ENTRETELONES DE CASA ROSADA
“Todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, lanzó el miércoles por la tarde el ministro de Economía Luis Caputo para amedrentar a legisladores y gobernadores desde un hilo en su cuenta de X.
“El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas por la ley, como dijo el Presidente Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”, remarcó desde la red social pasadas las 14.
Mientras, con el sol calentando el asfalto y consignas como "la Argentina no se vende", los canales de noticias mostraban las multitudinarias marchas por el paro nacional en las calles de CABA, Mar del Plata, Rosario, Bariloche, Santiago del Estero y frente a las embajadas de Madrid, Barcelona, Valencia, París, Roma, entre otras ciudades donde habitan argentinos.
Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024
No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el…
El ministro Caputo aclaró que no era una amenaza, pero a todas luces parece más una extorsión o amenaza que una advertencia o un aviso, y además, publicada por un funcionario de ese nivel, resulta inconstitucional para empezar.
Incluso, en medio de la huelga nacional, llegó a decir que “estamos frente a un paro político por tocarles intereses”, desconociendo a los miles de profesionales, trabajadores informales, desocupados, jubilados, autoconvocados de diversos sectores y votantes arrepentidos que salieron a la calle en contra de sus medidas económicas.
En esa tradición confrontativa e irrespetuosa del propio líder libertario, que amagó a suavizar en campaña pero redobló apenas vio subir su caudal de votos en las sucesivas elecciones, usan la ex red Twitter u otras para gritar pero tienen miedo escénico de cara al pueblo o sus representantes, como demostró Caputo en su primera y reiteradamente fallida cadena nacional y en dos entrevistas posteriores incluso con periodistas afines.
En esa escalada contagiosa de acusaciones, provocaciones y enfrentamientos, en poco ayuda que se sumen a las declaraciones ofensivas o amenazantes los que están liderando la movilización popular en contra de este plan económico y sus reformas estructurales.
Una cosa es que ignotos opinólogos, supuestos influenciadores o mediáticos de ocasión usen una red social como cloaca, pero otra muy diferente es que, quienes dicen no compartir las formas de sus adversarios políticos, se suban al tren del agravio o la chicana desde un escenario público.
Tal es el caso del titular de la CGT y convocante al paro general Pablo Moyano, que ayer fue denunciado en la justicia por incitación a la violencia y amenaza de muerte por el ministro de Economía, por decir durante el acto frente al Congreso que “Si Caputo sigue con el ajuste, los trabajadores lo van a llevar en andas y lo van a tirar al Riachuelo”, en referencia al dicho de Milei que había que llevar en andas al ministro por lograr una (antifáctica) baja de la inflación.
De dónde vengo y a dónde no voy
Pese a que legisladores de UxP, UCR, CC, FIT y otros bloques pidieron cada día en el Plenario de Comisiones en Diputados que asistan todos los ministros y secretarios del nuevo Gobierno, hubo varias ausencias incomprensibles y aún no justificadas. Se cambian normas, pero no se respetan las vigentes.
Fueron algunos ministros, secretarios, funcionarios de segundas y terceras líneas, pero no todas las cabezas de cada una de las áreas involucradas, ni se pudo profundizar en algunos artículos anticonstitucionales, retrógrados y visiblemente oscuros. Incluso deberían haber asistido el titular de la Anses y de la AFIP, áreas sensibles que ya están siendo afectadas por nuevas medidas y generan polémica.
El ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Salud Dr. Mario Antonio Russo y, aunque no tiene un cargo formal en la estructura gubernamental, el ideólogo y redactor del articulado de la Ley Bases Federico Sturzenegger, expresidente del BCRA en la era Macri. Pese a que se sesionó por dos semanas, ninguno asistió ni se comprometió a hacerlo.
El particular, el exministro de Mauricio Macri, que endeudó al país con un bono a 100 años y que cuando no le salieron las cosas decidió renunciar sin más, explicó que no fue a informar al Plenario porque “tenía cosas más importantes que hacer para el país, como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”.
Esa justificación demuestra que al igual que el Presidente subestima al Poder Legislativo, pero además no es real su afirmación: el acuerdo con el FMI no estaba caído sino que enfrentaba un cambio de Gobierno, con un Presidente sin historia política, pero viejos conocidos en las negociaciones con el organismo, los mismos a los que les dieron el préstamo más grande e irresponsable en su historia.
De hecho, las reuniones en el país con sus emisarios y técnicos, y su viaje a Davos junto al propio Milei fue para mostrar que hizo la devaluación que le habían pedido a Sergio Massa y éste rechazó, que implementaron un plan de ajustes más rápido y agudo que el que pedían los burócratas del organismo y, sobre todo, a pedir el desembolso pendiente por US$4.700 millones para pagarles los vencimientos de la deuda por venir.
La necesidad y urgencia de la nueva gestión nacional por conseguir más poder de maniobras en la esfera pública, que el que le otorgaron los votos propios y prestados en el balotaje, los impulsó a ir por todo y por todos. Tanto el mega DNU como la llamada ley ómnibus lo demuestran, aunque la brutalidad y desmesura de esos cambios impuestos y propuestos no tuvo un apoyo incondicional, al contrario.
