En un año que estará marcado por las elecciones presidenciales - donde la oposición uruguaya aparece en como favorita - el Gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou eliminó el concepto de “Terrorismo de Estado” del programa de Historia de Educación Media Superior.
La decisión del gobierno uruguayo provocó el rechazo de diversos sectores. La Comisión Directiva de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay emitió un comunicado en el que expresa que “durante 2023 una Comisión designada por el CODICEN trabajó en la elaboración de las nuevas propuestas programáticas”.
En ese sentido, profundizaron: “Cuando se realizó la Asamblea Técnico Docente en Secundaria de noviembre del año pasado, los docentes pudimos tomar contacto con el borrador del programa de Historia elaborado por la Comisión en esa instancia, que fue el finalmente elevado para su aprobación por parte de las autoridades de la ANEP. Esto aconteció en diciembre de 2023”.
“Al analizar de forma comparativa el borrador elaborado por la Comisión y el programa aprobado por el CODICEN, son visibles múltiples diferencias en el temario y la bibliografía. Entre ellas, hay dos modificaciones sobre las cuales la Comisión Directiva desea llamar la atención: -se suplanta el concepto de ‘terrorismo de Estado’ por ‘la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos’”, señala el comunicado.
En el texto se explica que “el cambio no es inocente, y repite la decisión que existió en la primera versión del programa de Historia de Noveno Año de Educación Básica Integrada de eliminar ese concepto, que es el usado por la historiografía y las ciencias sociales para describir y analizar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina”.
Como segundo punto se señala que “se introduce un ítem denominado ‘los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos’. Esta afirmación carece de fundamentos, dado que desconoce innumerable normativa legal y bibliografía que señala que es el Estado quien puede cometer violaciones a los derechos humanos”.
Sobre esto, expusieron que “la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, como es su tradición, se encuentra comprometida en el acompañamiento al colectivo de docentes de Historia en los desafíos que implican los cambios en los programas”.
“Al mismo tiempo, y tal como lo hizo en 2022, la Comisión Directiva entiende fundamental denunciar estas modificaciones en los nuevos programas de Historia, que configuran intervenciones de carácter político e ideológico. Condena estas decisiones, que una vez más afectan el abordaje del pasado reciente, alejando los contenidos de los programas de la producción historiográfica nacional e internacional, y que, en última instancia, lesionan la condición laica y científica de la enseñanza de la Historia”, concluye el comunicado.
La dictadura en Uruguay comenzó en 1973 y terminó en 1985. La represión instaurada en esos años dejó provocó innumerables violaciones a los derechos humanos. Esa dictadura también formó parte de la articulación del terrorismo a nivel regional durante el denominado Plan Cóndor, articulado en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada desde el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Los movimientos sociales y de derechos humanos de Uruguay aun exigen Memoria, Verdad y Justicia, pero el gobierno de Lacalle Pou decidió tomar el camino contrario y fortalecer los discursos de los sectores negacionistas.