El proyecto de la Ley Ómnibus, impulsado por el gobierno de Javier Milei, sigue generando preocupación en la industria de biocombustibles de Argentina, particularmente entre las PyMes dedicadas al biodiesel y bioetanol.

Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, calificó como "brutal" el impacto de la ley para el sector. Esta ley cambiaría el marco regulatorio existente, poniendo en desventaja a las Pymes frente a grandes productores y multinacionales. Martelli alertó sobre la posibilidad de prácticas desleales, como la negación de venta de materia prima a las Pymes o la fijación de precios fuera del mercado.

CASFER también manifestó su preocupación, considerando la Ley Ómnibus como un "certificado de defunción" para la industria Pyme de biocombustibles. Han solicitado la intervención del gobernador Maximiliano Pullaro, destacando las graves consecuencias que la ley tendría para las economías regionales y la diversificación de la matriz energética del país.

El Centro Azucarero Argentino (CAA) comparte esta inquietud, señalando que la ley amenaza la supervivencia del sector del bioetanol, crucial en la producción de combustibles alternativos en Argentina.

En respuesta a estos desafíos, durante la próxima semana, las cámaras del sector comenzarán a reunirse con los bloques de la Cámara de Diputados para pedirles el rechazo a la Ley Ómnibus. Estas reuniones buscan sensibilizar a los legisladores sobre el impacto negativo que la ley tendría en las Pymes y en el desarrollo sostenible del sector de biocombustibles en el país. Se espera que estas conversaciones puedan influir en el debate legislativo y conducir a una reconsideración de los aspectos más controversiales de la ley.

El objetivo principal de estas cámaras es preservar la vigencia de la ley 27640, que actualmente rige el sector y tiene vigencia hasta el año 2030. Se busca así asegurar un marco legal que proteja a las Pymes y promueva un desarrollo sostenible de la industria de biocombustibles en Argentina.