El Gobierno eliminará fondos fiduciarios por US$2.000 millones y va por más - Política y Medios
15-04-2024 - Edición Nº5918

AJUSTE FEDERAL DESDE LA NACIÓN

El Gobierno eliminará fondos fiduciarios por US$2.000 millones y va por más

Representan un gasto de algo más de medio punto del PBI anual y, según el presidente, son cajas de la política que carecen de transparencia. Así como hizo con el recorte de los subsidios al transporte y los fondos educativos, ahora avanza con otros recursos que reciben las provincias para el financiamiento de programas oficiales de mediano plazo.

Por Patricio Ballesteros Ledesma

 

Ahora se empiezan a hacer efectivos los retiros de varios fondos fiduciarios por decretos, salvo de los que fueron creados por ley, pero estaban dentro de la Ley Bases que fracasó en Diputados y era una de las ideas fuerza del gobierno de Javier Milei desde el primer día en busca de reducir al máximo el gasto público nacional.

Desde el arranque del mandato se fueron sucediendo los anuncios de reducción de transferencias automáticas, como la coparticipación federal, y la eliminación casi total de las no automáticas. Primero se puso en foco los subsidios al transporte, luego a la energía y ahora, justo cuando se inicia el ciclo lectivo, los fondos destinados a la educación, para material escolar, incentivo docente, comedores.

Aunque los casos más resonantes fueron los de Chubut y la provincia de Buenos Aires, por el enfrentamiento personal y ofensivo del presidente con ambos mandatarios provinciales, este desfinanciamiento incremental y sistemático desde Nación complica la administración de los 24 distritos y a la mayoría de las intendencias del territorio.

Los 29 fondos fiduciarios del ámbito nacional y referidos en la anulada ley ómnibus son todos los ingresos que perciben las provincias y que sirven como una especie de presupuesto garantizado a mediano plazo para asegurar el financiamiento de un programa oficial. Muchos surgieron en los 90 y otros entre 2017 y 2022.

De los que existen en la actualidad, según un detalle del sitio Chequeado, 5 fueron creados en la presidencia de Carlos Menem, 3 por la gestión de Fernando de la Rúa, 1 por Néstor Kirchner, 7 por Cristina Kirchner, 10 por Mauricio Macri y 3 por Alberto Fernández.

Los principales fueron establecidos para subsidiar desde el Estado la energía y el transporte público automotor o financiar obra pública hídrica, vial o de viviendas, todas actividades que podrían canalizarse a través de programas del Presupuesto nacional bajo la órbita de los diferentes organismos existentes. 

El 43,9% de sus fondos provienen de transferencias del Gobierno, el 39,5% de rentas de la propiedad (intereses por inversiones realizadas, ventas de bienes o servicios), el 9,7% por recaudación de impuestos específicos y el 6,9% restante de otras fuentes, según datos del año pasado de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Así como muchas políticas públicas se apoyan en una ley para darles continuidad más allá de los cambios de gobierno, estos fondos funcionan como anticíclicos para no discontinuar programas y acciones consideradas primordiales para la administración central del país, pero algunos surgieron por decreto y otros por ley.

Estos presupuestos, que implican recursos por alrededor del 2% del PBI de la Argentina, inciden en forma directa sobre la cantidad de dinero disponible que tienen los funcionarios nacionales y cada uno de los gobernadores, más allá de la Ley de Presupuesto anual y obran como garantía de sustentabilidad de planes oficiales de carácter nacional, provincial y municipal.

Sin embargo, tal como lo adelantó en campaña y luego al asumir la presidencia, entre los diversos fondos fiduciarios que Milei decidió eliminar se encuentran el Fondo Fiduciario PROCREAR, el Fondo PROGRESAR, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial.

También ya se dieron de baja el Fondo de Infraestructura Hídrica, el Fondo Estabilizador del Trigo, el Fondo Fiduciario de Cobertura Universal de Salud y fideicomisos vinculados al transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria.

Cuando Milei volvió de visitar al Papa, en una entrevista con LN+ declaró: “Si los tengo a tiro de decreto, anotalos, porque son boleta. Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nerviosos a muchos. Hay muchos agentes de la política que viven de eso”.

Si para el presidente de la Nación carecen de transparencia, no se controlan o tienen un uso discrecional, podría realizar auditorías, separar la paja del trigo y realizar una asignación adecuada y correcta en lugar de optar por su eliminación directa, ya que compromete a las arcas públicas de los estados provinciales.

