ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo continúan con su plan de Gobierno, impuesto primero por el mega DNU 70/2023 y sobre el que buscaron aprobación legislativa a través de la rechazada Ley Bases, los números de la macroeconomía en poco más de dos meses no son recibidos con preocupación por todos por igual.
Los empleados asalariados privados y públicos, los trabajadores informales y los independientes registrados, los jubilados y pensionados, los beneficiarios de asignaciones y programas, siguen con ingresos en su mayoría congelados y profundizan la pérdida de poder adquisitivo por el salto devaluatorio, la alta inflación, la quita de subsidios y el aumento de las tarifas.
En este universo heterogéneo y mayoritario compuesto por millones de personas, que arrastraban el problema de no generar ingresos suficientes para amortizar el impacto de una suba de precios descontrolada en los rubros básicos, desde el cambio de Gobierno nacional soportan nuevos y más profundos efectos adversos por las medidas implementadas desde mediados de diciembre hasta hoy.
Las promesas de libertad y de ajustes a pagar por la casta, esa entelequia que pregonaban el presidente y sus adeptos, resultó un anzuelo eficaz para pescar votos de bronca y hastío, pero que a los pocos días de asumir en el cargo demostró ser mucho más amplia y con un alcance desproporcionado hacia los ciudadanos comunes, trabajadores y esperanzados, la gente de bien real.
“Van a pagar justos por pecadores”, declaró un diputado libertario asociado en tono religioso, ya que la casta sólo será el 40% del ajuste, pero el restante 60% tendrá impacto en toda la población. Y así fue, o peor, ya que son muy pocos los que a esta altura tienen resto para afrontar la caída de salarios, la suba de precios y el aumento de las tarifas. Los más vulnerables vuelven a ser los más perjudicados, pero esta vez desde un piso más bajo.
El mayor recorte en monto desde el Gobierno nacional hasta ahora se produjo sobre los jubilados, y en partidas indispensables y vitales para sectores en estado crítico, para alcanzar un nivel de equilibrio fiscal mayor al pedido por el FMI, lo que incluso provocó un alerta desde el organismo acreedor, porque estaba focalizado en sectores sociales pauperizados y carecía de sustentabilidad.
Si desde el Estado nacional se baja el gasto en forma drástica y generalizada, y más en enero, un mes que no suele cargar con las mayores erogaciones del año, está claro que se puede conseguir el equilibrio fiscal e incluso un superávit, como festejaron desde el gobierno. Desfinanciar la salud y la educación, suspender las transferencias no automáticas y restringir o condicionar la coparticipación no puede extenderse demasiado sin conflictos.
Esa contracción del flujo de gasto e inversión del gobierno central tiene un límite cercano, y por la vía legal o fáctica, más en un contexto de estanflación como el actual, el Poder Judicial, el Legislativo, los mandatarios provinciales y las instituciones ciudadanas van a reclamar lo que les corresponde. Hasta el FMI ya lo vió y lo subrayó.
Mientras tanto, no todos pierden en esta espiral de recesión y empobrecimiento del país, aunque los indicadores macro confirman caídas múltiples en crecimiento, actividad, uso de capacidad instalada industrial, ventas, consumo, empleo, que golpean de lleno en los trabajadores activos y pasivos, las pymes y las economías regionales.
Las multinacionales, los grandes grupos económicos, los bancos, los fabricantes de productos de consumo masivo, las agroexportadoras, continúan sacando ventaja y lo dicen abiertamente. De seguro algunos participaron, junto a las consultoras internacionales y los estudios jurídicos que los asesoran, de la confección del vasto articulado que resultó en la Ley Bases, entregada por el lobista y ahora jefe de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía Federico Sturzenegger al ministro Caputo.
#VentasMinoristas @redcame
— Estadísticas CAME (@EstadisticaCame) March 4, 2024
🔴Las ventas minoristas #Pyme caen 25,5% anual en febrero respecto al mismo mes del 2023.
Las #Pymes señalaron a febrero como un mes para el olvido, con días consecutivos donde no se registraron ventas.
Informe completo👉 https://t.co/diel1OhxWP pic.twitter.com/ctMzST09Lj
Por eso ahora que el presidente Milei convocó en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso a firmar un pacto político con los gobernadores, si antes le aprueban el DNU y la llamada Ley Ómnibus original, acompañan y festejan con interés los 10 puntos de obvia generalidad, que puede verse como un gesto fundacional, pero también como un decálogo aspiracional y desprovisto de consenso y medidas concretas.
