptarían trabajar más horas. Y tres de cada diez están sobreocupados, porque trabajan más de 45 horas semanales.

Además se cuentan los 800.000 desocupados, que están sin trabajo y los buscan en forma activa, que representan ese 5,7% de tasa de desocupación sobre la PEA.

Siguiendo en detalle del cuarto trimestre de 2023, la mayor tasa de desocupación por aglomerado urbano se encontró en Mar del Plata (9,3% del total), los partidos del GBA (7,4%), el Gran Santa Fé (6,3%) y San Nicolás/Villa Constitución (6,3%). Las mejores performances fueron de Viedma/Carmen de Patagones (0,6%), Santiago del Estero/La Banda (1%), Gran San Luis y Comodoro Rivadavia/Rada Tilly (1,8%).

Estos indicadores no son realmente positivos, sólo reflejan que en la evolución, pese a la inflación creciente, problemas macroeconómicos y factores exógenos desfavorables, las empresas en general no estaban en un ciclo tan negativo, como para desprenderse de personal o restringir la oferta laboral si tenían puestos vacantes.

Y por el lado de la demanda, personas con o sin trabajo se ofrecían para cubrir puestos disponibles o sumar nuevos ingresos. Esa tasa de desempleo del 5,7%, como una foto, si bien no es un indicador para festejar, no registraba un valor tan bajo en la Argentina desde que comenzó a medirse en 2004, según las estadísticas del organismo oficial.

Cristina Kirchner le había dejado a Macri un 5,9% de desempleo, el expresidente lo aumentó a picos de 9,7% en 2019 y Alberto Fernández  la entregó a Milei aún más baja que la alcanzada por la expresidenta.

Pero Milei no venía a generar un shock productivo ni proteger las fuentes de trabajo; al contrario, desde su campaña anunció desregulaciones varias, achicamiento de la economía, reducción de la actividad y, en particular, un flexibilización laboral a libro cerrado y por decreto que hasta la Justicia frenó de inmediato, al hacer lugar a un amparo presentado por la CGT en la Cámara Nacional del Trabajo.

Además, para dar el ejemplo y marcar el camino de su gestión, desde el primer día redujó la estructura de la administración pública nacional en todos sus niveles y organizó un plan de despidos masivos en todas las áreas, motivado más por una reducción del gasto que por una evaluación auditada y en detalle de cargos, funciones, prioridades y eficacia.

A tres meses de asumir, y aún sin cubrir cargos estratégicos y fundamentales en el organigrama estatal, desde la esfera oficial se entusiasman con comunicar la desfinanciación de entes, programas e instituciones y la desafectación de miles de contratados en la gestión anterior, sin evaluar su expertise y desempeño.

La estimación del desempleo en el sector privado para el primer trimestre de 2024 ronda el 7,7%, según las consultoras y economistas que revela la encuesta del BCRA, pero sube al 8% de acuerdo con la estimación de los tecnócratas del FMI, que en reiteradas oportunidades le advirtieron a Milei y Caputo sobre el riesgo de ajustar fuerte a los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

Por eso no es casualidad que el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo Rodrigo Valdez, presente esta semana en Buenos Aires para participar del IEFA Latam Forum al que también asistió Milei, haya insistido en la necesidad de cuidar a la fuerza laboral. “Que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre los trabajadores”, pidió el funcionario.

En simultáneo a esas advertencias e indicadores, el Gobierno redobla la apuesta y rápido y furioso acelera con la recesión macro que pone en peligro la estructura de personal en el sector privado, paraliza cualquier perspectiva de creación de empleo y profundiza la desfinanciación y la reducción de las plantillas en el ámbito público.

Por extensión, y a través del retiro de fondos coparticipables, de programas nacionales y transferencias no automáticas a las provincias, obliga a los gobernadores e intendentes de todo el país a hacer lo propio en sus territorios.

Con el agravante de que en muchas jurisdicciones, alejadas de zonas productivas o industriales, la única fuente de ingresos para sus habitantes es el empleo en reparticiones públicas o incluso la contratación precaria en tareas municipales.

Mientras muchos empleados no podían ingresar su huella digital en el ingreso del Ministerio de Economía ayer por la mañana, en la calle se iba armando una manifestación espontánea de trabajadores de esa repartición y otras aledañas en donde día tras día se repite el mismo mecanismo. Nada de revisión de legajos ni entrevistas personales, cientos de empleados públicos se enteran por email o en la entrada de sus trabajos que han sido despedidos.

En la entrada del Palacio de Hacienda se produjo una creciente protesta encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde el secretario general de la sección Capital Daniel Catalano anticipó que habrá una gran medida de fuerza: “Los primeros días de abril hagamos el paro de estatales más grande que podamos”.

El 31 de marzo vencen más de 70.000 contratos del sector público nacional y desde ATE consideran que el Gobierno avanzará con despedir al 30% del total en organismos y ministerios. El propio Milei lo confirmó al hablar en el referido foro empresario de que ya se despidieron 50.000 contratados y todavía restan ese número adicional de expedientes por dar de baja. Luego aclararon que sólo despedirán 15.000 a fin de mes, al vencer sus contratos, y luego continuarán con el plan preestablecido.

Por su parte el vocero presidencial Manuel Adorni ayer anunció durante su conferencia de prensa diaria que se va a suspender la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022. Y además adelantó que "El Ministerio de Capital Humano va a depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas que revisten innumerables irregularidades y se van a inspeccionar las 4.500 creadas en 2023", adelantó.

En la misma línea de la gremial estatal, pero con un alcance masivo y nacional, y por la situación de suspensiones y despidos que crece día a día en el sector privado, la cúpula de la CGT y sus organizaciones de base analizan la convocatoria a un nuevo paro nacional con movilización para el mes próximo.

El ingreso de los argentinos que tienen ocupación medido en dólares hoy se acerca a los niveles de la salida del régimen de la convertibilidad, y son los más bajos en relación a los trabajadores de la región. Por la coyuntura, se viene a la memoria de una parte de la población y los analistas políticos la crisis del 2001, pero no como un hecho desgraciado del pasado lejano sino como una posibilidad fáctica del futuro cercano.