Por Patricio Ballesteros Ledesma

El superávit fiscal y financiero que el ministro de Economía Luis Caputo festejó en enero y que el presidente Javier Milei mostró como un triunfo programado de su estrategia no es sustentable en estos términos, porque implicó una inédita devaluación y un shockeante ajuste a la mayoría de la población.

La oposición y algunos economistas van más allá y dicen que es un logro mentiroso, porque si se recortan partidas para la administración nacional, casi no se transfieren fondos a las provincias y se posterga el pago de deudas, ese virtual equilibrio fiscal esconde la contracción drástica del Estado en sus obligaciones.

Por otro lado, la baja de la inflación mediante la brutal recesión y la licuación de los pesos, pone en dudas no sólo la desinflación declamada sino también el real alcance del ajuste fiscal, ya que la caída en la recaudación fue violenta en lo que va del año y el gasto público no puede contraerse más de la cuenta en lo sucesivo. 

Además, para no insistir con otra fuerte devaluación, que inmediatamente se trasladaría a precios, ahora Caputo analiza como alternativa un nuevo dólar Soja para que los agroexportadores liquiden las divisas de la nueva cosecha, que de todos modos será menor a la esperada y con una cotización en caída.

Todos los directivos del FMI que analizan la situación en la Argentina, y que se reunieron con el presidente y el ministro en Davos, en Washington y en Buenos Aires, se mostraron conformes con la impronta del nuevo Gobierno pero señalaron dos alertas: la falta de apoyo político sobre las medidas impulsadas desde el PEN y el sobredimensionado impacto del ajuste sobre los ciudadanos más vulnerables y los jubilados. 

Además, el organismo de crédito recalculó a la baja su proyección para el país y ahora estima una caída del 2,8% del PBI para el 2024. Ya sabía que la estanflación estaba en proceso, pero ahora empeoró sus perspectivas para el año en curso y se alarma con una depresión económica con alta conflictividad social en el corto plazo.

Por eso, y porque su objetivo es cobrar el enorme crédito que le otorgaron a la Argentina, más que entusiasmarse con volver a girar fondos frescos al país como le pidieron Caputo y Milei en su aventura dolarizadora, la prioridad del momento es que ambos no se sobregiren más allá de las metas acordadas y la capacidad de aguante de una sociedad económicamente frágil y empobrecida.

Incluso, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Rodrigo Valdés le reiteró estas advertencias al Gobierno, y ahora podrá hacerlo en persona ya que arribará al país a fin de mes para participar de un foro empresario regional. 

Su visita es relevante porque es quien supervisa el programa del organismo con la Argentina, y además conoce de cerca la situación local por haber sido ministro de Finanzas de Chile.

Desde el FMI remarcan que “todavía es prematuro discutir las modalidades precisas del programa”, aunque “nuestro objetivo sigue siendo apoyar las políticas encaminadas a restablecer la estabilidad macroeconómica en Argentina, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables”. 

Sin embargo, Milei asegura que “la posibilidad de un nuevo acuerdo está planteado sobre la mesa y que podría contemplar desembolsos del FMI, de otros países y de fondos de inversión, que además nos permitieran avanzar hacia el sistema de competencia de monedas con el peso".

Desde el Gobierno nacional buscan mostrar una consistencia de sus medidas económicas y de sus primeros resultados fácticos, que es puesta en duda desde el organismo de crédito pero también desde la mirada de los inversores globales. 

El viernes último el ministro Caputo adelantó que en febrero el Sector Público Nacional alcanzó otra vez superávits gemelos, algo que el FMI, Washington, Wall Street y los analistas financieros expertos no aceptan con su sola enunciación: siempre analizan su origen y consecuencias para elaborar una tendencia.

También ocurre otro tanto a nivel local, y en el rechazo por mayoría del DNU 70/2023 en el Senado nacional quedó demostrado en forma bastante contundente. Sigue vigente, claro, pero ahora le corresponde a Diputados convalidar la decisión de la Cámara Alta o ratificar la anulación y modificación de más de 82 leyes vigentes y la delegación de facultades del decreto en caso afirmativo.

Para abril se prepara su segunda oportunidad, tras la anterior derrota por impericia o testarudez, con el tratamiento sobre tablas de la remodelada Ley de Bases en Diputados, que aún así mantiene inalterables ciertos artículos ya rechazados en la anterior votación del proyecto. 

Y si el FMI decidiera en algún momento ampliar su programa de crédito al país como le pidió el presidente y el ministro, esa nueva toma de deuda debería ser tratada y aprobada por ambas cámaras. El nido de ratas donde abundan los traidores y coimeros, según el presidente, tiene también una gran oportunidad.

Mientras tanto, el gran problema de la bola de nieve de Leliqs y luego de pases pasivos a 1 día que Milei mostraba como prioridad al inicio de su mandato, no sólo no se está derritiendo sino que cada vez se hace más sólida. Las primeras se extinguieron y como consecuencia los segundos crecieron un 60% en estos tres meses (suman casi $29 billones).

Esa deuda sigue pendiente; no se pagaron más que intereses y con emisión. Sólo que ahora para dejarla de computar como déficit cuasi fiscal y sanear el balance del BCRA, en el camino a la dolarización y su cierre como anhelaba el presidente desde un inicio, se la migra hacia la Tesorería a través de los nuevos bonos de mediano plazo.

Los bancos desarman pesos en el Central y buscan deuda del Tesoro por el efecto licuadora, ya que el primero dejó atrás la atractiva tasa que venía dando en las licitaciones periódicas y en compensación ofrece bonos del segundo para los pasivos remunerados que no se renuevan. 

Para levantar el cepo tal como busca el Gobierno es prerrogativa sanear el balance de la entidad monetaria, que a pesar de comprar divisas en el mercado a diario (US$10.000 millones desde la asunción), tiene reservas netas negativas y tras la devaluación de diciembre acumula nueva deuda por el equivalente a US$7.615 millones (entre pasivos remunerados en dólares y pesos, más los Bopreal para importadores).

Por la aceleración inflacionaria y el subidón del tipo de cambio oficial se logró bajar a la mitad el déficit cuasi fiscal en términos reales, pero el rojo se mantiene y crece al trasladarlo al Tesoro nacional. Con esta estrategia se cuida al Central para allanar el camino hacia la unificación cambiaria y liberación del cepo, pero se carga más deuda sobre el Estado nacional, que aunque gasta mucho menos también recauda cada vez menos y debe cada vez más.