Por Patricio Ballesteros Ledesma

El secretario de Energía de la Nación Eduardo Javier Rodríguez Chirillo cuestionó esta semana la aplicación de la Ley 27191, que creó el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables destinadas a la Producción de Energía Eléctrica, ya que consideró que “no se cumplieron las metas de producción de energías renovables para el consumo final ni se aplicaron las penalidades estipuladas”.

Lo hizo de manera virtual el lunes 11 en la apertura del Future Energy Summit Argentina 2024, un espacio de encuentro entre los principales ejecutivos y líderes del sector energético de Latinoamérica y Europa, en el que explicó los lineamientos del Gobierno para avanzar en la transición energética y promover el desarrollo de fuentes renovables.

“Para el año 2023 debió ser de 18% (su participación en la matriz eléctrica) y sólo se alcanzó al 14,3%. La potencia renovable instalada conectada al Mercado Eléctrico Mayorista se encuentra en el orden de los 6.000 megavatios”, detalló durante su disertación. Por eso, aseguró que la nueva gestión “debe enfrentar un cambio de un modelo de funcionamiento eléctrico que ha mostrado su agotamiento”. 

Cabe aclarar que las distribuidoras Edenor, Edesur, Edelap, Eden y Edes le deben a CAMMESA más de $400.000 millones, y ésta a su vez acumula pasivos con las generadoras y transportistas por más de $1 billón. Sin embargo, el Tesoro les recortó los fondos para cancelarlas y además fijará por resolución que las distribuidoras no podrán financiarse más con la compañía estatal mayorista.

Para el funcionario de energía, el país se encuentra en un momento histórico, en el que hay que hacer muchas cosas, comenzando por el desafío de normalizar el funcionamiento técnico y recaudatorio del sector energético, en particular el eléctrico, fijar las reglas del juego de un nuevo modelo, y por último generar la confianza para que los inversores nacionales y extranjeros radiquen sus inversiones en el país.

No es la primera vez que analiza el estado del sector en estos términos, ya que antes había hecho un diagnóstico de la situación que recibió de la gestión anterior y propuestas de cambio de modelo cuando asistió a Diputados en enero para defender el articulado de los aspectos energéticos contenido en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Ahora, centró su visión del panorama en cuatro puntos centrales sobre los que su cartera ya está trabajando. El agotamiento del modelo del funcionamiento centralizado y la necesidad del cambio, el cambio del modelo y las medidas que se están adoptando sobre tarifas y subsidios, la generación renovable en el nuevo modelo y la creación del mercado de derechos de emisión, y la transición energética y las herramientas con las que contará la demanda para el cumplimiento de las metas comprometidas internacionalmente.

Sobre las potencialidades del país para los planes de transición energética globales, que implican acelerar la producción y uso de electricidad de fuentes renovables, resaltó que “la Argentina tiene recursos sobresalientes de fuentes renovables y reservas de gas no convencional que ayudarán a la transición de nuestro país, y esperamos que también de otros países”.

En esa línea destacó los kilómetros de costa marítima y los recursos eólicos sobresalientes con que se cuenta, que son atractivos para la provisión de hidrógeno verde. Por eso, aclaró que el Estado debe colaborar para que existan condiciones que permitan reducir el riesgo que deben asumir los privados y que coadyuven a que los proyectos se desarrollen.

Y así como alertó que no se cumplieron las metas ni se aplicaron las multas referidas en la Ley 27191, también lamentó que si bien el país cuenta con diferentes planes, lineamientos y guías sobre la materia se encuentran desconectados entre sí, de manera que la dispersión genera un debilitamiento de las estrategias y falta de controles centralizados.

Según las últimas estadísticas disponibles de CAMMESA, la Argentina cuenta con algo más de 5.900 MW de capacidad instalada renovable en proyectos de generación centralizada (sin contar las hidroeléctricas mayores a 50 MW), más de 150 parques eólicos y fotovoltaicos, y casi 4.000 MW adicionales que podrían entrar en operación en el corto plazo, desde las centrales asignadas con prioridad de despacho en el MATER y las adjudicaciones de la licitación Ren MDI de 2023. 

“La propuesta del Gobierno en materia de transición energética es darle una nueva mirada y entender que los compromisos asumidos, de no superar las metas de emisiones absolutas de GEI a 2030, son de la República Argentina y por tanto de todos nosotros y no solo del Estado nacional”, expresó el funcionario.

Esta aclaración cobra mayor relevancia en estos momentos, en los que desde Economía se lleva adelante un enorme recorte de inversiones en infraestructura energética, recorte del pago de deudas a las generadoras desde CAMMESA, aumento de las tarifas para los usuarios domiciliarios con subsidios y eliminación de estos para comercios e industrias.

Pero además se recortaron los envíos de fondos corrientes a las provincias, y se están desarmando los fiduciarios que tenían por objetivo solventar obras públicas energéticas, que no pueden ser llevadas a cabo por las jurisdicciones sin el aporte de fondos nacionales. 

Está claro que si no se cumplen las metas de descarbonización asumidas es el país el que sufrirá las consecuencias, y no sólo el Estado nacional, sino también las provincias y sobre todo la producción de productos y bienes locales con destino a la exportación, que deberán pagar penalizaciones en los mercados externos o quedarán fuera del comercio internacional.

“Todos debemos hacer un esfuerzo para cumplir con los compromisos, y eso ayudará a que los productos que la Argentina exporte no queden fuera del mercado cuando esté efectivo el impuesto al carbón en frontera”, aclaró Rodríguez Chirillo.

Las iniciativas aisladas o descoordinadas no pueden sumar fuerza para cumplir esos objetivos, pero de nada sirve la unificación si no se disponen los recursos humanos y financieros para llevar adelante políticas públicas, con la participación de las provincias y el sector privado involucrado, y se trazan objetivos alcanzables y sostenibles.

En relación a este punto, el titular de la cartera energética comentó que se estableció en la estructura de Gobierno una nueva Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, que abordará de manera integral la temática, y explicó que uno de los ejes centrales de su política rumbo a la transición energética es la creación del llamado mercado de derechos de emisión.

El primer compromiso de esta gestión es reducir las emisiones netas absolutas del 2030, que no deben superar los 349 millones de toneladas de CO2, que son los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París. “Quienes emiten gases de efecto invernadero, sin importar a qué sector pertenecen, son los responsables de cumplir los compromisos asumidos por el país”, aclaró el funcionario.

Esos compromisos se plantean sobre las bases del Inventario Internacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que se elaboran en base a la guía del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, y forman parte de acuerdos firmados por el pais. 

A su entender, la intervención por parte del Estado debe ser mínima, aunque es necesario establecer el marco de cumplimiento y de los instrumentos con los que contará la demanda para cumplir con la reducción establecida, algo que está incluido en el título respectivo de la Ley de Bases, que ahora se intentará tratar nuevamente en el Congreso nacional.

Sobre esa base, el Estado asignará a cada sector y subsector de la economía derechos gratuitos de emisión, con un umbral que sea compatible con los compromisos y que se base en los datos del inventario. “Y así se permitirá viabilizar proyectos de captura y reducción de C02, para que la transición sea más costo-efectiva”, concluye el secretario. 

Además controlará el cumplimiento obligatorio de no superar ese umbral y se establecerán penalidades en caso de incumplimiento, aunque diseñará el mecanismo de designación de manera de no perjudicar a quienes ya hayan innovado o invertido en medidas de mitigación.