Desde las 11 de la mañana de este miércoles se desarrolla en los Tribunales de Comodoro Py la audiencia de hábeas corpus por el "protocolo antipiquetes" implementado por Patricia Bullrich, luego de que el Frente de Izquierda realizara una presentación judicial contra el mismo.

El juez federal Sebastián Casanello fue quien extendió la citación a las autoridades del Ministerio de Seguridad y a la legisladora porteña, Celeste Fierro, quien presentara el recurso a mediados de diciembre.

En la previa, Fierro afirmó que "es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. Es un paso más en la lucha contra este protocolo que vulnera nuestros derechos, y seguiremos insistiendo en su inconstitucional".

La presentación del FIT es acompañada, además, por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales, quienes realizarán una radio abierta en la puerta del juzgado.

Desde las 10 de la mañana, el partido realizó una conferencia de prensa donde la legisladora expuso que la justicia se expidió tras el hábeas corpus, y si bien reconoció que "no suspende el protocolo como lo pedimos", sí exigg al Ministerio de Seguridad "que se adecúe a derecho".

⭕ Conferencia de prensa y concentración en Comodoro Py.

Hoy se realiza la audiencia sobre el protocolo represivo de Bullrich, luego de la acción judicial presentada por @cele_fierro, diputada de CABA por el MST en el FIT-Unidad. pic.twitter.com/tQYd3pDkGg

— Periodismo de Izquierda (@PeriodismoDeIzq) February 14, 2024

"Entendiendo que tiene que adecuarse a la Constitución Nacional, como así también a los tratados y pactos internacionales que tienen jerarquía institucional", manifestó Fierro, y enfatizó: "Esto, interpretamos que el protocolo no lo cumple".

En otro pasaje, la dirigente también puso de relieve que en su protocolo "Patricia Bullrich se arroga facultades" que no son naturales de su función, y destacó que "el juez deja claro que las facultades para definir qué es y qué no es un delito se determinan en el Congreso; así como la interpretación de si hay delito la debe hacer el Poder Judicial y no el Ejecutivo".

En el marco de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad defendió en un informe la legitimidad de la resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público.

Tras la respuesta, el juez pidió a esta cartera que "adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos" por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y citó a las partes a una audiencia.