Al día siguiente de la declaración presidencial, su vocero informó que el Gobierno había decidido eliminar 9 de esos fondos fiduciarios por un monto de US$2.000 millones mediante un decreto, lo que estaba entre sus atribuciones ya que no habían sido creados por ley.

El portal Infobae aseguró hace dos días en una investigación, que en realidad son 8 los pasibles de ser eliminados (nacieron por decreto, aunque dos tienen financiamiento vinculado a una ley), y que sus ingresos totales al tercer trimestre de 2023 era de $698,775 millones, que al valor del dólar oficial serían equivalentes a US$815 millones y no a los US$2.000 informados por la vocería. 

En cualquier caso, lejos de elegir su instrumentación y distribución de una manera correcta y transparente, se prefiere darles de baja y ahogar a las provincias sin discriminar sus aportes y restituciones, lo que en la práctica paraliza la inversión pública, la actividad productiva y afecta a la calidad de vida de los ciudadanos.

Como estos fondos pertenecen al Sector Público Nacional No Financiero, funcionan por fuera de las reglas generales de gestión financiera pública que alcanzan al resto de las partidas presupuestarias, por eso es que Milei las consideraba una caja negra de la política. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso había establecido los pros y contras de estos instrumentos jurídicos del Estado. 

A favor contaba su mayor flexibilidad en la ejecución de los gastos, la libre disponibilidad de sus recursos y que los remanentes financieros no pueden ser absorbidos por el Tesoro, sino que quedan para el próximo ejercicio. En contra, su mayor opacidad informativa, que muchos tienen finalidades poco específicas y que éstas pueden ser modificadas por su fiduciante.

Entre el “no hay plata” y el “voy a fundir a los gobernadores”, hay una estrategia oficial que se está llevando a cabo progresivamente y que impacta de lleno en las industrias, empresas, comercios, trabajadores, pero también en la salud, la educación y la seguridad públicas de todo el país. 

Si el objetivo del Gobierno es llegar al superávit fiscal de esta manera, y le pide hacer lo propio a las provincias, eso no significa que los mandatarios provinciales tengan que plegarse a la estrategia nacional sin hacer valer sus puntos de vista, tiempos, particularidades y prioridades.

El presidente dice que las provincias se arreglen con sus propios fondos, con la recaudación de sus impuestos y sus ingresos, y no gasten más de lo que les entra en sus distritos, como si los que recauda la Nación en su nombre no fueran también parte de sus presupuestos para administrar las cuentas locales.

No hay que olvidar que la riqueza del país la producen las provincias, la Nación no genera nada, más bien recauda, administra y distribuye lo que viene de las jurisdicciones. La coparticipación no es un favor del Estado nacional sino la devolución, y no con un criterio proporcional sino más bien de equidad federal, de lo que les pertenece.

Al no tener mandatarios provinciales propios, y con una baja representatividad parlamentaria a nivel nacional, el presidente debería tejer alianzas, buscar consensos y dialogar más que nadie para llevar adelante su política económica, que de por sí resulta ortodoxa, inflexible y bastante impopular.

Sin embargo, a contramano de lo que haría un político experimentado y hábil, elige confrontar con todos, llama casta a gobernadores, intendentes, diputados, senadores, sindicalistas, sean aliados u opositores, y dice que ellos deben pagar el ajuste que está llevando a cabo.

El tema es que todos los antes enumerados no están siendo perjudicados a título personal, su nivel de vida no ha retrocedido porque no sólo tienen un buen salario sino que, en su mayoría, ya tenían una posición económica privilegiada precedente, como el propio presidente y sus funcionarios.

Con el avance de la política económica de Milei, y aunque él y su ministro de Economía aseguran que la gente los apoya, las personas que le dieron su voto para llevar a cabo un cambio se están dando cuenta que lo único que cambió es que ahora están peor que antes. Y no perciben el lado positivo de tal sacrificio personal y colectivo.

Muchos están reflexionando que no hay porque sufrir hoy para estar mejor en unos meses, no sólo porque eso puede no ocurrir, como casi siempre cuando desde el poder se pidió algo así, sino porque recuperar lo perdido es improbable. El verdadero problema no es de los que ven o no ven, sino de los que no sienten.  

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