Pero el Poder Ejecutivo primero quiere firmar un preacuerdo con los ministros de Economía de los 24 distritos en Casa Rosada, después que el Parlamento apruebe el decreto y la megaley, y recién luego podría negociar un alivio fiscal para destrabar transferencias y deudas con las provincias, en el mejor de los casos. Luego de enfrentarse con casi todos, no hay grandes expectativas de que esto ocurra con la mayoría de los legisladores nacionales y varios gobernadores vapuleados, presionados e insultados.
Hay un pequeño y poderoso grupo que sí apoya pero no es incondicional, al contrario. Es el mismo que pasa de las formas y apunta al fondo, maximizar sus ganancias y minimizar sus desvíos. Son los que, pese a haber tenido extraordinarias ganancias durante la pandemia y detentar un enorme, quizás sobredimensionado poder económico y financiero en el país, aportaron con pereza el impuesto a la riqueza y, hasta algunos, contribuyeron para que Milei llegue a donde está.
No son oficialistas ni opositores, tienen sus propios intereses. Por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, que nuclea a los principales empresarios del país, en su mayoría los dueños de las grandes compañías, hace dos días expresó su apoyo al Pacto de Mayo a través de un comunicado en el que enfatizó la necesidad de “abordar las cuestiones que han obstaculizado por años el desarrollo de nuestro país”.
En otro párrafo sostienen que “la propuesta de establecer un acuerdo de fondo sobre el equilibrio fiscal y sobre la necesidad de reducir el elevado gasto público, es por demás pertinente y urgente”. Sin embargo, vale aclarar que el presidente eligió bajar 5 puntos del gasto haciendo eje en jubilaciones, obras públicas, salud y educación, y aún no tocó un peso de los 4,8 puntos del PBI que se destinan al gasto tributario (privilegios empresarios, promociones industriales, exenciones fiscales, subsidio de tasas). Sobre eso, no hablan.
Por el contrario, se centran en que las recurrentes crisis fiscales son las responsables de las dificultades de la Argentina en la generación de empleo y en la mejora sustancial del nivel de vida de la población. En la misma línea, de cargar contra el mal desempeño del sector público y victimizar al honrado y autosuficiente sector privado, remarcan la necesidad de llevar a cabo una reforma impositiva que reduzca la presión tributaria en el sector formal de la economía.
Como para que el Gobierno tome nota, y marcando cuáles son sus prioridades, señalan que “la reforma impositiva debe comenzar con la eliminación o reducción de los impuestos distorsivos”, y marcan como “urgente la necesidad de actualizar las normas laborales para generar más empleos formales y la actualización de la legislación previsional de modo de volverla más sustentable”. Sobre el primer punto, tampoco hablan de la evasión y elusión impositiva empresarial, que sólo en el IVA y Ganancias representan una parte significativa del déficit fiscal.
Entre AEA y Milei hay grandes coincidencias. Si en lugar de presidente de la Nación fuera empresario podría ser socio de la entidad; sus integrantes, en cambio, no necesitan del voto popular para acceder al poder político. Tienen a sus propios representantes y, aunque no se hagan cargo, contribuyen al gasto público con contratos millonarios, exenciones impositivas y múltiples privilegios de casta.
Aunque todavía luchan por las retenciones al agro, y cuando levanten la cosecha gruesa en los próximos días de seguro presionarán por una devaluación antes de liquidar las divisas o un aumento del porcentaje de canje a dólar MEP, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales difundieron un elogioso comunicado conjunto tras escuchar el discurso.
“Ciara y CEC consideran que el discurso del señor Presidente de la Nación, Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias fue contundente, claro y preciso en el camino a transitar para salir de esta profunda crisis económica y social. Alentamos a los gobernadores a sumarse al Pacto de Mayo, que debe sentar las bases del desarrollo sostenible que necesita nuestro país con un comercio exterior con valor agregado que sea la clave del crecimiento”.
Pero estas asociaciones no fueron las únicas que se expresaron para convalidar el encuentro del 25 de mayo propuesto, como antes pasó con el DNU y la Ley Bases, también lo hicieron AmCham, la UIA, IDEA, Adeba, ABA, la CAC, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción.
