MYRYAN PRUNOTTO
Los bosques nativos de la Argentina se extienden en siete regiones forestales: Selva Paranaense, Yungas, Parque Chaqueño, Bosque Andino Patagónico, Espinal, Monte y Delta e Islas del Río Paraná, que están definidas según la variedad de climas, suelos y relieves del territorio nacional.
Los datos finales del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado durante la Presidencia de Néstor Kirchner indicaron que su superficie total en todo el país, que incluye tierras forestales y bosques rurales, era de 31.443.873 hectáreas. Otras fuentes oficiales difieren con un dato actualizado y computan más de 48 millones de hectáreas al incorporar al monitoreo más extensiones de naturaleza intacta.
En cualquier caso, en poco más de 15 años, la situación de la forestación natural ha cambiado y se registraron importantes mermas. Por su extensión, dispersión territorial y complejidad del control, salvo con las imágenes satelitales, que permiten comparaciones con imágenes aéreas del pasado y observar la remisión del tamaño de las enormes manchas verdes, el avance de la tala y las quemas se puede constatar desde el aire e in situ en los montes.
Sin la adecuada financiación para hacer cumplir la Ley 26331 sancionada en 2007 y con una fiscalización laxa o insuficiente, de nada sirve tener una norma específica para el cuidado y conservación de los bosques nativos. En su texto se establece que el Fondo Nacional para la Protección de Bosques Nativos debe recibir no menos del 0,3% del Presupuesto nacional, algo que nunca se cumplió.
Para 2024, esta cifra debería alcanzar los $203.532 millones, una cantidad muchísimo mayor que los $15.000 millones propuestos en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2024, que Sergio Massa envió al Congreso el año pasado y que el candidato Javier Milei le pidió posponer hasta después del balotaje.
Además, el fondo debería recibir el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios relacionados con la agricultura, la ganadería y el sector forestal del año anterior. Pero a partir de la asunción del nuevo Gobierno nacional, ya no está en cuestión sólo esta desfinanciación sistemática sino la plena vigencia y fiscalización de todo el articulado.
Hasta 2015, los instrumentos de gestión de la norma tuvieron un impacto progresivo en la baja paulatina de la tasa de deforestación, pero a partir de ese año y hasta la actualidad el ritmo de tala e incendios intencionales volvió a crecer durante las gestiones nacionales de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.
En pleno confinamiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que entre 1998 y 2018, la Argentina perdió 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo, el 87% en el parque chaqueño, el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas, que incluye a las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
Esa enorme región es el segundo mayor ecosistema forestal de América del Sur y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios, según datos de Greenpeace.
Y la autoridad nacional aclaró que el 43% de esa pérdida de patrimonio forestal fue durante la vigencia de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, lo que confirma que aún con la existencia de una normativa vigente no se cumple y que la estadística registra retrocesos en lugar de avances.
Por su parte, la fundación ecologista denuncia que 8 millones de hectáreas de bosque nativo se perdieron en el país en las últimas tres décadas, que el 75% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte y que menos de 20 yaguaretés sobreviven en la región del gran chaco argentino. Como todos los años, el año pasado realizó un relevamiento con las áreas afectadas en esa zona geográfica.
🚨 Aumento de los desmontes ilegales y alerta por la flexibilización de la Ley de Bosques‼️
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 19, 2024
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Ahora, dentro de la Ley Bases que envió el PEN al Congreso para el tratamiento en Sesiones Extraordinarias, hay varios artículos que modifican la Ley 26331 en contra de la conservación de los bosques y a favor de su explotación sin restricciones. Así, los grandes terratenientes nacionales y extranjeros con acceso o propiedad en esas tierras continúan sin miramientos con la tala indiscriminada, aún en zonas prohibidas.
Para encontrar un equilibrio entre la preservación y la explotación comercial, la ley de bosques estableció tres áreas con criterios distintos de conservación, identificadas con un semáforo. Rojo, para bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; amarillo, para bosques de mediano valor de conservación, con posibilidad de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica y verde, para bosques de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
En el período de dos décadas relevado por el Ministerio de Ambiente nacional el 47,2% de la deforestación (unas 845.832 hectáreas), correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría verde, pero el resto de la superficie talada correspondió a las áreas amarillo y rojo (946.769 hectáreas), expresamente prohibidas por la ley. Además se perdieron casi 1 millón de hectáreas adicionales de bosques, no incorporados en los ordenamientos provinciales para su manejo sustentable.
Por estos días se denuncia que la ley ómnibus tiene nombres y apellidos, y en lo referido a los bosques, los abogados ambientalistas hablan del empresario Eduardo Elsztain (Cresud, Finca Los Pozos), el expresidente Mauricio Macri (Socma, Finca Yuto) y el actual ministro de Economía Luis Caputo (Departamento Copo en Santiago del Estero) como responsables en sus emprendimientos forestales del desmonte de 126.500 hectáreas de bosques nativos.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, advirtió en el Plenario de Comisiones de Diputados que estos empresarios y el actual funcionario planean talar otras 160.000 hectáreas de aprobarse las modificaciones enviadas al Congreso por el PEN. Tanto la mega ley como el DNU 70/2023 además violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental.
🔥Los apellidos de la destrucción🔥
— ANRed #25Años (@Red__Accion) January 16, 2024
🚜Las regresiones ambientales sobre la Ley de Glaciares, Bosques y Quema del proyecto de Ley Ómnibus tienen nombre y apellido. Y fueron expuestos este lunes 15 en Diputados por el abogado ambiental @EnriqueViale, integrante de @AbogadesAmbient pic.twitter.com/zn9wDyX0xJ
El texto original de la Ley Bases elimina presupuestos mínimos de las normas de glaciares y bosques, flexibiliza controles (y que los propietarios no necesiten informar sus acciones) y quita la obligatoriedad de las comunidades afectadas en el acceso a la información. La oposición, e incluso los aliados externos de LLA, pidieron cambios en el articulado que todavía el Gobierno analiza sin convicción de modificar..
La semana pasada, desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el Presidente Javier Milei fijó su postura en contra del ambientalismo, en línea con su negación del cambio climático global por la acción de las actividades humanas e industriales. La mayoría de sus adeptos coinciden con esta visión, pero no está refrendada por la mayoría de los legisladores ni de la población en general, que tuvieron y tendrán la posibilidad de expresarse en la prórroga de las Extraordinarias prevista.