Mientras desfilaban algunos funcionarios y decenas de representantes de la sociedad civil, y oficialistas y voceros alardeaban de intransigencia frente al proyecto del PEN, en reuniones externas al recinto del Plenario de Comisiones se negociaba la eliminación y modificación de muchos temas incorporados en ambas normas, como para sumar apoyos que en principio eran rechazos totales.
Hacia el fin de semana pasado, y tras la quita de 141 artículos y la corrección o modificación de otros tantos pedidos sobre todo por diputados aliados de La Libertad Avanza y el PRO, se convocó a una sesión, varias veces pospuesta, que arrancó a las 21 para debatir acuerdos y disidencias mientras se terminaba de afinar un dictamen de mayoría en el despacho del titular de la Cámara Baja Martín Menem, sabiendo que habría por lo menos otros tres de minoría.
Cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando acabó la lista de oradores y mientras el diputado de UxP Germán Martínez denunciaba que se estaban haciendo cambios en la integración de las comisiones fuera del reglamento, el presidente de la Comisión de Legislación General Gabriel Bornoroni (LLA) anunció que se aprobó un dictamen de mayoría con 55 firmas de LLA, PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal de las que, algo insólito en la historia legislativa reciente, 34 fueron con disidencia parcial y sólo 21 con apoyo total.
Luego informó que hubo un cuarteto de dictámenes de minoría: uno de UxP con 45 firmas, otro de la CCAri con 3 firmas, otro de la radical Margarita Stolbizer y la socialista Mónica Fein y el último de la izquierda firmado por Christian Castillo. También es increíble, y aunque algún legislador lo señaló, que el presidente de Diputados aún no haya convocado a la Comisión Bicameral que debe aprobar o rechazar el DNU 70/2023.
Aunque esta mega ley es inabordable en Sesiones Extraordinarias, como se hace evidente dentro y fuera del Congreso, y debería tratarse en Ordinarias con giro a todas las comisiones involucradas (23) a partir de marzo, la necesidad, la urgencia y el dictamen conseguido por el oficialismo ya permite el giro para su tratamiento en el recinto.
Como el miércoles había un paro nacional con movilización al Congreso se pasó su debate para hoy jueves, pero luego de la multitudinaria marcha en CABA y en varias ciudades del país, ahora se decidió que comenzará su tratamiento el próximo martes, con lo que tienen más tiempo para negociar los artículos clave con la oposición aliada y amedrentar a quienes no acompañen.
Se dice que este cambio de día se debe a que el dictamen de mayoría que se votó en la trasnoche no pasará, porque como tiene más disidencias que avales, si entra así al recinto será rechazado de arranque. Además, como no estaba protocolizado, según los entendidos en labor parlamentaria, hasta podría resultar nulo.
Por eso el propio economista sin cargo, que entregó la ley llave en mano, luego de su evaluación por estudios jurídicos de las corporaciones beneficiadas, se habría reunido con los titulares de los bloques amigos este miércoles en algún lugar del barrio de Recoleta para re redactarlo, algo que habría continuado luego en otro sitio con los legisladores y sin el economista, por pedido de Miguel Pichetto.
También ocurrió algo inesperado por estas horas, que sorprendió a los legisladores de UxP y, claro está, a sus votantes en los últimos comicios: tres diputados peronistas de UxP de Tucumán, Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla, que responden al actual gobernador de su provincia, decidieron abandonar su bloque y armar uno propio cercano al oficialismo bautizado “Independencia”.
De hecho, el primero de ellos acompañó con su rúbrica el dictamen de mayoría por pedido de Osvaldo Jaldo, en esa frenética rosca del martes a la madrugada y ahora los tres votarán para el oficialismo. Y como el manoseo del texto original no cesa y en cada versión se quitan cosas y se agregan otras, todavía no se sabe con exactitud cómo quedó el articulado del dictamen con mayor aprobación.
Algo es seguro, hay varios temas que Milei y su ministro de Economía no quieren tocar, ambos consideran que ya cedieron demasiado del texto original, que son los mismos que varios diputados ponen como limitantes para acompañar o no en la votación en general, como alza de retenciones, ajuste de jubilaciones y pensiones, paso del FGS al Tesoro, privatización de empresas públicas sin aval del Congreso y delegación de poderes al Ejecutivo.
El ministro Caputo y el desregulador serial Sturzenegger, que debuta como titular de la Unidad Transitoria de Desregulación de la Economía aún sin cartera, se reunirán en Casa Rosada hoy a las 15 con representantes de las principales cámaras empresarias del campo, la industria y el comercio, para justificar sus dichos amenazantes y pintar un panorama alarmante de qué pasaría si no se aprueba el mega proyecto de ley.
El objetivo subyacente de ambos, más los secretarios de Desarrollo Productivo y de Trabajo también convocados, es que el empresariado nacional también presione a los mandatarios provinciales, que en muchos casos tienen problemas de caja para pagar sueldos y jubilaciones. La flexibilización laboral también sería parte del temario.
El caso es que si no hay nuevas modificaciones en los temas relevantes, sobre los que existen algunas disidencias o claros rechazos, el Gobierno vería caer su ómnibus legal de entrada por los votos de UxP y los aliados disidentes, o algo más tarde y en forma fragmentada durante su tratamiento en particular artículo por artículo.
