PASÓ EN LA TV
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sostiene su postura de no abrir el Senado de manera extraordinaria para tratar el “decretazo” que impulsó el presidente Javier Milei y que desregula una incontable cantidad de aspectos de la economía, la producción y las relaciones laborales.
A pesar de que ya son tres las solicitudes formales del bloque de Unión por la Patria (UxP) para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 73/2023 en la cámara alta, la presidenta del recinto continúa dilatando el inicio de las actividades parlamentarias ya que los votos al momento no le cierran al oficialismo.
Con las 33 bancas del peronismo más 8 de legisladores de diferentes provincias, los opositores al decreto rebasan el mínimo de 37 bancas para dar quórum al tratamiento y poner en marcha la labor parlamentaria.
En las últimas horas, Villarruel mantuvo una reunión con uno de los colaboradores más estrechos del presidente, Santiago Caputo, con el motivo central de organizar la apertura de sesiones para este viernes a las 21 horas; y en el marco del cual se ratificó el plan de dilatar la incorporación del Mega DNU que deroga y/o reforma más de 300 leyes.
Es que además de las solicitudes del peronismo, los alfiles de los gobernadores en la cámara presentaron una nota pidiendo sesionar con el objetivo de debatirlo (y rechazarlo).
🎙️ Entrevista con @MoreiraEva en @somosradioam530
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 26, 2024
"El Presidente puede eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de PBA porque el DNU 70/23 está vigente". pic.twitter.com/2ip5VORt6Z
En esta misma sintonía, en el Congreso crecen las versiones de un pacto subterráneo entre UP y sectores de la oposición más reticentes al plan de ajuste que se extienda más allá de este debate en particular.
Este acuerdo tácito, tal como lo sugieren desde el entorno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no se reduciría sólo a limitar los alcances del plan motosierra y licuadora -que avanza sobre un sinnúmero de aspectos de la vida institucional del país- sino también a garantizarle a las provincias la financiación para algunos de sus gastos corrientes más básicos.
En este contexto, la intransigencia de Javier Milei en su programa de Gobierno -y sus cotidianos enfrentamientos con los gobernadores- parecen ser terrenos fértiles para la postergación de los purismos ideológicos y las diferencias de cualquier índole entre diputados y senadores de las diferentes fuerzas.
Desde el Congreso, con las alianzas adecuadas, podrían restituirse por Ley sistemas de financiamiento que el oficialismo desarmó a través del Mega DNU. Esto permitiría adelantarse a los tiempos de la Justicia para tratar los recursos interpuestos que buscan evitar la desfinanciación de los distritos.
Con el objetivo de pagar salarios de estatales, municipales, docentes, salud y fuerzas de seguridad, los bloques de la oposición podrían coordinar vía trabajo parlamentario el establecimiento por Ley del Incentivo Docente -que sufrió recortes y afecta salarios-, la coparticipación del impuesto PAÍS o una restauración del Fondo Sojero que devuelve el 30% de lo recaudado a las provincias; entre los ejemplos que se pusieron sobre la mesa.
Para esto ya hubo guiños desde el sector de la UCR menos afín al Gobierno nacional -y al propio presidente de bloque, Rodrigo de Loredo-, y se puede trazar un probable acercamiento del interbloque Hacemos Coalición Federal, de Miguel Ángel Pichetto, que ya tuvo sus chispazos con La Libertad Avanza en las negociaciones por la Ley Ómnibus.
