Por Patricio Ballesteros Ledesma

Hace una año el anterior Gobierno nacional enfrentaba el último cuarto de su gestión con un debe más abultado que el haber y, en términos políticos, un anticipo de que la campaña electoral iba a ser difícil sobre todo por los principales números de la economía del país.

Es cierto que la macro y la micro fueron afectadas por factores exógenos, como la pandemia, la guerra de Rusia en Ucrania, la sequía regional y, como olvidarlo, el condicionante permanente de la deuda externa con el FMI. El año electoral sumó ruido e incertidumbre en un escenario crítico.

Sin embargo, más allá de algunas medidas acertadas en contextos imprevistos o previsibles, y varias políticas públicas para compensar las fuertes asimetrías, la llamada guerra contra la inflación no prosperó. Pero no sólo perdió el oficialismo, también perdió el país.

Punta a punta; y pese a los planes sociales, los aumentos del salario mínimo, vital y móvil, de las asignaciones, de las jubilaciones y pensiones, los acuerdos de precios, entre otras estrategias, los índices horadaron a velocidad creciente los bolsillos de los consumidores, que además siguieron perdiendo participación en el reparto entre el capital y el trabajo.

En la evolución, de una torta más chica la inequidad se acentuó. La promesa de que se iban a recuperar los puntos de distribución de la riqueza nacional entre trabajadores y empresas durante el gobierno de Macri no sólo no se cumplió sino que se incrementó la brecha. 

Además, se produjo una importante concentración de esa riqueza a nivel empresario, con pocos que ganaron mucho y miles que sólo lograron subsistir, como las mipymes y los emprendedores. A nivel social también se replicó este esquema, con la punta de la pirámide más angosta, una clase media en reducción y una línea de pobreza que se corrió hacia arriba.

Tras el cimbronazo que significó la pandemia, y hay que decirlo, gracias a la contención del Estado, se sostuvieron empresas y trabajadores con fuertes aportes económicos, exenciones impositivas y ayudas financieras. Ese punto a favor no debería ser magnificado, minimizado ni ignorado: fue muy positivo en perspectiva.

En pos de conservar el nivel de la actividad productiva y comercial, los puestos de trabajo y los ingresos de la población más desprotegida, se decidió una fuerte expansión del gasto, que generó un aumento del déficit fiscal para mantener un “superávit” socioeconómico. Luego fue criticado, pero todos lo aprovecharon.

Y en un principio se logró, con un importante crecimiento del PBI en los dos años siguientes, que con el devenir y los fuertes desajustes macroeconómicos se fue desdibujando. Desde el Gobierno nacional se remarcó la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo durante su gestión, una cantidad que parece mucho pero es relativa.

Una gran parte de esos empleos no son de empleados formales asalariados privados sino de trabajadores informales y monotributistas, que no gozan de los derechos laborales tradicionales ni tienen una relación de dependencia con sus empleadores. Esa es la condición de casi la mitad de los más de 20 millones de puestos de trabajo disponibles.

En un país con casi 12 millones de trabajadores asalariados privados activos, que casi la mitad no estén registrados o cobren sus ingresos en negro, hablar de ocupados es más sincero que hablar de empleados, como hablar de ingresos es más correcto que de salarios. 

También hay híbridos, que perciben parte en blanco y parte en negro, incluso muchos en el sector público, que tiene alrededor de 4 millones de empleados. Y los cuentapropistas y monotributistas sumaron unos 5 millones de personas más. 

Muchos se preguntaban por qué si aumentaba el empleo no bajaba la desocupación, o por qué si alguien deja de buscar trabajo no se computa como desocupado: trabajo, empleo y ocupación no son lo mismo, como tampoco lo son ingreso, salario y subsidio. 

Y pese a los grandes esfuerzos desde el Estado, la solidaridad comunitaria y las organizaciones sociales para sostener a los sectores más complicados en este período, la pobreza lejos de bajar subió y al final del año pegó un salto cuyo alcance se irá viendo en 2024.

En el primer semestre de 2023, según el INDEC alcanzó al 40,1% y la indigencia al 9,3% de la población, pero al mirar el último sondeo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA esos índices marcan en diciembre el 44,7% y 9,6%, en cada caso.

La estructural tuvo mejoras en cuanto a la accesibilidad a servicios, tarifas, vivienda, salud y educación, pero la caída de más ciudadanos en la línea de pobreza e indigencia por su nivel de ingresos marcó un aumento en los índices, en donde las necesidades básicas insatisfechas abarcan a cientos de miles más.

Según el relevamiento de la universidad, los efectos de la inflación sumados al estancamiento de la economía y la situación de empleo informal hacen que los niveles de pobreza hayan aumentado. Y todos los indicadores muestran que esa suba de cantidad de pobres o nuevos pobres seguirá en aumento el año entrante.

En balance del año pasado se cerró con 94,8% de inflación, 40% de pobreza y 5% de crecimiento de la economía. El 2023 se termina con un acumulado a noviembre de 148,2% en el índice general de precios al consumidor (podría superar el 180% anual, según el REM del BCRA), 43,5% de pobreza y por lo menos 2% de caída del PBI. 

El Presidente Javier Milei dijo que va a haber estanflación, que los próximos meses serán muy duros, y para que no queden dudas al asumir fijó un aumento del dólar oficial del 118%, lo contrario del tipo de cambio flotante que había pregonado en su idea de evolución hacia la dolarización y cierre del Banco Central.

Ese día, la mayoría de la población que se maneja en pesos perdió casi el 55% de su poder adquisitivo: la devaluación de un saque más grande en décadas. Miles de personas y familias de clase media estándar, sin ajustes paliativos en sus ingresos, descendieron en la escala de consumidores. Otro diciembre negro: los mercados agradecidos y los supermercados también.

A un mes de asumir, el nuevo Gobierno nacional plantea un cambio de rumbo liberal/libertario para recuperar la grandeza del país de un siglo atrás, algo que además de anacrónico no se condice con las primeras medidas propuestas ni con el sesgo autoritario de varias, que sólo podrían implementarse desde esa visión y con mengua de libertades. 

Algunas de las estrategias expuestas en campaña, las anunciadas por el ministro de Economía tras asumir, las que ahora se intenta imponer con un mega DNU y a través de la Ley Ómnibus recuerdan a épocas recientes y no tanto, en las que como fuegos de artificio deslumbraron a unos cuantos al lanzarse, pero al poco tiempo sólo dejaron una nube gris con olor a pólvora.