Por Patricio Ballesteros Ledesma 

Si bien los últimos dos gobiernos casi no utilizaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en beneficio exclusivo de los jubilados, y aunque en la gestión de Alberto Fernández se transformó en el principal oferente de préstamos personales del mercado, el Presidente Javier Milei ahora busca su control directo mediante un artículo de la Ley Ómnibus que giró al Congreso para su tratamiento en las Sesiones Extraordinarias.

En su artículo 226, el proyecto enviado al Parlamento dispone la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional y que se faculte al PEN a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo.

Con este cambio de manos, el ministro de Economía Luis Andrés Caputo podría disponer de varios miles de millones de dólares, ya que según el organismo previsional el 17,5% de su patrimonio está compuesto por acciones que a mediados de noviembre estaban valuadas en US$4.036 millones y que podrían liquidarse de manera rápida en el mercado de capitales.

Este fondo de reserva con un patrimonio de afectación específica conocido como FGS llegó a acumular el equivalente a US$76.000 millones en noviembre pasado, administrado por la Anses todavía a cargo de Fernanda Raverta, y sus autoridades afirmaron que ese monto creció el 117% en los últimos cuatro años.

Desde su creación, la evolución de la valorización del FGS creció año tras año en términos nominales y su capitalización opera por dos vías: la rentabilidad acumulada y los aportes de capital por parte del Tesoro.

Esa óptima performance se logró por la gestión de las inversiones, que permitió obtener rendimientos superiores a los esperados y por el incremento del financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, que contribuyó a generar empleo y crecimiento.

La Ley 27574, aprobada el 30 de octubre de 2020, marcó un hito significativo en su gestión, ya que su principal objetivo fue reorientar las inversiones para fortalecer a la economía real y cuidar los fondos de la seguridad social. 

Una de las transformaciones que introdujo para lograr una mayor previsibilidad fue el traspaso al Tesoro de la responsabilidad financiera de los haberes de quienes habían optado por la Ley de Reparación Histórica (Ley 27260).

Antes del cambio de autoridades, la Anses destacó que en los últimos cuatro años, el FGS destinó el equivalente a más de US$10.000 millones en proyectos productivos y de infraestructura, lo que posibilitó la creación de más de 100.000 puestos de trabajo. 

De punta a punta, esta participación de proyectos en el total del patrimonio del fondo pasó de 3,8% a 4,8%. Los principales destinos de la financiación con afectación específica fueron el plan de desarrollos urbanísticos Procrear y los planes de viviendas en las provincias de Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan.

También la finalización de la central de energía nuclear Atucha II, las energéticas Brigadier López (Santa Fe) y Barragán (Ensenada) de Enarsa, y las termoeléctricas Manuel Belgrano (Campana), Timbúes (Santa Fe) y Pilar (Córdoba). 

Además el Plan Sisvial, el Plan Maestro de Recursos Hídricos y el Federal de Control de Inundaciones, plantas potabilizadoras de AYSA y el soterramiento de la línea del ferrocarril Sarmiento.

La normativa indica que la valuación del fondo soberano debe realizarse al tipo de cambio oficial mayorista, por lo que tras el alza del dólar de diciembre del 118% ese monto debería actualizarse con el nuevo valor, que por la devaluación del peso debería ser bastante inferior.

En cualquier caso, a fines de noviembre del año pasado la parte correspondiente a tenencias accionarias ascendió al equivalente de US$13.100 millones, lo que implica un aumento del 254% a lo largo de la gestión saliente, según datos de la Anses.

El FGS tiene participación en 41 empresas privadas argentinas, aunque dejó de informar cuánto representan esas tenencias de acciones dentro del capital social de cada empresa. Las principales tenencias son las de Macro (27,49% del total), Edenor (26,81%), Gas Natural Ban (26,63%); Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), San Miguel (26,06%), Ternium (26,03%) y Consultatio (24,88%).

También tiene acciones de otras firmas líderes, como Pampa Energía, Telecom, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, YPF, Cablevisión Holding, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, Mirgor, Grupo Financiero Galicia, Grupo Clarín y Ledesma, por citar las más representativas.

Tras la estatización del sistema previsional, en julio de 2007 el Presidente Néstor Kirchner creó el fondo anticíclico para compensar a los jubilados y pensionados ante crisis económicas y cuando por la Ley de Movilidad no se alcanzara a cubrir el aumento de los haberes con la recaudación, como para que los pasivos no pierdan el poder adquisitivo frente a la inflación. 

Sin embargo, durante el gobierno de Macri y también en el de mandato cumplido no se utilizó para eso y, en cambio, se recurrió a ajustes mediante bonos compensatorios. El último refuerzo de ingresos se pagó en diciembre y el de enero, que a fin de año estaba en duda, finalmente fue aprobado por el mismo monto para la liquidación de este mes. 

No se sabe que hará el Gobierno nacional y la Anses de ahora en adelante, pero sí expresó el nuevo mandatario su intención de abandonar el sistema de reparto y volver al ya probado en los 90 esquema de AFJP administrado por privados. Pero antes de arrancar con ese objetivo, la enorme caja del FGS está en la mira.

Lo cierto es que el principal objetivo desde la creación del FGS no fue cumplido y que, en un cambio de roles, en lugar de apuntalar los haberes de sus beneficiarios se transformó en un prestamista de empresas para fines productivos, e incluso de los propios jubilados y pensionados  a través de los Créditos Anses.

Ahora a través del DNU y en un artículo de la Ley Ómnibus se anunció que la Seguridad Social dejará de otorgar estos préstamos a trabajadores activos en relación de dependencia y pasivos, que estaban habilitados desde 2012 como una de las pocas fuentes crediticias del mercado con cuotas, plazos e intereses preferenciales. Se accedía a montos de hasta $1.000.000 con una tasa fija del 50%, cancelables en 24, 36 y 48 cuotas, cada una sin exceder el 30% de los ingresos mensuales. 

En esa ensalada contradictoria entre objetivos manifiestos y funciones reales, en los últimos años gran parte del sistema bancario argentino dejó a un lado su función de tomador de fondos para otorgar créditos a particulares y empresas, y pasó a ser el gran financiador del Estado a través de las Lebacs, Leliqs y pases pasivos. 

Las altísimas tasas de interés que otorgaba el BCRA para tentar a los bancos en las periódicas licitaciones de esos y otros instrumentos públicos, lograron absorber gran parte del exceso de circulante, como una forma de esterilizar la plaza de pesos y mantener el tipo de cambio contenido, pero no dejó resto para la innegable necesidad de créditos para los sectores productivos, industriales y comerciales.

Más allá de la Anses, así el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y otros organismos comenzaron a multiplicar las líneas de créditos, con subsidios de tasas a través de bancos públicos, algo que por el trastocamiento antes explicado, y la escalada inflacionaria sin control, no fue implementado en forma directa por las entidades bancarias públicas y privadas.

Acostumbrados al riesgo argentino, con una extraordinaria ganancia casi inmediata y la seguridad de que esa acreencia acumulada les reportaría un enorme negocio en un futuro no muy lejano, ganara quien ganara las elecciones, los bancos y los fondos comunes de inversión se transformaron en formadores del mercado y socios del Estado.

No se sabe qué hubiera pasado si resultaba ganador el candidato de Unión por la Patria, pero apenas asumió Javier Milei empezó a desarmar esa enorme bola de nieve de pasivos remunerados del BCRA, que como déficit cuasi fiscal era su gran prioridad, antes de que surgiera con mayor relevancia el gasto público y le entregara Economía y la presidencia de la autoridad monetaria a dos socios de una consultora y exfuncionarios de la administración Macri.