MYRYAN PRUNOTTO
Luego del problemático Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado el miércoles de la semana pasada por el presidente de la Nación, Javier Milei, que ocasionó cacerolazos espontáneos y protestas; el foco de atención se trasladó rápidamente a la denominada ‘Ley Ómnibus’ enviada por el Gobierno al Congreso.
El proyecto solicita declarar la emergencia pública por el plazo de dos años en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. A raíz de ello, prevé delegar al Poder Ejecutivo facultades propias del Legislativo, para tomar decisiones en ese amplio espectro sin pasar por el Congreso.
Inmediatamente, el raid de escándalos de opinión pública de la administración Milei, que en menos de 20 días pasó de una devaluación brutal al protocolo antipiquetes y luego al DNU que deroga de un plumazo más de 300 leyes, ahora se trasladó a la bautizada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
Entre las 183 páginas de la iniciativa firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo, los activistas observaron severos retrocesos en materia de legislación que protege el medio ambiente.
En este sentido se manifestó el reconocido abogado Enrique Viale, integrante del Colectivo por la Justicia Ecosocial ‘Abogadxs Ambientalistas’, quien consideró el contenido del proyecto un “gravísimo ataque a la Ley de Bosques y Glaciares”.
Al respecto, sostuvo que se trata de “un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental de Argentina al liquidar las dos leyes que más esfuerzo ciudadano costaron”.
Viale precisó, respecto a la Ley de Bosques que a través de una “confusa técnica legislativa” el Gobierno busca “autorizar los desmontes en las áreas de protección I y II (roja y amarilla)”, lo cual “actualmente está expresamente prohibido”, y advirtió: “Todos los bosques argentinos podrán ser desmontados”.
Por otro lado, en torno a los cambios previstos en la Ley de Glaciares, explicó que “se permite la actividad minera en ambiente periglaciar (actualmente expresamente prohibida)”, denunció: “Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de las grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con esta modificación, lo podrán hacer sin limitaciones”.
Sobre el final del comunicado, expresó: “Señores y señoras, no podemos permitirlo. A luchar, en las calles, en Tribunales y en el Congreso. Todos juntos y juntas”.
Modificaciones al Código Penal
El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que sin "crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses”.
“Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
“Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”, dice el articulado.
El Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos.
— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 27, 2023
Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al… pic.twitter.com/5yYSBYA751
Cambios electorales
Además la iniciativa contiene un capitulo electoral donde se deroga las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.
Jubilaciones
Sobre el tema jubilatorio suspende el artículo 32 de la ley 24.241 que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a "establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega el texto del proyecto.
Privatizaciones
Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.
En ese sentido señala que se “faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.
